Alberto Fernández conoce el Derecho Penal desde sus días como estudiante de la Facultad de Abogacía (UBA), cuando la dictadura militar aún definía sobre la vida y la muerte en la Argentina. Era de los pocos que tenía los cinco tomos de Sebastián Soler -como Vilma Ibarra- y se refugiaba en el bar Las Artes para estudiar con sus compañeros del peronismo universitario.
El Presidente asume que Cristina Fernández de Kirchner será condenada por corrupción en la Causa de Vialidad, y guarda silenzio stampa cuando se le pregunta sobre las evidencias presentadas por el fiscal federal Diego Luciani. Alberto Fernández prefiere callar, pero sabe que la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 caerá como un rayo sobre la frágil estabilidad del Gobierno.
Al margen de su profundo conocimiento del Derecho Penal, el jefe de Estado se pondrá al lado de Cristina. Cree que su legado político es terminar su mandato, y hará todos los gestos a su alcance para cumplir con esa premisa institucional.
“Se inmola para llegar”, comentó un miembro del Gabinete que aún dialoga con el Presidente.
La decisión política de acompañar a CFK cuando se conozca el fallo, no alcanza para los sectores más duros de La Cámpora, el Instituto Patria y Las Madres de Plaza de Mayo. Esos sectores pretenden ocupar los espacios públicos y exigirán una participación activa del jefe de Estado y su gabinete nacional.
Alberto Fernández no comparte esta táctica política a favor de Cristina y aún no sabe como desmantelará una protesta pública que puede desembocar en una hecatombe. El cálculo presidencial es fácil de describir: la sociedad está fracturada y una reacción en las calles -apoyando o repudiando a la Vicepresidente- sería imposible de controlar.
“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo. Nosotros somos la justicia”, dijo Hebe de Bonafini el jueves pasado en la Plaza de Mayo.
Alberto Fernández y la Vicepresidente no hablan entre sí. Sergio Massa actúa como backchannel y trata de contemporizar las opiniones divergentes del jefe de Estado y CFK. Massa también se recibió de abogado y ya decidió no opinar en público respecto a las pruebas colectadas por el fiscal Luciani en la Causa Vialidad.
El ministro de Economía aguarda que las movilizaciones a favor y en contra de CFK no compliquen -aun más- la situación en los mercados y la posibilidad de obtener mayores inversiones en alimentos, infraestructura y energía. El 6 de septiembre embarca hacia Washington y Houston para cumplir con ese objetivo clave de su programa de estabilidad.
Massa asume que la credibilidad del país sufrirá un nuevo remezón cuando la Vicepresidente sea condenada por corrupción estatal, y en su círculo de confianza se reconoce que poco se puede hacer ante esa coyuntura penal. Será difícil para el titular del Palacio de Hacienda negociar inversiones en Estados Unidos con CFK sentenciada por el delito de administración fraudulenta.
El ministro enfrenta una pinza política y económica ante el probable fallo contra Cristina. Y en el mismo sentido que Alberto Fernández no tendría mucho margen para evitar una declaración de respaldo a la Vicepresidente y considera un grave error que los sectores más duros del kirchnerismo ocupen la calle para condenar a la Justicia federal.
Sin descartar una hipótesis electoral que causará un fuerte debate en el Frente de Todos: aún no está definido cuántos dirigentes peronistas aceptarán compartir una boleta en 2023 con una candidata que -eventualmente- será condenada por corrupción pública.
CFK no descarta una rebelión interna, pero es la figura del Frente de Todos con más intención de votos: triplica a Alberto Fernández y duplica a Massa, acorde a las encuestas reservadísimas que se manejan en Balcarce 50.
La Vicepresidente jugará a imponer las reglas de juego, aprovechará el eventual fallo condenatorio para fortalecer su papel como víctima del establishment -”La historia me absolverá”, en términos de Fidel Castro-, y reclamará un lugar en las listas para preservar su libertad -por los fueros- y proteger sus espacios de poder.
Cuando ella mueva, Alberto Fernández y Massa también jugarán.
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