Legisladores porteños de la oposición aseguraron en una conferencia de prensa que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se autoincriminó al suspender la concesión del servicio de acarreo de autos que estaba vigente en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta semana, el gobierno porteño tomo el control del sistema en medio de una fuerte polémica originada por una investigación realizada por el equipo de data de Infobae, liderado por la periodista Mariel Fitz Patrick. En una nota publicada el 17 de julio, este medio consignó que la administración capitalina le cobraba sólo $55 mil por mes a las empresas Dakota y BRD, que manejaban un negocio millonario. La publicación generó una fuerte reacción que obligó a Rodríguez Larreta a suspender los contratos vigentes hasta tanto se realice la nueva licitación.
El frente “antigrúas”, conformado por representantes de todos los bloques políticos opositores, brindó una conferencia de prensa en la que le solicitó a Larreta que realice una auditoría integral y se conforme una comisión de seguimiento del servicio para garantizar un proceso transparente. Además, le envió una nota formal al vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario.
“21 años de ilegalidad”
“Solicitamos que se instruya a la Auditoría General para que confeccione un informe exhaustivo sobre la gestión de las empresas Dakota SRL. y BRD S.A”, dice el escrito elevado a Ferrario, virtual segundo de Larreta en CABA tras la renuncia de Diego Santilli. La iniciativa lleva las firmas del Frente de Todos, Consenso Federal (CF), La Libertad Avanza (LLI) e incluso la Izquierda, quienes se habían unido tiempo atrás para forzar una sesión especial para abordar la cuestión.
“Hace 21 años que los contratos están vencidos y el gobierno de Larreta los prorrogaba de manera irregular a cambio de un irrisorio canon mensual de 55 mil pesos. Es imposible que semejante negocio irregular no cuente con la complicidad de autoridades del gobierno. Larreta se autoincriminó al desarmar el negocio de las grúas en 24 horas después de decir durante años que no se podía”, apuntó el legislador Matías Barroetaveña.
Juan Manuel Valdés, legislador por el Frente de Todos, aseguró: “Logramos torcer 21 años de ilegalidad y despojos a la ciudadanía a través de un contrato que estaba vencido e iba en detrimento de las arcas públicas y de los porteños a partir de multas y secuestro de vehículos a través de empresas que tenían sus propios papeles en desorden”.
En la nota presentada, solicitan que se conforme la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pendiente desde 2009 según lo establecido en los artículos 13°; 14° y 15° de la ley 3060. A través de ese espacio, se busca hacer un control adecuado y garantizar la transparencia en el servicio de acarreo de vehículos que a partir de esta semana realizará la empresa AUSA.
Además, los representantes opositores exigen que la Auditoría General de la Ciudad realice un informe exhaustivo sobre el trabajo que las empresas Dakota y BRD realizaron durante estos 21 años de concesión que tuvieron, incluyendo detalles de corte de servicio con inventario recibido por la Ciudad y estudio de costos.
Fuentes del FDT aseguraron en -estricto off the record- que otras concesiones del gobierno de Larreta están bajo la lupa de legisladores del espacio con varias investigaciones en marcha. Algunas de ellas son: mercado de los carruajes, el Golf de Buenos Aires y el nuevo sistema medido de estacionamiento de la Ciudad. Y no descartan que surjan más temas.
Ramiro Marra, presidente del bloque La Libertad Avanza, declaró que los legisladores de Juntos por el Cambio “no tienen ningún tipo de compromiso con una buena gestión, es una vergüenza que no se presenten a tratar este tema que pone en evidencia los fallos de su gestión”. “Actitudes como esta demuestran que no son tan distintos al kirchnerismo, y que las cuestiones que reclaman a nivel nacional, no pueden sostenerlas en su gestión en la ciudad”, añadió.
Por otro lado, el legislador de Consenso Federal, Eugenio Casielles, también puso énfasis en la ausencia de los demás diputados, con un fuerte mensaje contra la Coalición Cívica: “Hoy se podría haber dado un gesto de transparencia y cuidado al ciudadano, pero los chicos de Elisa Carrió decidieron no dar quórum. Dejaron a la gente de lado y prefirieron cuidar a los amigos del Estado, así no es”, publicó en su cuenta de Twitter.
Los números del acarreo
Detrás de la operatoria de la grúas - que levantan hasta 14 autos por hora a un costo de $6.525 cada uno - hubo un negocio privado que movió millones, pero que le dejaba migajas al gobierno porteño. Las distintas gestiones, desde Carlos Grosso hasta Horacio Rodríguez Larreta, no pudieron - o no quisieron - avanzar en dos décadas con una nueva licitación que invierta la ecuación económica en favor del Estado.
La concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires estaba en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. A cargo de los acarreos desde 1990, estas empresas le pagaban al gobierno porteño un canon mensual de sólo $55.000 cada una para operar el servicio, según reveló Infobae.
El monto estuvo congelado desde 2014 y, hasta principios de julio, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas ticketeadoras para el cobro del estacionamiento medido.
Toda la recaudación por levantar autos en infracción eran ingresos para BRD y Dakota, empresa que no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años. En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que elevó su facturación a $547 millones, según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo el año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millones de esos fondos, el 0,2 por ciento.
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