Dos designaciones con el sello de Cristina Kirchner pusieron en alerta al sector mayoritario de CGT

Los dirigentes del sindicalismo tradicional reaccionaron con preocupación ante la designación del sindicalista ultra-K Walter Correa como nuevo ministro de Trabajo bonaerense. Si lo hubieran nombrado a nivel nacional en reemplazo de Claudio Moroni, como consignaban algunas versiones, habría confirmado que la batalla de Cristina Kirchner en contra de ellos ya había comenzado. Pero no fue así. ¿No fue así? Para muchos, fue el primer indicio concreto de la guerra que vendrá.

Según la alianza sindical que maneja la CGT (“Gordos”, independientes y barrionuevistas), la llegada de Correa al gabinete de Axel Kicillof es una noticia inquietante. Si hubiera ido en lugar de Moroni, el último mohicano del albertismo en el gabinete, directamente hubiera significado una declaración de guerra por parte de la Vicepresidenta. Pero el sindicalista K que ocupará la cartera laboral provincial es el líder del Sindicato de Curtidores que fue hasta diciembre fue un diputado alineado con Máximo Kirchner y que se convirtió en uno de los peores enemigos del gremialismo tradicional.

No parece casual que el mismo día de la marcha de la CGT se haya conocido la designación de Mara Ruiz Malec, la ministra de Trabajo del gobernador Axel Kicillof, en la AFIP para controlar la recaudación de las obras sociales, una vieja obsesión de Cristina Kirchner desde que fue Presidenta y nombró a Liliana Korenfeld en la Superintendencia de Servicios de Salud para administrar con mano firme (y discrecional) los multimillonarios fondos de las obras sociales.

El sector mayoritario de la CGT fue el que más había desafiado a la Vicepresidenta: se había negado a darle a la movilización del miércoles pasado un sesgo crítico de Alberto Fernández y, además, había vetado su propuesta de otorgar un aumento de suma fija para los trabajadores de menores ingresos.

Por eso en las filas K se celebró que un aliado sindical como Pablo Moyano se haya cortado solo para realizar su propio acto, desde un camión, con críticas contra el Presidente (se había acordado en la central obrera que no iba a haber escenario ni oradores). Y también por eso el sector mayoritario de la CGT interpretó que la designación de Ruiz Malec es una señal que confirmaba la aspiración kirchnerista de que el Estado se apropie de los fondos de las obras sociales, que va en el mismo sentido de la anunciada reforma del sistema de salud impulsada por Cristina Kirchner.

Las luces de alerta están encendidas en el tablero de la alianza dominante en la CGT, de todas formas, por el encumbramiento de Correa. “Hay una gerontocracia sindical que tiene que dar un paso al costado”, dijo el flamante funcionario bonaerense cuando fue desplazado Antonio Caló de la UOM. Frases como éstas hacen sospechar a muchos gremialistas que Cristina Kirchner puso en marcha el tan temido operativo para embestir contra ellos y reemplazarlos por militantes de La Cámpora.

Aunque hay alivio por la continuidad de Moroni, su aliado en el poder, los “Gordos”, los independientes y los barrionuevistas de la CGT creen que Cristina Kirchner busca copar los sindicatos para afianzar su proyecto porque es el único ámbito del peronismo que resiste su expansión.

La designación de Correa, por otra parte, fue considerada una provocación hacia los mismos empresarios con los que quiere restablecer lazos el ministro Sergio Massa para normalizar la economía. Se trata de un sindicalista que, como le confesó al sitio Infogremiales, considera “necesario que articulemos a todas las organizaciones libres del pueblo en un frente común para profundizar la liberación de nuestro pueblo” y que advirtió: “Tenemos que decir quiénes son los enemigos, como nos enseñó Néstor Kirchner cuando hablaba con nombre y apellido de las empresas que especulaban, sobrefacturaban, de las empresas de los medios masivos y monopólicos”.

El nuevo funcionario provincial integra la Corriente Federal de los Trabajadores, enrolada en el kirchnerismo y que integra Sergio Palazzo (bancarios) y Vanesa Siley (judiciales), entre otros, y que actúa en alianza con el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), de Pablo Moyano. Y es secretario gremial del PJ bonaerense, que lidera el hijo de Cristina Kirchner.

El sector mayoritario de la central obrera y la Vicepresidenta también se sacan chispas por otro tema. Cristina Kirchner quiere que el Gobierno anuncie un aumento de suma fija para los trabajadores de menores ingresos, pero la propuesta fue vetada por la alianza que maneja la CGT porque “achata las categorías salariales” y les quita poder de negociación en las paritarias. Por eso se consolida ahora la alternativa de alentar el pago de un bono de emergencia, en una o dos cuotas, que cada sindicato podrá negociar con los empresarios a cuenta de futuros aumentos.

En medio de la crisis económica, Cristina Kirchner procura dar una señal hacia los trabajadores (y, sobre todo, hacia el electorado bonaerense, la base de su poder), pero en la CGT empieza a germinar la resistencia: la alianza que maneja la central obrera está virando del albertismo al massismo por una lógica cuestión de pragmatismo. Alberto Fernández perdió más peso específico como Presidente, Cristina Kirchner mantiene una agenda propia y el ministro de Economía se perfila como el gestor eficiente de un gobierno poco eficiente. Aun así, Massa ya les anticipó a los dirigentes cegetistas que no será sencillo darles la ayuda millonaria que reclaman para superar el déficit financiero de las obras sociales, que a lo largo de 2022 crecerá hasta llegar a los 50.000 millones de pesos, sobre todo por el peso de las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y transporte.

La CGT ya estaba negociando con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y Juan Manuel Olmos, el actual vicejefe de Gabinete que antes era jefe de Asesores de la Presidencia, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual las obras sociales traspasarían al Estado el valor de las prestaciones por discapacidad, pero la decisión quedó frenada en los despachos oficiales. Los sindicalistas le echan la culpa al desconcertante estilo de Alberto Fernández.

Las palabras mágicas para la CGT llegaron en boca de Sergio Massa: “Yo tengo una idea distinta para ese tema”, les dijo a los dirigentes Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri cuando se reunieron secreto la semana pasada y los sindicalistas le recordaron la necesidad de que el Gobierno auxilie a las obras sociales para evitar el colapso financiero.

Todavía no saben en qué consiste esa “idea distinta” de la habló Massa, pero a la CGT le pareció una muestra de que algo está cambiando en el Gobierno. Por lo menos, ahora tienen una esperanza de que sus reclamos sean atendidos. No es lo mismo que les inspiró Cristina Kirchner con las designaciones de Correa en la cartera de Trabajo bonaerense y de Ruiz Malec en la AFIP.

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