La justicia federal decidió avanzar en una causa penal para esclarecer quiénes fueron los que hicieron las mayores compras de dólares y quiénes los que realizaron las mayores transferencias de divisas al exterior durante el gobierno de Mauricio Macri, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La investigación forma parte de una causa que recién comienza en los tribunales Comodoro Py. Apunta a investigar aquellos que “fugaron capitales al exterior” entre 2016 y 2019 por un valor total de 86 mil millones de dólares.
El fiscal Franco Picardi impulsó la investigación, pero puso en cabeza de la AFIP el primer desglose de la información que aportó el Banco Central. Según el dictamen, al que accedió Infobae, si la jueza María Eugenia Capuchetti hace lugar al planteo del Ministerio Público, el organismo que ahora encabezará Carlos Castagneto deberá realizar “un amplio informe” sobre “las memorias, balances, estados contables, declaraciones impositivas, actuaciones y/o determinaciones de oficio, y toda otra información que obre respecto de las personas identificadas por el BCRA como los principales agentes que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior entre 2016 y 2019 inclusive”.
En ese informe, la AFIP deberá analizar si aparecen “inconsistencias entre los montos transferidos al exterior y su capacidad económica al momento de realizar esas operaciones”, “si los montos transferidos al exterior encuentran justificación legal, contable y patrimonial respecto de los conceptos por los cuales se realizaron las operaciones de salida de divisas”; y “si se han configurado posibles defraudaciones al Fisco mediante el perfeccionamiento de dichas transferencias”.
El caso
Se trata de una denuncia que radicaron en marzo pasado referentes del kircherismo duro como la ex embajadora ante Venezuela Alicia Castro, el ex ministro de Economía Amado Boudou o el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, junto al investigador de la deuda externa Alejandro Olmos Gaona. Allí los dirigentes de la agrupación “Sobernxs” pidieron investigar “a los que fugaron divisas la procedencia de los fondos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. Los propios denunciantes dijeron en su escrito que se trataba de una investigación distinta a la de la causa del FMI porque allí se investigaba a los funcionarios del Poder Ejecutivo de Mauricio Macri y aquí se buscaba accionar contra los responsables de enviar dinero al exterior.
Por sorteo, la causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello. La fiscal Alejandra Mangano entendió que el caso debía investigarse en forma conexa a la investigación por el acuerdo del FMI. Tanto Picardi como la jueza Capuchetti entendieron que se trataba de investigaciones distintas. Pero cuando el caso llegó a la Cámara Federal, el juez Mariano Llorens entendió que formaban parte de una misma trama. “Aún con la existencia de algunos matices, los hechos puestos en conocimiento en estas actuaciones, registran claros puntos de contacto con los pesquisados en el marco de la causa que se pretende de atracción y permiten afirmar la conveniencia de su trámite conjunto”.
El punto en común es el Informe del BCRA llamado “Mercado de Cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019″ en donde se sostuvo que entre enero de 2016 y abril de 2018 “la política de endeudamiento del gobierno argentino permitió una acumulación de reservas internacionales que ascendió a USD 29,4 mil millones”. Para esa altura ya se alertaba que “casi el 70% de los dólares que ingresaron al país salieron en ese mismo período en concepto de formación de activos externos del sector privado y pago de intereses y utilidades”. El BCRA detalló que esos comportamientos se profundizaron tras el acuerdo con el FMI.
De acuerdo al informe del BCRA, tales políticas ´facilitaron la fuga de capitales por más de USD 86.000 millones y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo´”.
El informe detalla que “la formación de activos externos de los 10 principales compradores explica USD 7.945 millones”, que el total de personas humanas que compraron divisas en este período fue de U$S 6.693.065 y que hubo 85.279 personas jurídicas adquiriendo dólares. “Si bien en el informe se demostró la existencia de salida del país de alrededor de 86.000 millones de dólares, no procedió a individualizar a los particulares y empresas que habían transferido esas sumas al exterior, y cual había resultado la justificación para hacerlo, ya que la misma podría haber obedecido a diversas causas”, resaltaron los denunciantes.
A criterio de los denunciantes, “la única manera de poder determinar la legalidad de la transferencia de capitales efectuadas entre los años 2016 y 2019 es verificarlo a través de los informes cruzados del BCRA y de la AFIP, ya que así se podrá establecer si la salida de esos capitales correspondieron a operaciones convencionales derivadas de la compra de insumos importados, pago de derechos por uso de marcas (royalties), y depósitos en el exterior de sumas oportunamente declaradas, o de operaciones efectuadas al margen de la ley.”
La investigación
En base a eso, la jueza Capuchetti corrió vista al fiscal Picardi para que delimitara el objeto de la investigación. Picardi entendió que será la AFIP la que tendrá que analizar la información del Banco Central sobre quienes hicieron las operaciones. “De acuerdo con las facultades legalmente conferidas y su especificidad, es el organismo impositivo señalado el que se encuentra en las mejores condiciones de realizar las determinaciones que sustentan la base fáctica de la denuncia bajo trato y sus eventuales derivaciones”, escribió.
Según la información a la que accedió Infobae, Picardi entendió que, sobre esa hipótesis, había que remitir a la AFIP un informe del BCRA que llegó a la causa en marzo pasado por el préstamo tomado con el FMI y en donde la entidad crediticia detalló:
a) quiénes fueron los 100 agentes que realizaron compras netas por USD 24.679 millones entre diciembre de 2015 y octubre de 2019,
b) quiénes fueron los 10 compradores que explican la Formación de Activos Externos (FAE) por un monto de USD 7.945 millones,
c) las personas jurídicas efectuaron compras netas de divisas por un monto de USD 41.124 millones,
d) las empresas que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior,
e) la persona física que habría realizado operaciones por la suma de USD 40,5 millones.
Por razones que hacen al secreto bancario y fiscal, hasta ahora en el juzgado y la fiscalía buscaron evitar filtraciones sobre esos datos, precisaron las fuentes consultadas por este medio.
“En una etapa posterior de la investigación deberá analizarse, en función de las posibles irregularidades que se desprendan del análisis encomendado a la AFIP respecto de las personas físicas o jurídicas individualizadas por dicho organismo, si las operaciones realizadas en el marco de las transferencias de divisas al exterior durante el período investigado configuran la posible puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito penal, con la consiguiente intención de que los mismos adquieran la apariencia de un origen lícito”, añadió el dictamen que da impulso a la causa.
El dictamen fue firmado el último viernes previo al inicio de la feria judicial de invierno. Cuando termine el receso y vuelva esta semana la actividad judicial, la jueza evaluará el dictamen para resolver si hace lugar a las medidas impulsadas.
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