Lo que empezó como una crítica y un pedido de actualización de fondos producto de la inflación de parte de los intendentes del PRO hacia el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires alcanzó su pico máximo de tensión este jueves. Fue cuando el gobierno bonaerense decidió responder haciendo públicos los montos de las inversiones que la administración de Axel Kicillof realizó en los distritos cuyos intendentes formaron parte de la avanzada por más fondos.
El lunes pasado, los intendentes del PRO denunciaron una discriminación por parte del gobernador bonaerense en el reparto de fondos para obras públicas y seguridad, y le reclamó que coparticipe entre los municipios los aportes discrecionales que recibe del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, a través del Foro de Legisladores PRO bonaerense se presentó un proyecto de ley “para establecer que los fondos nacionales no coparticipables que ingresen a las arcas bonaerenses sean distribuidos a los municipios de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) para que puedan llegar a todos los bonaerenses por igual”. En el PRO aseguran que hay discriminación en el envío de fondos provinciales; que los municipios que son gobernados por el partido que a nivel bonaerense preside Jorge Macri reciben menos recursos que los conducidos por el peronismo o, incluso, las intendencias del radicalismo, con quién el ejecutivo provincial mantiene una relación totalmente diferente a la que tiene con el PRO, más reticente y tirante.
El reclamo del PRO no es nuevo. El mes pasado, una comitiva de intendentes se reunieron primero con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a los días con el gobernador para pedir una actualización y celeridad al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Se trata de una masa de recursos provinciales que se incluyen en cada Presupuesto general. Para 2022, el monto del FIM -definido en diciembre del 2021 y con una estimación inflacionaria del 30%- fue de 17 mil millones de pesos a distribuirse en los 135 municipios. Esa reunión con el mandatario se celebró el pasado 21 de julio y tuvo sus momentos de tensión, sobre todo cuando -según la versión de los jefes comunales- el gobernador hacía hincapié en lo que había sido la gestión de María Eugenia Vidal. Habían participado Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Pablo Petrecca (Junín). El gobierno provincial se comprometió a evaluar los pedidos del PRO y en el partido opositor advierten que tras varias semanas no hubo avance alguno.
Desde hace días, el tema viene subiendo de tono. Este martes el gobernador entregó camionetas para el traslado de escuelas especiales en el municipio de Ensenada y cargó contra la gestión de Vidal y en un tiro por elevación le contestó al reclamo de los intendentes: “Lo digo con convicción: cuando eran gobierno a los intendentes opositores no les daban ni agua. No es que no le daban obras, no les daban absolutamente nada y además armaban causas con falsas denuncias para tratar de debilitarlos”.
Pero este jueves, la disputa pasó a las redes sociales, donde el jefe de Asesores y ex jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, desglosó la inversión de la Provincia con impacto directo en la vida de los municipios, cuyos intendentes levantaron la voz.
Bianco -quien mantuvo un alto perfil durante el proceso de la pandemia y luego en el recambio ministerial fue designado como jefe de asesores y su lugar de ministro coordinador ocupado por Martín Insaurralde- le había contestado al cierre de esta nota a Julio Garro (La Plata), Martín Yeza (Pinamar), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petrecca (Junín) y Francisco Ratto (San Antonio Areco).
“Es simple el tema del ajuste de la provincia sobre intendencias opositoras. Parte de la discusión para la aprobación del presupuesto provincial, fue continuar con el Fondo de Infraestructura Municipal que creó María Eugenia Vidal: todos los municipios, sin importar su color político reciben obras. Eso ocurrió en diciembre, estamos en agosto y aun no se firmaron los convenios. A Pinamar le correspondían por ejemplo 68 millones de pesos. Ese dinero en Diciembre valía una cosa y en Agosto cerca de un 40% menos. Eso discutimos”, cruzó el intendente de Pinamar, Martín Yeza. Bianco le contestó: “¿En serio ? No sé si recordás, pero tenés el Guinness de los récords en recibir asistencia financiera de la PBA durante 12 meses seguidos para poder pagar salarios, debido a la impericia de tu gestión. Hay que tener cara, eh…”. Antes había detallado que la Provincia invirtió en Pinamar durante la pandemia 174 millones de pesos de asistencia financiera extraordinaria.
Luego, el jefe de asesores y mano derecha del gobernador se cruzó en redes con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El jefe comunal detalló que “$80.000 millones de pesos son los fondos que llegaron del gobierno nacional a la provincia desde 2020″ y que dichos recursos “no se coparticiparon con los municipios”. A lo que Bianco le preguntó: “¿Y por qué extraña razón el Gobernador debería coparticipar con los municipios fondos que no son coparticipables?”. Como hizo con el resto de los municipios detalló que a Tres de Febrero, se le enviaron en pandemia $551 millones de pesos para el pago de salarios y gastos extra; entre otros conceptos.
Más allá del ida y vuelta en redes, diatribas o tiros por elevación, los cruces también se “facturan” en la Legislatura bonaerense. Es que la paridad numérica entre oficialismo y oposición sumado a los posicionamientos políticos prácticamente tienen paralizados tanto al Senado bonaerense como a la Cámara de Diputados. Si bien hay trabajo en las comisiones, la falta de acuerdo político impactan de lleno en las sesiones y las leyes que el Ejecutivo esperaba sacar a principio de año.
En ese menú -hoy trabado- aparecen leyes como la modificación al régimen jubilatorio para trabajadores del Banco Provincia o la conversión del Instituto Biológico Tomás Perón a sociedad del Estado como pretende el Ejecutivo. También algunos proyectos que busca impulsar la oposición como la implementación de Boleta Única o la Autonomía Municipal que pregona la Unión Cívica Radical. Además, claro, de los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia y la prestación de acuerdo para cargos judiciales que deben salir a través del Senado.
A modo de muestra del desencuentro casi irremontable aparece la declaración del diputado del PRO Fernando Rovello, quien dijo que “en lugar de ser gobernador, Kicillof parece un militante universitario, con la creencia que si no envía los fondos comprometidos y correspondientes a los municipios gobernador por Juntos perjudica a los políticos y no a los vecinos. Típico de niño rebelde y caprichoso”, cerró.
SEGUIR LEYENDO: