Sergio Massa busca una tregua sindical, pero la CGT se desmarca para imponer su propia agenda

¿Qué está dispuesto a hacer el gremialismo como aporte para la nueva etapa del Gobierno? La llegada de Sergio Massa al gabinete le cambió a la dirigencia sindical su mirada crítica y pesimista sobre el rumbo del oficialismo. La marcha del 17 de agosto fue resuelta por la Confederación General del Trabajo (CGT) en otro momento gubernamental, cuando la gestión tambaleaba por el estilo desconcertante de Alberto Fernández y la ofensiva ilimitada de Cristina Kirchner.

Con su protesta callejera, la CGT imaginaba darle una advertencia al Frente de Todos ante una pelea interna que agravaba los problemas socioeconómicos, a los empresarios que aumentaban los precios y, de paso, a los opositores que se encaminan a ganar las próximas elecciones. Ahora, la expectativa positiva que despierta el nuevo ministro debería obligar a la central obrera a recalcular su estrategia, pero los niveles de debate interno de estas últimas horas revelan que ninguna decisión es fácil.

Los estrategas del Frente Renovador creen que en la gira que emprenderá por Estados Unidos para buscar financiamiento e inversiones, Sergio Massa debería presentarse con toda la fuerza que le brindarían el aval unánime del Frente de Todos (en particular de Cristina Kirchner), del empresariado y del sindicalismo. Sin embargo, aunque se unificó para respaldarlo, la dirigencia gremial está tomando distancia de algunas iniciativas del ministro de Economía: por un lado, rechazó un aumento de suma fija a todos los trabajadores (promovido por la Vicepresidenta) y, por otro, ratificó la marcha del 17 de agosto que Massa debería bajar para mostrar su poder.

La movilización cegetista se convirtió en un motivo de interferencia en la relación con el ministro de Economía. Este viernes, un encumbrado dirigente sindical le aconsejó a Massa -en sintonía con otras recomendaciones similares- que haga todo lo posible para que la CGT levante la protesta. Nadie descarta que intervenga el jefe de Gabinete, Juan Manzur, de un enorme predicamento en el sector que maneja la central (”Gordos”, independientes y barrionuevistas).

Ese gremialista es uno de los que opina que la CGT no puede recibir al nuevo ministro de Economía saliendo a la calle a quejarse por la inflación y la falta de respuestas de “la política” para salir de la crisis actual. La insistencia en la marcha puede ser interpretada como una válvula de escape para que las quejas de los trabajadores no se descarguen contra sus líderes sindicales. Y también como una forma de que el Gobierno esta vez se tome en serio la aplicación de un plan antiinflacionario.

Pero las discusiones sobre la conveniencia o no de marchar provocaron definiciones tajantes. Por ejemplo, hace 48 horas, Pablo Moyano y sus aliados K no sólo ratificaron la movilización del 17 de agosto en un plenario del Frente Sindical para el Modelo Nacional, sino que además corrigieron los destinatarios de la protesta: más que contra “la política” que contribuyó a la crisis, como la CGT apuntó inicialmente, advirtieron que será para “repudiar el accionar de los empresarios formadores de precios que provocan una alta inflación que atenta contra el bolsillo de los argentinos”.

Era la idea original del moyanismo y de los kirchneristas de la Corriente Federal de Trabajadores que ahora, en medio de los reacomodamientos que produjo la designación de Massa, enfatizaron con una sugestiva autonomía. Hay una duda de algunos dirigentes: ¿esos mismos empresarios que serán escrachados por un sector de la CGT no son los que necesita el ex titular de la Cámara de Diputados para serenar la economía? ¿Cómo leerán los organismos internacionales y los inversores una ofensiva sindical contra los hombres de negocios que el Gobierno no frena?

Así como hay dirigentes de la CGT que preferirían desactivar la marcha, hay otros que buscan profundizarla: cerca del líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, consideran probable que junto con la movilización de ese día se llame a paro nacional de los maestros.

Como anticipó Infobae, en el ánimo sindical también pesa el malestar porque el Gobierno sigue demorando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual las obras sociales traspasarán al Estado el valor de las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, uno de los rubros más costosos para el sistema sindical de salud.

La Casa Rosada, para colmo, acrecentó los problemas de las obras sociales luego de que la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, dispuso el martes pasado un aumento del 25% en los aranceles de las prestaciones básicas del sector.

El déficit del sistema sindical de salud aumentó mucho más que lo previsto por la fuerte incidencia de las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte), que representaban el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del sistema de obras sociales, que se nutre del aporte de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.

