A dos meses de la llegada del avión de Emtrasur a Buenos Aires, los 19 tripulantes siguen retenidos en el país. El juez Federico Villena autorizó este lunes la salida de 12 de ellos (11 venezolanos y 1 iraní), y hasta les devolvió sus pasaportes, pero la medida todavía no se hizo efectiva porque fue apelada por la fiscal del caso, Cecilia Incardona. Ahora deberá definir la Cámara Federal de La Plata.
La situación de la aeronave, un Boeing 747-300, es todavía más incierta. Para los investigadores todavía hay muchas dudas sobre la titularidad pese a los documentos aportados en el expediente por el abogado de los tripulantes. El juez Villena debe resolver si mantiene el secuestro del avión, retenido desde el 8 de junio en Ezeiza, cuando se le impidió aterrizar en Uruguay.
Esta semana se le sumó un pedido de una Corte de Estados Unidos para incautar el avión. Villena ya le corrió traslado a la fiscal Incardona y decidirá en los próximos días, pudo saber Infobae. “El avión podría quedar secuestrado para la Justicia argentina y para la justicia de Estados Unidos”, admitió una fuente judicial.
Según un comunicado difundido esta semana por el Departamento de Justicia de EEUU, el pedido de la Corte del estado de Columbia es porque la aeronave habría violado las leyes de control de exportaciones locales por la transferencia no autorizada de la aerolínea iraní Mahan Air hacia Emtrasur. Estas irregularidades se profundizaron cuando, entre febrero y mayo de 2022, Emtrasur permitió que la nave volara desde Caracas a Teherán y Moscú.
Otro de los argumentos de la justicia estadounidense es el vuelo a Buenos Aires. “La incautación de este avión demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos”, afirmó esta semana el fiscal federal para el Distrito de Columbia, Matthew M. Graves.
El requerimiento que llegó esta semana al juzgado de Villena pide que se mantenga la “confidencialidad” y tramita en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos. En esos casos, los jueces solo analizan cuestiones formales.
Apenas se conoció el pedido de la justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro le reclamó al gobierno argentino que entregue la nave, aunque la situación del avión está en manos de la justicia argentina. “Pretenden robarnos la aeronave por mandato de un tribunal de Florida. Pretenden robarnos el avión como nos robaron el oro en Londres, como nos robaron Citgo”, manifestó el dictador venezolano. Y agregó: “El avión con el que traemos la medicina de China, Rusia, India, el avión que cumplía una función primordial en la vida humanitaria de Venezuela está secuestrado y pretenden robarnos”.
Fue la primera vez que Maduro se refirió al conflicto en público.
La situación de los tripulantes
Entre los tripulantes que deberán quedarse en el país se destacan el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras. Sobre ellos cinco, el juez sostuvo que hay indicios concretos.
En cambio, sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, no hay indicios puntuales pero el juez quiere que se queden en el país hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras.
Villena permitió la salida del país de los otros doce tripulantes, aunque la medida todavía no se hizo efectiva porque fue apelada por la fiscal Cecilia Incardona, quien ya había opinado a favor de mantener la restricción hasta que se terminen las medidas de prueba pendientes. El abogado de los 19 tripulantes también apeló el tramo de la resolución que se refiere a los siete que siguen retenidos.
Ahora la definición está en manos de la Cámara Federal de La Plata. Hasta que ese tribunal no resuelva nadie puede salir del país.
La historia del vuelo de Emtrasur comenzó a escribirse la última semana de mayo, cuando la automotriz SAS contrató a la empresa de logística Fracht para trasladar un cargamento de autopartes desde México a Buenos Aires. Fracht cotizó el vuelo con tres brokers internacionales y finalmente se llegó a un acuerdo con Aerocharter México.
El contrato entre la oficina de Fracht en Estados Unidos y la empresa mexicana finalmente se firmó el 31 de mayo y determinó un costo de USD 885 mil, que se pagaron por adelantado. Pero el costo final del vuelo terminó siendo mucho más caro por las demoras en la salida, en el aeropuerto de Caracas, y en la primer escala en México, donde estaban las autopartes.
La investigación determinó que gran parte del dinero pagado a Emtrasur terminó en la cuenta bancaria de una firma radicada en Estados Unidos. Se tata de Zorex USA LLC, una de las siete firmas investigadas por la Justicia argentina. Esa empresa cobró USD 780 mil por el traslado de la mercadería y otros USD 110 por una demora adicional en México.
Villena sospecha que se utilizó una cuenta de Estados Unidos para evadir las sanciones de ese gobierno contra los venezolanos. El tema también está siendo investigado por el FBI y por la Justicia de ese país.
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