Causa FMI: la Justicia busca identificar a funcionarios del organismo que participaron del acuerdo y reconstruir la ruta del dinero

La causa que investiga el préstamo que el gobierno de Mauricio Macri recibió del Fondo Monetario Internacional avanza en busca de más información: ahora la Justicia quiere saber quiénes fueron los funcionarios del organismo internacional que participaron de las reuniones con la administración macrista a la vez que intenta reconstruir la ruta del dinero de los 44 mil millones de dólares que ingresaron a las arcas del Estado y que, según los denunciantes, se terminaron fugando, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Así lo solicitó días antes de la feria judicial de invierno el fiscal Franco Picardi ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en el marco de una serie de diligencias al FMI, el Banco Central, el Ministerio de Economía o la Auditoría General de la Nación.

No es un detalle al pasar que en la causa no solo está denunciado Macri: también se analiza el rol que tuvieron la ex directora gerente del FMI, Christine Lagarde o el ex número dos del organismo David Lipton.

Entre esas medidas que pidió la fiscalía, a las que accedió Infobae, aparece que se “brinde un detalle de todas aquellas personas que participaron en las distintas reuniones mantenidas con integrantes del Fondo Monetario Internacional con motivo de la negociación del empréstito solicitado por nuestro país en el mes de junio de 2018 –y sus modificatorias-, como también haga saber qué funcionarios en representación del FMI participaron de tales reuniones”.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, será recibida mañana en Washington por la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El presidente Alberto Fernandez postergó su viaje luego de que su par de los Estados Unidos, Joe Biden, diera positivo de Covid-19.

En el video que difundió el lunes 18 julio la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de criticar a la Corte Suprema y a Comodoro Py, se quejaba porque “ningún fiscal ni juez ha decidido iniciar aún” la investigación por el préstamo del FMI. La causa, en rigor, está activa en manos de Capuchetti y Picardi, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini está presentada como querellante y gran parte de la información que se recolectó hasta ahora tardó en llegar desde entidades oficiales, como la Comisión Nacional de Valores.

La jueza ya cuenta con la información que envió el BCRA, a cargo de Miguel Pesce, sobre quiénes fueron los mayores operadores entre 2015 y 2019 y quiénes hicieron las mayores transferencia al exterior después de 2018, tal como reveló Infobae en marzo pasado. Para esa altura, la Procuración del Tesoro había pedido que declaran como testigos los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del crédito que recibió el ex presidente Mauricio Macri.

Todo se remonta a la decisión del gobierno de Macri que en mayo de 2018 anunció públicamente su intención de acudir al FMI, luego de una semana en donde el peso había perdido un 15% de valor, las tasas de interés subieron al 40% y el Banco Central destinaba casi US$5.000 millones de sus reservas en un intento de contener al dólar. El FMI decidió darle a la Argentina el préstamo más alto de su historia por unos 57 mil millones de dólares. Los desembolsos del organismo alcanzaron los USD 44.149 millones. La última entregar más de 5 mil millones de dólares iban a entregarse en septiembre de 2019, pero el dinero nunca llegó después de las PASO.

La causa no solo analiza la denuncia que motorizó en marzo de 2021 el gobierno de Alberto Fernández, a través de la Oficina Anticorrupción, por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública contra el ex presidente Macri, los ex ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo (Finanzas) y los ex titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

En esa presentación no se apuntó contra el FMI. Sin embargo, se anexaron otras denuncias que ya existían en el fuero antes de la acusación del Gobierno. Una de ellas del dirigente Juan Grabois, en donde además de los ex funcionarios argentinos se promovía investigar a la ex directora gerente del FMI, Christine Lagarde; David Lipton, por la época director gerente interino del FMI y demás funcionarios del gobierno nacional y del FMI.

El objeto de la investigación

Puntualmente, el fiscal Picardi intenta esclarecer si a partir de la firma del acuerdo con el FMI se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos que agravó notablemente una matriz de endeudamiento externo destinado “a obtener divisas para su posterior fuga, en perjuicio de las arcas públicas”.

“La pesquisa deberá determinar si los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales. Similarmente, se intentará establecer si la hipótesis descripta se llevó adelante concertada y/u organizadamente entre ellos y/o con otros sujetos que no se desempeñaban en el Estado Nacional”, dijo Picardi en su dictamen original cuando empezó la causa.

