Alejandro Castell: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra un sistema sindical corrupto y perverso”

Alejandro Castell está contento. Cuando contesta el llamado de Infobae, dice que tuvo un lunes de mucho trabajo, pero confiesa que siente “algo de alivio”. Es que el dueño de la pyme Andar Transportadora se enteró hace pocos minutos de que el juez Fernando Caunedo elevó a juicio la causa contra 5 dirigentes del Sindicato de Camioneros (dos de los cuales integran la cúpula que encabeza Hugo Moyano), imputados por el delito de extorsión en grado de tentativa durante un bloqueo que sufrió su empresa en 2020

A Castell, que es propietario de una pyme familiar dedicada desde 2001 al transporte de cargas, con 6 camiones y 12 empleados, los gremialistas lo bloquearon porque se negó a pagar una deuda que, según la Justicia, nunca se pudo comprobar y que era “ilegítima”. Lo novedoso es que en los hechos quedaron involucrados Omar Pérez, el número 3 en la jerarquía de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, un hombre clave en la estructura de poder de Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio.

Por eso Florencia Arietto, la abogada de Castell, también destaca ante Infobae que está contenta y anticipa que pedirá que las audiencias de este juicio sean públicas, como en la causa que involucra a Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública. “Queremos que el pueblo trabajador sepa lo que se hace en su nombre porque será histórico: es la primera vez que están dos directivos muy importante de Camioneros y miembros de la patota. Necesitamos que la gente se entere cómo opera la mafia sindical”.

Castell, por su parte, manifiesta que se siente conforme por la elevación a juicio, aunque confiesa que tiene “tristeza y bronca de que sucedan estas cosas en nuestro país”. Y se muestra implacable contra los sindicalistas: “Se probó lo que denuncié y este caso sienta un precedente. Me dieron la razón porque lo elevaron a juicio y agravaron la calificación (de coacción a extorsión en grado de tentativa). Vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra un sistema sindical corrupto y perverso”, asegura.

“Tengo una empresa en crecimiento, pero les digo a mis hijos que se vayan del país -resalta el empresario-. Es que algunos días te levantás con ganas de mandar todo al diablo. Igual siento un poco de alivio después de haber ido contra la marea porque dije la verdad, como la voy a decir siempre. Es lo que les enseño a mis hijos y a los que están a mi alrededor”.

El dueño de Andar Transportadora dice que “uno está para trabajar, no para estas cosas” (en alusión a la batalla judicial contra el bloqueo) y reflexiona: “Lástima que no todos los empresarios denuncien los bloqueos. Algunos se quejan del país, pero están cómodos y prefieren seguir pagando lo que no corresponde y dejándose extorsionar por el sindicato”.

Los problemas de Castell comenzaron al año siguiente de haber creado Andar Transportadora, cuando el titular de la Seccional 9 de Julio del Sindicato de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó dinero en concepto de diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes y admitió que, para evitar un conflicto, entregó 10 cheques a la orden del gremio y de su mutual.

Sin embargo, en la medida en que la pyme empezó a crecer, los pedidos derivaron en aprietes gremiales: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que le sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.

Por ese motivo, Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal” y allí comenzaron las hostilidades: Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

Según el dueño de Andar Transportadora, Sánchez le envió al celular una foto de una carta documento, pero nunca se la mandó por correo, como corresponde legalmente. “Lo hicieron para asustarme. Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa”, relató Castell. Y la amenaza se cumplió: el 31 de julio de 2020, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas 10 personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.

Castell llegó a tiempo para encarar a los activistas sindicales, que insistían en que mantendrían el bloqueo hasta que pagara la deuda, y soportó insultos de todo tipo. “Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio”, le advirtieron. Uno de los matones de Camioneros incluso intentó pegarle. Finalmente, llegaron efectivos de la policía porteña, que, según se quejó el empresario, dejaron que se fueran sin ninguna dificultad luego de mantener el bloqueo durante cuatro horas.

Lo más significativo fue cuando, en pleno bloqueo, uno de los activistas de Camioneros le pasó un celular para que hablara con su “jefe”. Sorprendido, Castell escuchó a alguien que se presentó como Omar Dutrá, jefe de Logística del sindicato, y que le preguntó: “¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”. El empresario le dijo que no. Su interlocutor le propuso visitar el sindicato para hablar sobre el tema. La respuesta fue afirmativa y el dueño de Andar quedó en pasar por allí el 5 de agosto, pero antes buscó asesoramiento legal y así llegó hasta Arietto, una experta en litigar contra los bloqueos sindicales.

