Intendentes y representantes de diferentes municipios del conurbano bonaerense se reunieron este viernes con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, para dar su respaldo al proceso de auditoría que iniciará el gobierno nacional al funcionamiento del programa Potenciar Trabajo, tal como lo adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa y también como lo había pedido hace dos meses Cristina Kirchner. El proceso inicia la semana que viene con la capacitación a encuestadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Durante el encuentro, algunos intendentes aseguraron desconocer cómo funciona el Potenciar Trabajo en sus distritos y cuántos beneficiarios hay.
“Este nuevo paso que estamos dando es parte de un camino que iniciamos hace un año. Abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino. Ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública”, dijo Zabaleta al iniciar el cónclave.
Según pudo reconstruir Infobae, el encuentro fue en buenos términos. “Juanchi -Zabaleta- es intendente y habla el mismo idioma que nosotros”, deslizó uno de los presentes tras la reunión. El ministro, que es jefe comunal en uso de licencia del municipio de Hurlingham, reunió a representantes de distritos oficialistas y opositores. La reunión duró aproximadamente una hora en la que el ministro dio algunas precisiones de cómo será la auditoría y les pidió colaboración logística a los municipios.
Había sido la Vicepresidenta quién -el último 20 de junio- alentó un proceso de auditoría al funcionamiento de los planes sociales. En ese entonces, Kirchner apuntó a los intermediarios de los programas sociales y dijo que el Estado “debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”.
“Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? El Estado debe recuperar ese rol y transparentar ante la opinión pública todo esto”, pidió ese mismo día. Los días siguientes, varios intendentes oficialistas del conurbano fueron tras los dichos de CFK y directamente pidieron el traspaso de los planes al control de la órbita municipal. La foto de aquel momento evidenció las tensiones dentro del Frente de Todos entre las organizaciones sociales ligadas al gobierno nacional y los intendentes. El trasfondo es la disputa territorial.
En la reunión de este viernes, los intendentes no hablaron de forma directa sobre el traspaso de planes, aunque sí dieron cuenta de otra situación: la falta de información certera sobre cuántos beneficiarios de Potenciar Trabajo hay en sus municipios. Según le contaron algunos de los presentes a este medio, uno de los que planteó esa situación fue el jefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi. El histórico intendente del distrito de la Tercera Sección electoral advirtió que por la información que manejan en el municipio hay un universo aproximado de 3.700 beneficiarios con domicilio en Berazategui, aunque la mayoría -dijo- no viven en el distrito. “Creemos que hay cosas para correr, no significa quitarle a todo el mundo los planes sino significa analizar quién los recibe, cómo los recibe y creemos que hay algunas injusticias que son las que hay que subsanar. Hay que analizarlo, estudiarlo. Desde los municipios entendemos que hay cosas que se pueden corregir, tranquilamente”, había marcado el propio Mussi antes de ingresar a la reunión. Además de lo planteado por Mussi, en otros municipios directamente dijeron desconocer cuántos beneficiarios tienen.
Por eso, desde el área que conduce Zabaleta advirtieron que la auditoría, que iniciarán en la segunda quincena de agosto la UBA y la UTN, “permitirá relevar información sobre las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo, para conocer su situación socio laboral y productiva; y certificar la realización de actividades bajo Programa en el marco del vínculo con las Unidades de Gestión gubernamentales y no gubernamentales”.
“Nos parece bien las medidas que tiendan a transparentar el funcionamiento de los planes sociales, pero estamos lejísimos de solucionar el desquicio que las organizaciones sociales tienen sobre ellos”, le dijo a Infobae el jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz que estuvo presente en el encuentro representando al intendente Néstor Grindetti, que este viernes se mostró durante una recorrida por Mar del Plata con la ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde para volver a pedir el control de los planes a los jefes comunales. “Los movimientos sociales deben respetar a los intendentes”, desafió la ex primera dama.
“Vamos a estar a disposición de la auditoría que es esperada por quienes tienen responsabilidades institucionales pero principalmente por toda la sociedad. Queremos desde la articulación de todo el Estado nacional, provincial y municipal capacitar en oficios y vincular a los titulares de los programas sociales con las oficinas de empleo locales para que se incorporen al entramado productivo formal o que generen sus propias unidades productivas”, deslizaron desde el entorno de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tras la reunión con sus pares.
La avanzada por la auditoría se da en el marco de una disputa interna entre movimientos sociales cercanos al Gobierno y de Izquierda contra las medidas anunciadas en las últimas semanas. La auditoría fue uno de los primeros anuncios de Massa al llegar, empoderado políticamente, a la cartera de Economía. “Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan”, había advertido. El objetivo final es la conversión de planes en trabajo formal. Massa dio algunas pistas tras su jura: “En el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo vamos a habilitar un mecanismo por el cuál aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, mantiene durante un año ese ingreso como base, el empleador paga la diferencia de ese salario de convenio más la ART y la Obras Social”.
Sin embargo, tanto los movimientos piqueteros de Izquierda y las organizaciones sociales más cercanas al Gobierno ya levantaron la guardia. A las marchas encabezadas por el Frente de Unidad Piquetera con el Polo Obrero al frente, en las últimas semanas se le sumó el malestar de los movimientos sociales de corte más peronista. Una muestra de ello fue la marcha por San Cayetano, donde los movimientos sociales más afines a la Casa Rosada hicieron una demostración de fuerza con un contundente acto que tuvo su epicentro en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Allí, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Esteban “Gringo” Castro, advirtió: “Se pusieron de acuerdo y ahora tenemos nuevo ministro de Economía. Que nos vengan a auditar de las universidades, van a terminar militando con nosotros”. En el medio, presionaron a Alberto Fernández para que cree un ministerio de Economía Popular.
Durante la reunión de este viernes, Zabaleta estuvo acompañado por el viceministro Gustavo Aguilera y el titular de Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusion Socio-Productiva Potenciar Trabajo, Pablo Pais; la secretaria de Abordaje Integral, Micaela Ferraro, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Alejandro Gramajo; y el subsecretario de Política de Integración y Formación, Daniel Menéndez .
Participaron las y los intendentes Carlos Ramil (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Julio Zamora (Tigre), Federico Achaval (Pilar), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Gastón Granados (Ezeiza), Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Andreotti (San Fernando) y Nicolás Mantegaza (San Vicente).
Además, estuvieron Mariana Balbi, secretaria de Desarrollo Social Comunitaria de General Rodríguez; Carlos Cittadini, secretario de Economía Social y Popular de Merlo; Daniel Matos, director de Entidades Intermedias del Municipio de San Isidro; Diego Kravetz, Jefe de Gabinete de Lanús; Nicolás Fusca, secretario de Desarrollo Social de La Matanza; Domingo Antonio Córdoba, secretario de Economía de Presidente Perón y Emiliano Valentino, secretario de Desarrollo Social de Esteban Echeverría.
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