El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dictó la baja obligatoria de las filas de la Armada Argentina a 6 militares con sentencia de condena firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
A través de una resolución ministerial, se les quitó el estado militar a Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías.
La decisión se formalizó luego que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la causa, notificara al Ministerio de Defensa una vez quedó firme la sentencia de la “Megacausa ESMA”, en la que se comprobó la participación de los militares en el Grupo de Tareas 3.3.2 de la institución castrense en la desaparición, secuestro, robo de bienes y torturas de personas.
La Justicia encontró que estos represores tuvieron ingerencia en los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Algunas condenas incluyeron la acusación por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio del periodista Rodolfo Walsh.
La Ley N° 19.101 para el Personal Militar establece la baja obligatoria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, como consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme.
Según se informó en un comunicado oficial, la resolución se enmarca en el compromiso asumido por el Ministerio de Defensa en la implementación de una política de respeto a los derechos humanos y de integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, donde “resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad”.
Los represores dados de baja
Jorge “Tigre” Acosta era el militar que tomaba las decisiones en el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Fue investigado en más de 80 delitos y condenado en sentencia firme por violaciones de derechos humanos y la apropiación sistemática de niños y niñas. En su prontuario lo encontraron culpable también de delitos sexuales contra detenidas.
El ex capitán de Fragata Adolfo Miguel Donda operó en la ESMA hasta fines de 1979, habiéndose convertido en mayo de 1979 en el Jefe de Operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2. En 1980 ascendió a Segundo Jefe de Inteligencia de la ESMA y durante 1981 y 1982 alternó en la jefatura de Inteligencia con Miguel Angle Benazzi Berisso. Estuvo involucrado en más 62 delitos, incluidos el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg.
Ricardo Serpico Cavallo, otro hombre de la ESMA, fue detenido en México en 2020, donde vivía con una identidad falsa, y extraditado a España, donde el juez Baltazar Garzón dispuso su encierro. En la Argentina regían por entonces las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que garantizaban a los represores que los tribunales locales no podían juzgarlo. Más tarde, con la anulación de esa normativa, fue condenado en los tribunales locales.
Alberto Eduardo González, alias “Gato”, junto a Tigre Acosta fue encontrado culpable como coautores de los delitos de violación sexual cometidos entre 1977 y 1978 a mujeres que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad en la ESMA. La conducta de González consistió en obligar a la víctima a mantener relaciones sexuales, mientras que Acosta, como su jefe, generó las condiciones para que ello sucediera y posteriormente convalidó ese accionar.
Jorge Carlos Radice es otro de los condenados a prisión perpetua en la Megacausa ESMA. Era conocido como “Ruger” o “Gabriel”. Estuvo, además, involucrado en el plan del robo de bienes de desapoderamiento y el posterior lavado para disimular de dónde salían el dinero o las propiedades de las víctimas de la dictadura.
El capitán de navío Antonio Pernías reconoció en los juicios de lesa humanidad haber integrado el grupo de tareas de la ESMA, justificó las torturas como “interrogatorios reforzados” y fue uno de los que confesó la existencia de los “vuelos de la muerte”. Pernías se desempeñó también en la guerra de las Islas Malvinas en 1982 como jefe de operaciones del Batallón 5 de Infantería de Marina, cuando ya tenía una larga trayectoria como torturador en la ESMA.
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