Y en ese momento, si se repasa ese dictamen, el fiscal ya había puesto el foco sobre Lagarde y Lipton a los que el Gobierno no mencionó en su denuncia: “Se deberá averiguar si los funcionarios del BCRA actuaron en contraposición a los mandatos planteados en dicha Carta Orgánica, así como si Christine Lagarde y David Lipton actuaron en contraposición a las normativas del FMI en el marco de un acuerdo con funcionarios públicos argentinos”.

Búsqueda de pruebas

En un dictamen firmado en los últimos días antes del inicio de la feria judicial de invierno y al que accedió Infobae, Picardi planteó que “dado el estado de avance que transita la presente investigación” era necesario llevar adelante una serie de diligencias útiles para la profundización de “aspectos concretos que componen la hipótesis delictiva”. Y, en ese sentido, le pidió a la jueza Capuchetti que se ordene una serie de informes

Al Fondo Monetario se le solicita que envíe, vía digital, “copia de todos aquellos documentos elaborados por la Junta Directiva de ese organismo con motivo de la negociación llevada a cabo en el marco del Acuerdo de Derechos de Giro (SBA por sus siglas en inglés) celebrado con la Argentina el 12 de junio de 2018 -y sus posteriores modificaciones”. Y a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga llegar los informes de auditoría realizados en el ámbito del Banco Central de la República Argentina a los Estados Contables correspondientes a 2019.

El fiscal también busca que el BCRA, previo levantamiento del secreto bancario, no solo remita los estados contables de 2018 y 2019, sino que “identifique el/los número/s de cuenta/s operativa/s de titularidad del Gobierno Nacional en esa entidad en los que se depositaron los desembolsos efectuados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con motivo del acuerdo Stand-By celebrado con nuestro país en el mes de junio de 2018 -y sus modificatorias-” y precise “los movimientos bancarios operados” esas cuentas. Puntualmente, el ministerio Público quiere saber si “luego de la modificación efectuada en noviembre de 2018″ al convenio entre Haciendo y el Banco Central “fueron destinados fondos desembolsados por el FMI con motivo del Acuerdo Stand-By a la venta de moneda extranjera”.

Las diligencias solicitadas por el Ministerio Público también apuntan a información del Ministerio de Economía: ahí quieren copias de “las órdenes de operación para la venta de divisas ordenadas por la entonces Secretaría de Hacienda de ese Ministerio al Banco Central de la República Argentina en el marco del “Convenio MH-BCRA” elaborado con motivo del Acuerdo Stand-By suscripto entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional”. Particularmente, resultan de interés todas aquellas notas a través de las cuales se instruye al BCRA a que se realicen distintas operaciones que incluyen la subasta de divisas contra la cuenta ‘Depósitos del Gobierno Nacional en Moneda” y los “extracto de operaciones registradas en el Sistema de Información Financiera” entre 2018 y 2019.

La fiscalía pide además detalles de las proyecciones efectuadas por la Dirección de Deuda Pública en relación a los reembolsos pautados por el acuerdo y la información sobre “el stock de la deuda pública de la Administración Central denominada en moneda extranjera y la deuda estimada en manos de las agencias del sector público”.

En otro orden, la fiscalía reclamó identificar las cuentas en pesos y en dólares del Tesoro Nacional y el BCRA “en los que ingresó el financiamiento girado por el FMI con motivo del acuerdo celebrado en junio de 2018 –y sus modificatorias”, se detallen “los montos desembolsados por el FMI con motivo del acuerdo, con especificación de sus fechas e identificación de las cuentas operativas en las que fueron acreditados” y se indique “el monto total que el FMI efectivamente desembolsó en el marco del acuerdo citado”.

“Finalmente, informe si, luego de la modificación efectuada en noviembre de 2018 del convenio celebrado entre el entonces Ministerio de Hacienda y el BCRA con motivo del empréstito solicitado por nuestro país, se destinaron fondos provenientes de los desembolsos efectuados por el FMI a la venta de moneda extranjera”, apuntó.

Cuando se reactive la actividad judicial, tras la feria de invierno, la jueza Capuchetti analizará los pedidos del Ministerio Público para definir los próximos pasos de la investigación, indicaron a Infobae las fuentes consultadas.

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