La oposición en la Legislatura porteña intentará este jueves ponerle fin al polémico negocio del acarreo de autos. Necesita del respaldo de la Coalición Cívica, con el que, a priori, la iniciativa ya cuenta.
La semana pasada todos los bloques opositores conformaron el “Frente Anti-Grúas” con el cual formalizaron su intención de detener la actual concesión del servicio de acarreo de autos mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires, ante las irregularidades detectadas a partir de un informe de la Auditoría General de CABA, y a solo un mes de que una investigación de Infobae revelara que “el Gobierno porteño sólo les cobra $55.000 por mes a las empresas que manejan el millonario negocio”.
Encolumnados en esta batalla se encuentran el Frente de Todos, el FIT, La Libertad Avanza y Consenso Federal. En total suman 28 legisladores de un total de 60 y se necesitan de 31 para garantizar el quórum y dar inicio al debate legislativo. Por ello, para que la sesión no caiga y se discuta el fin del negocio de las grúas, la oposición necesita el respaldo de la Coalición Cívica.
Días atrás, Elisa Carrió confirmó por Twitter que su espacio “va a votar la suspensión” del servicio. En diálogo con este medio, adelantó que estaba dispuesta a pedirles a sus diputados que rechacen la continuidad de ese “negocio oscuro”. Los legisladores porteños Facundo Del Gaiso y Hernán Reyes confirmaron que votarán en contra de que continúe un sistema que recauda millones por día y paga de canon apenas 55 mil pesos por mes, tiene la licitación vencida y prorrogada de manera opaca durante 20 años seguidos. Además anunciaron el envío de un proyecto de ley para “asegurar que no puedan prorrogar la licitación de acarreo después de 21 años de servicio irregular”.
La oposición necesita de al menos tres de los cuatro diputados de “Lilita” para asegurar el quórum.
Sin embargo, se mantiene el interrogante luego de que -forzado por la situación y en medio de la interna de Juntos por el Cambio- el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidiera por decreto suspender el contrato con las empresas BRD y Dakota, y anunciara que el servicio será prestado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad “a través de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) hasta tanto se inicie la prestación por parte de los prestadores que resulten adjudicatarios de la Licitación Pública”.
“Lo logramos. Por la presión del ´Frente Anti-Grúas´, terminó la concesión ilegal del acarreo, que operaban dos empresas de manera ilegal hace más de 20 años”, celebró en Twitter Juan Manuel Valdés, legislador del Frente de Todos. “Ahora que terminó el curro de las grúas se debe realizar una auditoria de corte de servicio, con el inventario y estudios de costo”, agregó confirmando la convocatoria a la sesión especial hoy a las 10 de la mañana.
En las puertas de la Legislatura porteña, el bloque kirchnerista presidido por Claudio Ferreño, dará una conferencia de prensa a las 10.30 fijando la posición del espacio frente al tema. “La medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad surge de la fuerte presión opositora y de la indignación de la ciudadanía generada por el irrisorio canon de $55 mil mensuales que abonaban las empresas Dakota y BDR, que operaban de manera irregular hace más de 20 años”, explicaron desde la bancada.
La investigación de Infobae
El pasado 17 de julio una investigación de este medio reveló la existencia del polémico negocio del acarreo de vehículos en infracción. Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli revelaron con detalle los orígenes y protagonistas de la licitación más opaca que tiene la ciudad de Buenos Aires
“La concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires está en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. A cargo de los acarreos desde 1990, estas empresas le pagan al gobierno porteño un canon mensual de sólo $55.000 cada una para operar el servicio, según le confirmaron a este medio fuentes oficiales”, reveló la nota.
“El monto está congelado desde 2014 y, hasta hace apenas dos semanas, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido”, precisaron.
En el informe se incluyó la declaración de Juan José Calandri, auditor general de la Ciudad e integrante de la Coalición Cívica, quien aseguró que las empresas “siempre pagaron un canon bajo, pero el actual es ridículo”. Y agregó: “No se actualiza desde el año 2014, pero la tasa de acarreo, en cambio, sí se incrementó en muchas oportunidades. En tan solo media hora de trabajo, las empresas logran recaudar el canon mensual”. En 2016, cuando un auto era removido por una grúa había que pagar $750; el número hoy es ocho veces más caro, con un costo de $6.525.
Según la investigación, “Dakota tiene como presidente y cara visible a Marcelo Violante, que se hizo cargo de la empresa que manejaba su tío, el empresario Reinaldo Niella. Violante además está relacionado a otras dos empresas que ganaron en los últimos tres años otras concesiones del Gobierno porteño”.
“BRD, en tanto, es presidida hoy por Bernardo Marcelo Pérez y tiene a Ricardo Chiantore como vicepresidente. Ambos tomaron la posta de sus padres, José Ricardo Chiantore y Bernardo Manuel Pérez, que conservan el cargo de directores, junto a Carlos Alberto Tomé”, indicaron los periodistas que realizaron la investigación.
Con información de Agencia Télam.
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