Desde antes de la pandemia que Ricardo Jaime no visitaba los tribunales de Comodoro Py. Allí se lo ha condenado en varios casos de corrupción. Y allí se presentó ayer por la mañana para declarar en indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 8 donde es juzgado por la promesa de coimas pactada con la empresa que resultó adjudicataria del nunca concretado proyecto del kirchnerismo: el Tren Bala que iba a unir buenos Aires con Rosario y Córdoba.
Antes de la feria judicial, Jaime pidió declarar de manera presencial. El juicio que llevan adelante desde junio del año pasado los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli se realiza de manera virtual por Zoom. Pero Jaime pidió ir a los tribunales. Y el TOF 8 le concedió lo solicitado: la de ayer fue la primera audiencia presencial del juicio. Llegó temprano desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde el año 2016.
Arribó a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py custodiado por seis integrantes de Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal. Esposado y con barbijo blanco, Jaime ingresó a la sala donde iba a declarar en indagatoria cerca de las 10 de la mañana. Allí estaba su defensora oficial, Verónica Blanco, y también el equipo de la fiscalía a cargo de Marcelo Colombo. Y el personal del Tribunal Oral Federal 8. No había público. Sólo un cronista.
El ex secretario de Transporte del kirchnerismo vestía saco y pantalón negros combinados con una remera blanca de manga larga. Llevaba un pullover negro que, por el calor que hacía en la sala de audiencias, quedó sobre una de las mesas del Tribunal. El color del pantalón combinaba con el negro de un par de botas texanas. Llevaba varias carpetas, un cuaderno anillado y un cuaderno Gloria escrito a mano- como los del chofer Centeno- en el que tenía apuntes de su declaración. Habló durante más de cuatro horas. Comenzó con su indagatoria a minutos de las 11 y finalizó cerca de las 16.
Cuando la fiscal de instrucción Alejandra Mángano pidió la elevación al juicio del caso acusó a Jaime “haber recibido, en su carácter de Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cargo que desempeñó desde el 28 de mayo de 2003 al 1 de julio de 2009, una promesa de pago por un millón de dólares (USD 1.000.000) de parte de las firmas Alstom Network UK Ltd. y Alstom Argentina S.A. con motivo de promover desde sus funciones la Licitación Pública Nacional e Internacional con Financiamiento para la contratación de la obra Electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio ferroviario de Alta Velocidad en el corredor ferroviario Buenos Aires–Rosario-Córdoba de la línea del Ferrocarril Mitre y concretar el Contrato de Obra Pública en favor de Alstom Transport S.A., Alstom Transporte S.A. y Alstom Argentina S.A. (todas ellas integrantes del Consorcio Veloxia )”.
El consorcio Veloxia se formó cuando Alstom eligió socios argentinos que integraron la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se quedó con la licitación. Los socios locales eran las empresas Iecsa (de la familia Macri-Calcaterra), Emepa (de Gabriel Romero) y la filial local de la firma española Isolux. El 16 de enero de 2008, la entonces presidente de la Nación, Cristina Kirchner, anunció que el consorcio Veloxia se quedaría con un contrato estipulado entonces en unos 10.000 millones de pesos y que insumiría tres años de ejecución. “No es sólo una obra pública con altísima tecnología, sino que estamos dando un salto importante hacia una Argentina diferente que viene a completar un desarrollo y articulación en materia vial para el país”, dijo allá por 2008 la actual Vicepresidenta. Así culminaba el proceso que se había iniciado en abril de 2006, cuando el ex presidente Néstor Kirchner había anunciado la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAVE) que iba a unir la Capital Federal con Rosario y Córdoba. El tren nunca se construyó. Tampoco se pagó un solo peso de la licitación.
En 2008 comenzó la investigación judicial por el caso del Tren Bala. Se comprobó en la instrucción de la causa que la consultora Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA) propiedad de Vázquez, testaferro y hacedor de negocios sucios de Jaime, firmó un contrato de “asesoramiento” con Alstom por un millón de dólares. El primer pago se pactó en 100.000 dólares cuando entrara en vigencia el contrato y el resto de la coima se pagaría en 30 cuotas mensuales de 30.000 dólares cada una.
Vázquez manejaba el área de negocios ilegales de la secretaría de Transporte. Por su participación como “receptor de comisiones” disfrazadas de consultoría, Jaime y Vázquez fueron condenados en abril pasado por el caso de la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. En aquel negocio se pagaron coimas que facturó CAESA. El mismo sistema que se iba a usar en el caso del Tren Bala.
La fiscal Mángano, cuando requirió la elevación a juicio, analizó el caso del Tren Bala en un contexto más amplio: “Es que a esta altura de los acontecimientos que son de público conocimiento existen diversas causas penales en las que se investiga una matriz de corrupción público-privada generada en el marco del entonces Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación por medio de contrataciones del Estado Nacional, lo que motiva que este hecho de corrupción no sea analizado de manera sesgada. Dentro de esta matriz es que cabe agregar y juzgar las conductas atribuidas a tanto a Ricardo Raúl Jaime… pues deben ser entendidas y comprendidas dentro de lo que fue el sistema de corrupción que se desarrolló durante los años 2003/2015″.
La fiscal citó en su elevación a juicio la sentencia por la Tragedia de Once en la que se verificó que durante el gobierno kirchnerista no se controló a la empresa concesionaria del Sarmiento y eso derivó en el choque del tren que tuvo como saldo 51 muertos y más de 700 heridos. Y consideró que el acuerdo por las coimas con Alstom y sus socios argentinos formaba parte del mismo entramado de corrupción que quedó comprobado con la condena firme por la Tragedia de Once. Jaime fue condenado por la Tragedia de Once, pero aún queda una instancia de revisión para que la sentencia quede firme como sucedió con el resto de los imputados por aquel hecho.
En sus más de cuatro horas de declaración, Jaime explicó la situación de los ferrocarrilles argentinos desde 1857 hasta estos días. Explicó la situación de crisis de los trenes cuando Kirchner llegó al poder en 2003 y el por qué era necesario hacer un Tren Bala hasta Córdoba (vía Rosario) y otros a Mar del Plata y Mendoza. Consideró que el proceso licitatorio que ganó Veloxia fue correcto y negó haber tenido conocimiento del acuerdo firmado por Alstom y su asesor y testaferro Manuel Vázquez.
Además, aseguró que aquel proyecto del tren rápido había sido criticado desde muchos lugares, en especial desde sectores del transporte terrestre de pasajeros. Y desde distintos sectores políticos. En algún momento dijo que habían sido “peyorativos y hasta homofóbicos” porque lo llamaban “El Tren Bala de Jaime”. Sostuvo que el proyecto no era ni “faraónico ni descabellado”. “De hecho- dijo- Cristina Fernández y Florencio Randazzo lo mantuvieron vigente unos años más”. Según recordó, varios gobernadores de entonces le manifestaron su interés en el proyecto porque podía contribuir a mejorar las economías regionales. El Tren Bala nunca se hizo por problemas para conseguir el financiamiento.
Para sostener lo fundamental de aquel proyecto nunca concretado, Jaime hizo una pequeña reseña de los trenes rápidos del mundo que comenzaron en “1964 en Japón para los Juegos Olímpicos de Tokyo”. Llevó unas cien páginas impresas con notas sobre trenes. Una de ellas titulada “Volando sin alas” ofrecía un listado de los trenes más veloces del mundo: Jaime la leyó. Y así fue que el Tribunal y la fiscalía se enteraron de la existencia de trenes veloces en Corea, China, Italia, España, Francia, India y en algunos países más.
En su relato, Jaime contó que antes del llamado a licitación se recibió una oferta de empresas chinas de un tren llave en mano. “Era muy costoso- aseguró- y además no había lugar para la mano de obra argentina, que era una de nuestras ideas para revitalizar los ferrocarriles”. Sostuvo, en tanto especialista en transporte, que son imprescindibles los trenes rápidos. Está convencido de que había que hacer el Tren Bala y mantiene su convicción.
Respecto del contrato que firmó Alstom con la consultora de su testaferro -condenado por ser uno de los que permitió su enriquecimiento ilícito- por coimas que se iban a pagar si la obra se concretaba dijo que no estaba al tanto. Que se enteró de la existencia de un contrato entre Alstom y Vázquez cuando en 2016 lo citaron a indagatoria por este caso. Y por supuesto dijo que de haberlo sabido “se habría opuesto a que se realizara”. Dijo que los que tenían que explicar el por qué de ese contrato de consultoría no fueron llevados a juicio: “Estoy sentado solo yo acá que no tuve ninguna relación con ese convenio”. Vázquez, que les facturaba con su consultora a casi todas las empresas que tenían negocios en la secretaría de Transporte, fue su asesor. La fiscalía quiso saber por qué lo designó: “Porque tenía contactos en el exterior”, fue una respuesta de Jaime. Le preguntaron también si no era incompatible que Vázquez fuera su asesor y que cobrara de las empresas que tenían contratos con la secretaría de Transporte: “No sabía que tenía cobraba de las empresas”, dijo Jaime sin que le temblara la voz.
Durante toda su alocución habló pausado. Dijo que su estado de salud empeoró con los seis años y cuatro meses que lleva detenido y que había leído mucho material para la indagatoria porque “en la cárcel sobra tiempo”. Aceptó preguntas de la fiscalía y del Tribunal. Las constestó todas. Algunas pocas con la frase: “No recuerdo”. En definitiva defendió el proyecto del Tren Bala y negó relación alguna con el pacto de las coimas. El juicio en el que Jaime es el único acusado continúa la semana próxima con el alegato del fiscal Colombo.
Jaime tiene una condena firme porque adimitió cobrar coimas de dos empresas a las que debía controlar. Y está detenido por orden del Tribunal Oral Federal 6 que en abril pasado lo condenó por enriquecimiento ilícito y la compra de los trenes chatarra a España y Portugal. La pena que le dictaron en el último juicio es de ocho años de prisión. Ayer despúes de pasar buena parte del día en Comodoro Py volvió a su celda de la cárcel de Ezeiza.
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