Castell fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y puso en marcha una idea que ayudó a que luego avanzara la acusación de la fiscalía: le pidió a Dutrá que, como él no conocía bien la Ciudad, le enviara por WhatsApp la ubicación exacta del lugar adonde debía ir. Esos llamados y esa constancia geográfica sirvieron para certificar que su interlocutor estaba en el gremio de Moyano.

En el lugar, Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos de Camioneros. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, fue el mensaje que recibió como bienvenida. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, le dijo el sindicalista.

En un clima tenso, Pérez le prometió que le iba a enviar el detalle de la deuda así podía pagarla y Castell pudo irse. Por entonces, patrocinado por Arietto, el empresario había presentado una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 activistas sindicales por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. Un elemento clave de la causa fueron las pruebas que aportó de lo que había sucedido durante el bloqueo: una de sus empleadas filmó con un celular un diálogo con los activistas en la puerta del depósito y las cámaras de vigilancia registraron los movimientos de los agresores.

Finalmente, Pérez nunca le hizo llegar el detalle de la deuda, pero, dos semanas después de su denuncia judicial, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para revisar los papeles de su empresa. No encontraron nada fuera de la ley. El mes siguiente tuvo otra visita de los inspectores del organismo impositivo: “Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así”, destacó el empresario. “Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?”, se preguntó.

Una vez que Arietto presentó una denuncia penal por el bloqueo, el fiscal Ignacio Mahiques investigó el caso, tomó testimonio a 7 testigos del bloqueo, analizó las filmaciones, identificó a algunos de los activistas que participaron de la medida de fuerza, descubrió que Dutrá también había estado allí y que llegó con su propio auto, pidió el entrecruzamiento de las llamadas entre un grupo de Camioneros y constató que habían estado en la zona del depósito de Andar en el mismo horario en que había sido bloqueado. Y por eso, además de determinar que la deuda reclamada era “inexistente”, como después de comprobó, el fiscal pidió la indagatoria de seis representantes sindicales (finalmente fueron procesados sólo cinco porque el sexto dirigente de Camioneros finalmente resultó sobreseído ya que no se pudo demostrar que haya estado ante la empresa durante el bloqueo).

De esa forma, el 16 de noviembre de 2021, el juez Fernando Caunedo procesó a 5 dirigentes del Sindicato de Camioneros y embargó sus bienes por 300 mil pesos cada uno por considerarlos coautores del delito de coacción contra Andar. El 14 de diciembre, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la condena dispuesta por el magistrado y advirtió que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

En su pedido de elevación a juicio, Mahiques consideró ilegítima la deuda reclamada a Castell ya que se comprobó que no hay constancia alguna en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Por eso agravó la calificación del delito, que hasta entonces era coacción y pasó a ser extorsión en grado de tentativa, que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años. “Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, afirmó el fiscal.

Mahiques consideró que “los imputados carecían de toda autoridad para reclamar directamente a la empresa del denunciante que incumplía la normativa legal en perjuicio del sindicato”, ya que, como había afirmado el juez Fernando Caunedo, el Ministerio de Trabajo es la autoridad para determinar si no se cumplía el convenio laboral. “Es decir -sostuvo el fiscal-, el sindicato no estaba habilitado para reclamar directamente a la empresa, y debía acudir ante la autoridad administrativa para formular sus reclamos en representación de sus afiliados”.

En su pedido de elevación a juicio, Mahiques aseguró que “la prueba reunida permite sostener, con el grado de probabilidad que exige el ordenamiento procesal para que la causa pase a la próxima etapa, que el “relevamiento” que los imputados dijeron haber llevado a cabo en el depósito del denunciante “pacíficamente” se trató verdaderamente de un violento bloqueo que no poseía otra finalidad que forzar a la empresa a que saldara la presunta deuda”.

Sobre el papel desempeñado por Pérez, el fiscal sostuvo que “la reunión que Castell mantuvo con él en sede del sindicato configura un supuesto concertado de la continuidad de la coacción desplegada por sus coimputados en la puerta del depósito, máxime cuando, de manera que no puede más que interpretarse como intimidatoria, le hizo saber que contaba con la posibilidad de cruzar información con los organismos públicos de recaudación fiscal”.

Para Arietto, “vamos a poder demostrar que es un sistema: no se trata sólo de la patota que bloquea sino que es un sistema porque involucra a quienes le dieron la orden”. Y precisó: “Queremos probar que existe un sistema extorsivo que emerge de la cabeza, Hugo Moyano, y que se irradia a todo el país, como en el caso de la empresa Morante, en el Chaco, y tantas otras, en donde los que bloquean cumplen una normativa que emana de la sede central de Camioneros, en la calle San José 1781 de Capital”.

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