Movimientos sociales piden prorrogar la Emergencia Alimentaria e impulsan nuevas leyes

Es conocida como la “generación de la cuchara”. Niños y adultos que, a fuerza de la crisis económica y social que vive la Argentina, se habituaron a que sus comidas sean sopas de fideos, guisos con poca carne, mucho hueso, y polenta aguada. También los llaman “los nuevos gordos de la pobreza”, chicos “rellenitos” por fuera pero desnutridos por dentro. Anémicos, por falta de hierro en la alimentación. Tienen hambre.

En los barrios más populares del país, las estrategias de supervivencia llevaron a que las familias estiren la leche con agua, o con mate cocido; reemplacen la carne vacuna por alitas y menudos de pollo y huesos de cerdo; los guisos de fideos pasó a ser la comida diaria; aumentaron la cantidad de arroz, polenta, harina e hidratos de carbono en sus dietas por no poder adquirir otros alimentos.

Las verduras, que suelen tener precios imposibles, son reemplazadas por los caldos de cubitos industrializados que contienen altos niveles de sodio, aditivos químicos y grasas.

En los comedores y merenderos, los chicos y adolescentes ya no se sientan solos alrededor de las mesas comunitarias. Están acompañados por padres y abuelos.

Esta situación de extrema vulnerabilidad llevó a que, en este momento, dirigentes de movimientos sociales elaboren un documento a través del cual le exigirán al gobierno de Alberto Fernández que prorrogue la ley de “Emergencia Alimentaria”, que caducará en diciembre, y una serie de medidas urgentes como el incremento en los valores que se destinan de manera mensual a la Tarjeta Alimentar y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), para contener “las necesidades de extrema vulnerabilidad en las barriadas más humildes”, tal el diagnóstico que Daniel Menéndez realizó ante Infobae.

Menéndez ocupa un doble rol: coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social, es el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local.

“En el último tiempo notamos un incremento de la asistencia de los chicos en los comedores. Quienes formamos parte de los movimientos populares, también creemos que es necesario avanzar en un paquete de leyes que tengan como norte la Emergencia Alimentaria”, adelantó y precisó que “tenemos que avanzar, por un lado, en el fortalecimiento de los ingresos destinados al consumo de alimentos de los sectores populares incrementando los montos en la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y en las prestaciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Políticas Alimentarias”.

Menéndez afirma que desde su espacio comenzaron a evaluar a los niños y niñas que pueblan los más de dos mil comedores y merenderos que dependen de Somos Barrios de Pie en todo el país.

Pediatras de hospitales que funcionan en municipios como La Matanza, Lanús, Moreno, Esteban Echeverría, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros distritos; detectaron que más del cincuenta por ciento de los chicos que atienden en los consultorios externos presentan sobrepeso por “mala alimentación” y “baja estatura” y “deficiente desarrollo corporal”.

Por esas razones, el dirigente social entiende que: “El horizonte debe estar puesto en el consumo de proteínas. Estamos preocupados por la tendencia en el cambio de las dietas, haciendo que disminuya el consumo de nutrientes. Algo que observamos, sobre todo, en los chicos que concurren a nuestros comedores. Creemos que allí tenemos que tener una malla de contención muy fuerte”.

El año pasado, la inversión en Políticas Alimentarias del Frente de Todos, a través del ministerio de Desarrollo Social fue récord: $244.789 millones. El principal programa es la Tarjeta Alimentar que se extiende a 2.400.000 titulares y alcanza a 4.100.000 personas.

El año pasado, las políticas alimentarias se incrementaron en un 83,7% con respecto a 2020. Y para 2022 la inversión es mayor aún.

La demanda por un plato de comida caliente en los comedores de Somos Barrios de Pie, pero también en los del Evita, del Polo Obrero o los municipales, es tan grande que les piden a las familias que lleven una vianda por integrante de hogar. De esa forma evitan colapsar las modestas instalaciones y se evita que las familias pierdan el hábito de almorzar en sus hogares.

Los últimos meses jóvenes, niños y adultos se agolpaban en los comedores populares antes del mediodía. Necesitaban calmar el ruidos de sus panzas, pero también por temor a perder, en muchos casos, la única comida diaria.

El Ministerio de Desarrollo Social, a demanda de los dirigentes sociales, tanto de izquierda como oficialistas, reforzó la entrega de alimentos para esas organizaciones.

Los asistentes a los comedores populares tienen un denominador común: la precariedad de sus ingresos. Son changarines, empleadas domésticas, vendedores ambulante. Trabajadores informales que en su gran mayoría son beneficiarios de planes asistenciales como la AUH y la Tarjeta Alimentar.

El consumo en estos hogares se vio drásticamente afectado por la pandemia, pero recibieron un fuerte golpe ese 2022 por el alto índice de inflación. En especial porque los alimentos, que pesan entre 40% y 50% en el gasto de estas familias, subieron por encima de la inflación.

Anclado en esos datos del INDEC, la organización social liderada por Menéndez le pedirá a Fernández, incluir como parte del paquete de leyes vinculado con la Emergencia Alimentaria, “avanzar en reformas estructurales con respecto al precio de los alimentos”. Entre esas medidas proponen “impulsar la creación de una Empresa Nacional de Alimentos” e “impulsar en el conjunto de los barrios vulnerables la constitución de mercados de cercanías que permitan comercializar alimentos a precios populares”.

Para el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, las medidas que le solicitarán a Alberto Fernández: “Son absolutamente indispensables y conforman un paquete de iniciativas que los equipos técnicos de nuestro movimiento estarán impulsando con movilizaciones y reuniones con diferentes sectores de la sociedad argentina”.

Menéndez, al igual que Juan Grabois, Esteban “Gringo” Castro, entre otros dirigentes sociales, entiende que buena parte de la emergencia alimentaria por la que transita el país se debe a que “un puñado de sectores económicos concentrados intentan avanzar en un proceso de desestabilización. Tienen como objetivo hacerse de una enorme cantidad de dólares a partir de forzar al gobierno a una devaluación. Creemos que esta maniobra, más allá del proceso de desestabilización político y económico, generará además un enorme costo para el conjunto de nuestra sociedad”.

En ese sentido, Menéndez cree que también son necesarios dos aspectos fundamentales: por un lado, ser firmes ante este proceso de puja distributiva contra un sector minoritario que quiere hacerse de enormes beneficios aprovechando esta coyuntura y por otro lado “en vistas del daño que han causado estas semanas de salto inflacionario y traslado a precios, es necesario exigir medidas que tengan como objetivo recomponer la capacidad de consumo y el ingreso de los sectores populares”.

La exigencia del funcionario recae directamente al Gobierno del que forma parte: “Estamos absolutamente de acuerdo con el debate alrededor de impulsar un refuerzo de ingresos que permita fortalecer la economía cotidiana de los trabajadores”.

“En un mes vamos a tener los estudios de talla y peso entre los chicos que asisten a nuestros más de dos mil comedores. Es una muestra de cincuenta mil pibes y pibas sobre los que vamos a realizar los estudios antropométricos. Es un estudio que realizamos históricamente pero que decidimos adelantar en base a los datos y percepción que observamos en los comedores”. Para Menéndez, estas son razones de peso para “impulsar un plan nutricional” para los sectores más postergados y avanzar en el paquete de leyes que tengan como horizonte prorrogar la Emergencia Alimentaria.

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