Lorenzetti: “Argentina tiene un gran prestigio internacional en materia de derechos humanos gracias a esta labor de jueces y juezas”

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y destacados magistrados participaron de una nueva edición del ciclo de conferencias “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos”, transmitida en vivo por Infobae. En esta ocasión abordaron el trabajo del Poder Judicial en torno a los juicios por crímenes de lesa humanidad, desde el emblemático Juicio a las Juntas, la anulación por la Corte de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las megacausas ESMA, Primer Cuerpo de Ejercito Operativo Independencia (en Tucumán).

El primer orador fue Andrés Basso, juez del Tribunal Oral Federal N°3 de la Capital Federal. En su exposición titulada “El rol de la justicia argentina en los procesos de lesa humanidad. Contextos históricos”, Basso analizó el juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia argentina y el rol que tuvo el Poder Judicial en cada contexto histórico. Al respecto señaló tres etapas fundamentales en la justicia argentina. La primera con el regreso a la democracia, con una clara determinación para que se investigue y se sancione a los hechos cometidos durante la última dictadura militar; “tuvo un período de juzgamiento breve por la influencia de sectores con poder residual enorme” y se cerró con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Un segundo período estuvo signado por estas leyes en tanto obstáculo normativo para la continuación de los juicios. “Mientras se daba este retroceso - sostuvo Basso - a nivel regional se produjo un movimiento que generó fallos en la materia y finalmente se generó un ámbito que le permitió a la Justicia poder dar una respuesta: los juicios por la verdad”.

La tercera y actual etapa, según el juez, se lleva a cabo desde hace más de una década. “La Corte lideró esta nueva etapa, género este escenario que hoy tenemos”, sostuvo en ese sentido. En este contexto, “el Congreso de la Nación había anulado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y se dio una confluencia entre los tres poderes de Estado que permitió en la práctica la reanudación y el avance de todos los expedientes que se encontraban paralizados”. Finalmente, Basso afirmó que “el Poder Judicial estuvo a la altura, porque con gran compromiso y vocación democrática pudo cumplir con su función de llevar adelante estos procesos. En una justicia tan vapuleada quiero destacar que el proceso coherente y profesional que ha realizado el Poder Judicial es tomado como ejemplo por toda la comunidad jurídica internacional”, enfatizó en ese sentido.

Respecto de la disertación de Basso, Ricardo Lorenzetti agregó que para consolidar un fuerte diseño institucional que permita el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad fue también muy significativo el rol de jueces y juezas en la materia. “Argentina tiene un gran prestigio internacional en materia de derechos humanos gracias a esta labor de jueces y juezas”, aseguró el ministro de la Corte.

Seguidamente fue el turno de Fernando Poviña, juez titular del Juzgado Federal de Tucumán N° 2, quien expuso sobre “cuestiones relevantes en asuntos de lesa humanidad: las causas complejas, los aportes civiles, la búsqueda de las víctimas”. Poviña inició su disertación destacando que “nuestro país es pionero y modelo en el manejo y resolución de causas de lesa humanidad durante las dos últimas décadas, una vez clausurada la etapa de impunidad gracias a los fallos de nuestra Corte que removieron los obstáculos para lograr el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad acaecidos en la última dictadura militar”. Y agregó: “este recorrido de la Justicia argentina tiene puntos sobresalientes, como es el abordaje de los procesos complejos y de la estructura de poder, y la enorme cantidad de víctimas e imputados en reconstrucciones fácticas realmente difíciles y complejas desde el punto de vista probatorio y por el paso del tiempo”. Sin embargo, explicó Poviña, estas dificultades “no lograron frenar el avance procesal de las causas, así como el descubrimiento de los hechos investigados y la responsabilidad penal de sus perpetradores”. Asimismo sostuvo que “el derecho irrestricto de dar con los restos de las víctimas asumido ante sus deudos y la sociedad toda es otro hito que hace al compromiso y la dedicación de la Justicia argentina que debe ser resaltado”.

