Pocas horas después de que un grupo de intendentes de todo el país manifestaran su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco del juicio en su contra por la causa Vialidad, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos hizo lo propio con un comunicado en el que consideraron una vez más que se trata de de una “persecución política y judicial contra ella”.
A través del texto difundido en las redes sociales, el oficialismo en la Cámara baja ratificó “su solidaridad” con la ex jefa de estado, investigada por presuntos hechos de corrupción, y repudió “toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales”.
“El recurso no es nuevo. Desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra, que luego encuentran su caja de amplificación en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones y a los sectores del Poder Judicial absolutamente alineados con los intereses de los poderosos”, consideró el espacio.
Anticipándose al alegato final del fiscal Diego Luciani, que este lunes solicitará una condena de prisión contra ella y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, para la bancada del Frente de Todos, “en las próximas horas” se registrarán “nuevos episodios de una larga historia de persecución”.
“Se modifican los nombres de jueces, fiscales y cambian los impulsores de las falsas denuncias, pero los medios que se hacen eco y reproducen esas falsas denuncias son siempre los mismos. Ahí están, siendo funcionales a un objetivo que tampoco se modifica: condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia Argentina”, opinó el bloque.
Sobre el final del mensaje, los diputados oficialistas aseguraron que “no habrá acción en su contra que la aleje del amor genuinamente ganado en el corazón de millones de argentinos y argentinas”, porque, según argumentaron, “amplió los derechos de los sectores populares y eso es irreversible en la memoria del pueblo”.
El pasado viernes, los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron que a su criterio está probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez recibiera obra pública para Santa Cruz durante 12 años, que en gran parte no terminó, pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.
El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”.
Horas antes de que comience la última audiencia de alegatos del juicio por esta causa, en la que se prevé que la Fiscalía pida esa condena contra la vicepresidenta, varios dirigentes del oficialismo salieron a respaldarla: primero fueron los intendentes.
Para los jefes comunales, esta investigación “constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente” a la ex mandataria nacional.
En este mismo sentido también se expresó recientemente el bloque del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense, que emitió su propio comunicado en el que, de igual forma, calificó de “persecución judicial” la causa Vialidad y señaló que la misma fue “iniciada en línea con el calendario electoral en mayo de 2019″.
Para los senadores y diputados provinciales del oficialismo, se trata de “un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante de forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015″.
“Las acciones del Poder Judicial, devenido en partido político defensor del macrismo y persecutor de toda fuerza política y dirigente que se le oponga, constituyen una grave violación a los derechos humanos. En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: anularla políticamente”, remarcaron los legisladores, en sintonía con los intendentes y diputados nacionales.
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