El juez federal Federico Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión iraní-venezolano, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. En la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el magistrado autorizó “una evaluación inicial, la cual incluirá la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la subscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del USMS (Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos) y la empresa contratada al efecto”.
Villena también ordenó el registro del avión para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado. Para eso autorizó al Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (CEAC), Comisionado Mayor Maximiliano Lencina, “con expresa colaboración y participación del agregado legal del FBI en la Argentina”.
“Se deberá proceder a la extracción de vistas fotográficas de los elementos encontrados, de los lugares donde fueron hallados y de los lugares requisados, realizándose un croquis de estos últimos que ilustre sus dependencias internas y su ubicación externa. Los elementos incautados deberán ser inventariados y reservados en cajas o sobres, que se cerraran y se firmaran en presencia de testigos, las que tendrán que ser entregadas, juntamente con las actuaciones que se labren en consecuencia, a esta sede judicial”, dice la resolución a la que tuvo acceso este medio.
Por último, el personal que realice el procedimiento deberá colocar en el avión una copia de la orden de secuestro. A partir de ese momento, la aeronave quedará a disposición del juzgado federal de Lomas de Zamora y del Tribunal Federal del Distrito de Columbia en la causa identificada como CRM182 84488.
El requerimiento de la justicia de Estados Unidos -que fue girado a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio de Justicia argentino- tramita en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.
Ese tratado le otorga a los jueces argentinos solo facultades formales.
Más temprano, la fiscal Cecilia Incardona había avalado el pedido argumentando que es “formalmente procedente” y que el juez Villena es competente para resolver. No trascendieron más detalles del dictamen porque el tratado con Estados Unidos exige confidencialidad.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde el 2008 el Departamento de Comercio renueva todos los años una prohibición sobre Mahan Air para involucrarse en cualquier tipo de transacción que esté relacionada con commodities exportados desde Estados Unidos. Por eso, la aerolínea iraní habría violado esa prohibición cuando le entregó el avión a Emtrasur sin la autorización del gobierno que conduce Joe Biden. La situación se habría agravado cuando entre febrero y mayo de 2022 Emtrasur permitió que la nave volara desde Caracas a Teherán y Moscú.
“El Departamento de Justicia no tolerará transacciones que violen nuestras sanciones y leyes de exportación”, dijo el Secretario de Justicia de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, Matthew G. Olsen apenas trascendió el pedido de la justicia de ese país. Y agregó: “Trabajando con nuestros socios en todo el mundo no daremos cuartel a los gobiernos y entidades patrocinadas por el estado que buscan evadir nuestras sanciones y regímenes de control de exportaciones al servicio de sus actividades malignas”.
Ahora es el turno del juez Villena, aunque la redacción de ley 24.34 no le otorga mucho margen para oponerse. “El avión podría quedar secuestrado para la Justicia argentina y para la justicia de Estados Unidos”, admitió una fuente judicial. Ocurre que el mismo juez debe definir si mantiene una medida cautelar ordenada al comienzo de la causa judicial que tramita en su juzgado.
lncardona recibió duros cuestionamientos en las últimas horas del presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, por haber apelado el fallo que permitía la salida del país de 12 de los 19 tripulantes del avión. Ese funcionario venezolano la trató de “ladrona” y dijo que “el mismo día que firmó el adefesio ese (por la apelación) visitó la embajada de Estados Unidos” y la de Israel. Según pudo saber Infobae, esas visitas nunca ocurrieron.
Incardona apeló argumentando que todavía hay medidas de prueba pendientes que podrían cambiar la situación de los tripulantes. Ese dictamen, sin embargo, lleva la firma del fiscal Sergio Mola, el otro fiscal de Lomas de Zamora que está colaborando con Diego Luciani en el juicio de la obra pública, porque Incardona estaba de licencia.
“Cecilia Incardona recibe instrucciones directas de Estados Unidos. Eso es una podredumbre, es un sistema judicial arrodillado”, lanzó Rodríguez en el mismo acto.
Por esos dichos, la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo manifestó su preocupación ante el procurador general interino Eduardo Casal. Horas después, un funcionario de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, le mandó una carta a la Cancillería argentina para trasmitirle “la profunda preocupación institucional” por las declaraciones de Rodríguez.
La situación de los 19 tripulantes, en tanto, quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, que ahora debe evaluar las apelaciones de la fiscal Incardona y del abogado defensor de los tripulantes Hernán Carluccio. La definición podría demorar varias semanas.
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