Para las obras sociales, pagar lo relacionado con la educación y el transporte de sus afiliados con discapacidad equivalía hasta ahora a unos 8000 millones de pesos mensuales. Con el incremento resuelto esta semana alcanzará los 10.000 millones de pesos mensuales y unos 100.000 millones de pesos anuales. Y si ese rubro representaba antes el 50% de la recaudación del FDS, en la CGT estiman que ahora llegará al 71%. A este ritmo, el sistema de obras sociales terminará este año con un déficit financiero muy superior a los 50.000 millones de pesos que se preveían.

En el Gobierno sospechan que ese reclamo es uno de los motores que llevará a la CGT a la calle. Es que Alberto Fernández prometió hace 8 meses una solución al déficit financiero de las obras sociales. Massa lo sabe, pero analiza qué hacer: traspasar al Estado esas prestaciones por discapacidad pondría en jaque el objetivo de reducir el déficit fiscal que planteó el mismo día de su asunción.

En medio de las dudas propias y de las pretensiones de Massa, la CGT confirmó la marcha dos veces en una misma semana. Primero fue el martes pasado, en una reunión de la mesa chica cegetista en UPCN. Ayer, en la sede de Azopardo 802, Héctor Daer (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) pilotearon un encuentro en el que se ratificó la movilización y se avanzó en la organización.

El otro escollo para la tregua sindical que procura Massa es el aumento de suma fija que Cristina Kirchner propone para los trabajadores de menores ingresos del sector privado. La CGT lo rechaza porque “achata las categorías salariales” e insiste en que las paritarias son la mejor herramienta para recomponer los sueldos. En el fondo, además, dejar librado al criterio del Gobierno una mejora salarial de emergencia debilita políticamente al sindicalismo porque le quitaría la vidriera de una negociación exitosa con los empresarios. Y, sobre todo, le otorgaría un inmenso y casi excluyente rédito político a la Vicepresidenta como principal promotora de ese incremento.

Entre los allegados a Alberto Fernández no cae bien la idea de una Cristina Kirchner que se atribuya la idea del aumento de suma fija. Y, al mismo tiempo, deslizan que tampoco sería tan necesario ese recurso: según el último Panorama del Trabajo Registrado, que acaba de difundir el Ministerio de Trabajo, “en mayo de 2022, el poder adquisitivo del salario promedio del trabajo registrado en el sector privado creció un 3,6% con respecto al mismo mes de 2021″. El informe oficial agrega incluso que “esta tasa de crecimiento de la remuneración media real es la más elevada desde el año 2013 (comparando la variación interanual del mes de mayo de cada año)”.

El estudio de la cartera laboral destaca que “el salario promedio definido en los principales convenios colectivos de trabajo presenta un crecimiento similar o levemente superior al alza del Índice Precios al Consumidor observada hasta junio (IPC-INDEC): en los seis primeros meses del año, de enero a junio, el aumento del IPC fue de un 36,2% mientras que en ese mismo período el incremento del salario de convenio promedio alcanzó un valor superior, del 38,6%”.

Hasta en este tema se evidencia la tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: cerca del Presidente destacan que las paritarias funcionan a pleno y logran recomposiciones que compensan la inflación, mientras que la propuesta de la Vicepresidenta esconde implícitamente una crítica a la Casa Rosada de que los sueldos no pudieron ponerse a la par del costo de vida.

Para muchos sindicalistas, en realidad, el modelo para imitar es el del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH), conducido por Víctor Santa María, que acordó un bono de 134.000 pesos en 7cuotas para los trabajadores del sector.

La CGT ya le hizo saber a Massa que no está de acuerdo con el aumento de suma fija. El ministro de Economía apuesta a discutir este tema en la reunión que mantendrá el jueves próximo con empresarios y sindicalistas. Allí también pondrá sobre la mesa una propuesta de Pablo Moyano para universalizar las asignaciones familiares. “Los salarios entre 50.000 y 150.000 pesos son los que se ven más perjudicados. Allí vamos a enfocar el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”, dijo el líder del Frente Renovador en su primera conferencia de prensa como ministro.

En este tema, hasta el momento, no hay disidencias. Pero en el resto, Massa deberá esforzarse para convencer a los sindicalistas de que sus expresiones de apoyo cuando fue designado deberían traducirse en gestos que no lo debiliten ante su difícil misión de encarrilar la economía.

SEGUIR LEYENDO: