La Cámara Federal confirmó este viernes los procesamientos del ex secretario de Planificación Roberto Baratta y de un grupo de empresarios, en un fallo en donde se ratificó que las pruebas en la llamada “causa cuadernos”, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas, no solo se sustentan en las anotaciones del remisero Oscar Centeno sino también en otras pruebas y en las confesiones que hicieron los arrepentidos.
Si bien la causa principal ya se encuentra en juicio oral, hay algunos hechos puntuales que todavía no fueron elevados y están siendo investigados. En ese contexto, el tribunal señaló que en estos casos que continúan en la etapa de instrucción “aún quedaría definir la posible responsabilidad de otros/as coimputados/as en relación a algunos de los sucesos”. Entre ellos aparece la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es que el fallo analizó las coimas que entregaron empresarios y, por lo tanto, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi aseguran que faltaría indagar a quienes recibieron ese dinero.
“Respecto de este hecho -comprendido en el auto que estamos tratando-, las anotaciones de Centeno indican que el dinero recibido por Baratta y Lazarte fue luego llevado al domicilio de la calle Uruguay 1306 y entregado a Daniel Muñoz (conforme copias del cuaderno del año 2010). Restaría evaluar la posible responsabilidad en este hecho de los otros coimputados”, sostuvo el fallo. Daniel Muñoz era el secretario de Néstor Kirchner y falleció en 2016. Su enriquecimiento y lavado de dinero forman parte de otra investigación anexa al expediente cuadernos.
La Sala I de la Cámara Federal se pronunció así al analizar las apelaciones al procesamiento firmado en febrero pasado por el juez federal Julián Ercolini. Allí, se detalló el circuito de dinero que llegaba a manos de Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner que lavó dinero en el exterior, pero además se señaló la dirección de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Muchos de los arrepentidos ahora quieren mejorar su situación y plantean que el dinero entregado era para “la política”. Ese es el caso de Hugo Dragonetti y Julio Balán, dos de los empresarios cuyo procesamiento se confirmó hoy. Es que la estrategia de algunos hombres de negocios es plantear que el dinero que entregaron a Baratta eran aportes para campaña política. Fue después de que dos empresarias lograran quedar afuera del juicio oral con esa explicación. Ahora son varios los que quieren que sus hechos pasen a ser investigados por la justicia electoral.
El fallo de la Cámara Federal subrayó que en esta causa se analiza “el circuito de recaudación ilegal instaurado desde el seno de la Administración Pública Nacional (P.E.N.) entre los años 2003 y 2015, el cual se nutría del dinero entregado por las diversas empresas contratistas del Estado en miras de asegurarse la asignación de contratos de obra pública, concesiones y otros beneficios que dependían -directa o indirectamente- de la voluntad administrativa”. Y sostuvo que “los elementos de prueba reunidos exceden el marco de los “cuadernos” y de su ratificación por Oscar B. Centeno (chofer de Roberto Baratta) al prestar declaración como arrepentido”.
“Las medidas probatorias ordenadas en el sumario han permitido constar los domicilios indicados, la titularidad de los vehículos mencionados, verificar las comunicaciones entre los protagonistas y precisar las fechas y otros detalles de los acontecimientos de entrega. Asimismo, se cuenta con los aportes de varios imputados -particulares y ex funcionarios- en el marco de los acuerdos de colaboración celebrados bajo la Ley 27.304, que en lo sustancial resultan concordantes con el relato del ex chofer y agregan información sobre la operatoria investigada. A partir de estos elementos, corresponde entonces rechazar los agravios que aludieron a los ‘cuadernos’ como prueba única”, se afirmó.
El aporte a la política, la doble persecución y una coima en cuotas
La defensa de Dragonetti había sostenido en su apelación que se trató de una contribución voluntaria que respondía a la vinculación de su asistido con el Partido Justicialista, al que se encontraba afiliado y en el que ocupó distintos cargos a nivel distrital. También había dicho que en su momento le reclamó a Barata los recibos de esos aportes, para acceder a una deducción impositivo, pero nunca se los entregaron. Sin embargo, la Cámara sostuvo que había que confirmar la decisión del juez Julián Ercolini y en todo caso, como la causa principal ya fue elevada a juicio, discutir eso en esa instancia: allí con toda la prueba, “se llegará a una certeza respecto al destino que tuvo el aporte de dinero imputado”.
Es que, para Bruglia y Bertuzzi, por el momento, “las constancias obrantes en autos determinan la vinculación del evento reprochado con los contratos o procesos de contratación relacionados con Panedile”. Además, Baratta, entonces Subsecretario de Coordinación, “no actuaba sólo como un funcionario individual, sino como referente de la cartera ministerial donde revistaba y en el rol que ejercía dentro de la estructura de recaudación ilegal -paralela a la organización administrativa”.
En ese sentido, la Cámara Federal agregó que “respecto a Juan Mauricio Balán y, al igual que Dragonetti, no es la existencia de las entregas de dinero lo que se cuestiona, sino su finalidad. En este sentido, según alega su defensa, aquéllas no tuvieron relación con las contrataciones de su empresa, sino con las campañas electorales de esos años. Sin embargo, aun cuando se trata de una alternativa posible, no puede obviarse que, los pagos meritados en la ampliación de su procesamiento, ocurridos el 15/7/2013 y el 30/7/2015, fueron reconocidos por él en su declaración como imputado arrepentido y que Juan F. Secco SA -empresa dedicada al suministro de energía eléctrica- era contratista del Estado Nacional y participaba de licitaciones en la órbita del entonces Ministerio de Planificación Federal”.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi también confirmaron el procesamiento para el empresario Alberto Tasselli, que subrayaron que le ampliaron un procesamiento por una entrega de dinero de 2013 a Nelson Lazarte, mano derecha de Baratta, que ya estaba comprendida en la primera parte del caso y por lo tanto había una doble persecución.
“El evento al que alude la defensa no fue incluido oportunamente en el auto de elevación a juicio dictado en estos autos. Cabe concluir, entonces, que la afirmación formulada como base del planteo deducido no se condice con las constancias de la causa”, le respondió el fallo. “Por otra parte, no se advierte en sentido estricto una doble persecución penal por un mismo hecho, toda vez que no existen dos procesos judiciales (sucesivos o simultáneos) con identidad personal y fáctica, sino una misma causa.Por tanto, no concurren dos procesos judiciales diferentes en relación al mismo imputado y la misma hipótesis fáctica, de manera que en este caso no existe vulneración de la garantía contra el ne bis in idem”, señalaron los magistrados.
Distinto fue el caso para el empresario Claudio J. Glazman. En su caso, la defensa aseguró que “las tres entregas de dinero que abarcan el objeto procesal de esta incidencia no constituían hechos independientes sino parte del mismo y único delito por el que ya había sido procesado y elevada la causa a juicio. Esta cuestión también fue planteada por la defensa de Hernán Gómez, procesado por haber recibido el dinero. Y comprende además la situación de Roberto Baratta, sindicado como coautor del delito -Gómez actuaba en estos casos bajo sus directivas. Analizada la cuestión formulada, se advierte que los argumentos de las defensas resultan atendibles. Pues efectivamente los eventos abarcados en esta incidencia se encuentran incluidos en el marco fáctico de un único delito de cohecho, ya sea en su modalidad activa o pasiva”. Es por eso que se revocó en este punto la ampliación del procesamiento de Glazman y, por ende, la de Hernán Gomez, funcionario de Planificación, y Baratta.
Por ultimo, el fallo suspendió el trámite sobre el procesado Claudio Alberto de Lassaletta por “incapacidad sobreviniente”.
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