El juez también se refirió puntualmente a las causas sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Tucumán, provincia que fue centro del denominado Operativo Independencia que comenzó un año antes del golpe del 24 de marzo de 1976. “En total fueron denunciadas por el Ministerio Público Fiscal a la fecha alrededor de 1400 víctimas en Tucumán, contando causas individuales que no tramitaron dentro de ninguna megacausa”. Sin embargo, el juez también advirtió que “este éxito que se tuvo en investigar el aparato formal de poder no se replicó en la investigación de los colaboradores civiles que, teniendo poder político y económico, circundaban y algunas veces controlaban las autoridades de aquella época”.

El tercer orador fue Daniel Rafecas, juez titular del Juzgado Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal, y quien lleva adelante la causa Primer Cuerpo del Ejército. Su disertación puntualizó acerca de los logros y las cuentas pendientes en relación a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Rafecas destacó que “en términos comparados con otras experiencias de revisión del pasado reciente de violencia de Estado que encararon muchos países, la Argentina, en un proceso que sigue en curso y está lejos de terminar, está llevando adelante procesos que están adquiriendo unas características que lo alejan de procesos judiciales puramente simbólicos”. El caso argentino, aseguró el juez, se caracteriza por un respeto irrestricto de las garantías procesales y penales constitucionales que le asisten a todos los imputados. Asimismo destacó que “estos procesos judiciales de enjuiciamiento y castigo se insertan y lideran una política de Estado más vasta que abarca los ámbitos educativos, comunicacionales, culturales; y este entramado de estrategias y políticas que tienen el objetivo de proveer Memoria, Verdad y Justicia, y reparación, van consolidando un repudio generalizado en nuestra sociedad de la cultura autoritaria, del estado autoritario”.

Además, dijo que “en el caso argentino, que se caracterizó siempre por darle prioridad al valor justicia por sobre el valor verdad”, los jueces y fiscales no cuentan con herramientas de intercambio con las defensas para que los acusados provean información relevante “para, por ejemplo, establecer dónde se encuentran los restos humanos de miles de desaparecidos a cambio de algún beneficio procesal. Hay una decisión muy clara de toda la clase política y también de los organismos de derechos humanos de no entrar en esta suerte de transacción con los acusados”, aseguró el juez, que destacó su apoyo a esta postura.

Por otro lado, mencionó como cuentas pendientes “la impunidad en la cual todavía está inmerso el proceso judicial en donde se investiga la desaparición de Jorge Julio López”, y “el gran porcentaje de personas adultas, 45 años aproximadamente, que aún no han recuperado su verdadera identidad”.

Por último tomó la palabra Sergio Torres, juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. El magistrado, que llevó adelante la investigación en la causa ESMA, comenzó destacando que la justicia es el mecanismo que nuestra sociedad ha elegido para enfrentar lo que ocurrió en la dictadura militar. “Los juicios son importantes porque la democracia se basa en la ley, y ningún grupo debe estar por encima; además sirven como medios para descubrir la verdad y son necesarios para establecer el sentido de responsabilidad de los funcionarios; también son indispensables para construir la memoria y permitir su transmisión a las futuras generaciones para evitar su repetición; finalmente, los juicios permiten a través de sus procesos narrativos dar la palabra y visibilizar a las víctimas”, aseguró de esta forma. “¿Y por qué son tan importantes las víctimas en estos procesos de justicia? Porque las víctimas reclaman justicia desde 1977, públicamente. Las víctimas se han comprometido declarando y contando todo lo que han conocido sobre los hechos que habían ocurrido”, subrayó el juez.

Finalmente Torres sostuvo que “todo lo que se está haciendo en este momento en los tribunales argentinos va a ser en algún momento un testimonio judicial de memoria: los expedientes digitalizados, los libros, los informes, las investigaciones, los distintos proyectos educativos que se llevan adelante, todos estos encuentros que nosotros realizamos en definitiva construyen memoria, construyen la posibilidad de darle a las generaciones futuras un conocimiento de todo lo que ocurrió para que estos hechos no vuelvan a repetirse”.

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