Movimientos sociales oficialistas y piqueteros marcharon a Tribunales en reclamo por una supuesta “criminalización de la protesta popular”

Las organizaciones populares oficialistas y opositores al gobierno de Alberto Fernández están convencidos que hay una “persecución política y judicial” contra ellos; y que esto deriva de su posición “confrontativa” a las políticas sociales del Frente de Todos. Por ese motivo hoy protagonizaron una numerosa movilización desde el Obelisco Porteño a los Tribunales, y sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ubicado en la calle Talcahuano al 500, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las consignas de la manifestación se resumieron en dos: “Basta de Judicializar a los organizaciones populares” y “Basta de discursos de odio y estigmatización”. Fue una movilización “sin grietas”. Estuvo representado todo el espectro social: La Unidad Piquetera, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la agrupación MST-Teresa Vive y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Además, en todas sus vertientes: Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular Darío Santillán, el Movimiento Misioneros de Francisco, entre otros.

La marcha fue propuesta hace varios días por la CCC, liderada por el diputado Juan Carlos Alderete y ayer, en la segunda cumbre que realizaron los principales dirigentes de la Unidad Piquetera, la UTEP y el FOL, se acordó realizar una marcha “unificada”, con lo cual el mensaje fue muy potente.

A esta movilización contra los integrantes de la Corte Suprema le seguirá la lanzada por el Polo Obrero de Eduardo Belliboni, para el 27 de julio, a la cual también se unirán delegaciones de la UTEP, es decir del denominado “sindicato de la economía popular” integrado por los movimientos que forman parte del Frente de Todos.

Las protestas de los movimientos populares por la “estigmatización” y la denunciada “persecución política y judicial”, coincide con dos hechos: el cuestionamiento de Cristina Fernández de Kirchner a la “tercerización” de las políticas sociales, en cabeza del Movimiento Evita, que responden a los dirigentes y funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro; y los 30 allanamientos que se realizaron contra comedores y viviendas de dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa, el FOL y Barrios de Pie, entre otras en las últimas semanas.

El expediente, caratulado como “averiguación de delito”, se inició en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri y tenía por objetivo investigar supuestas irregularidades con los planes sociales como, por ejemplo, exigirles a los beneficiarios ir a marchas o aportar de manera compulsiva un porcentaje de los haberes que reciben del Estado por el programa Potenciar Trabajo.

En uno de esos allanamientos, en la casa de dirigentes de la CCC, la policía secuestro 50.000 dólares y 7.000.000 de pesos. El diputado Juan Carlos Alderete, líder del espacio, asegura que puede explicar el origen del dinero y que no hay nada irregular.

En estos hechos se basan los reclamos sobre la supuesta persecución de los magistrados.

“No es casual el ataque simultaneo a la CCC en la Provincia de Buenos Aires, a numerosos movimientos populares en Jujuy y en todo el país con causas armadas, infiltración policial, escuchas ilegales, allanamientos y filtraciones a la prensa macrista coincide con nuestro enfrentamiento por el hambre y las necesidades populares e impunidad para los que endeudaron al país y se fugaron 44.000 millones de dólares”, le dijo a Infobae uno de los dirigentes que encabezaron la movilización al edificio de Tribunales.

En las últimas cuatro semanas, y como no ocurrió desde que el Frente de Todos desplazó a Mauricio Macri de la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2019, la inmensa mayoría del espectro de las organizaciones sociales tomaron las calles, avenidas y hasta la Plaza de Mayo.

Las exigencias al Jefe de Estado y a sus ministros, sobre todo al de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y a la de Economía, Silvina Batakis estaba parcelada. Los piqueteros exigen “universalizar” el programa Potenciar Trabajo, tal la postura pública del Polo Obrero, de Eduardo Belliboni y la Unidad Piquetera, integrada entre otros por Barrios de Pie-Libres del Sur, liderado por Silvia Saravia.

El Salario Básico Universal, reclamado con vehemencia por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, cuyo secretario general es Esteban “Gringo” Castro, también se hizo escuchar con vehemencia.

De hecho, ayer, desde Puente Pueyrredón, Grabois, que estaba acompañado de la UTEP y la Unidad Piquetera le dijo a Alberto Fernández: “Si no te gusta el Salario Universal, inventá otra cosa. No salgas a decir que hay que calmar a los mercados”. En ese discurso le aseguró al mandatario que “hay gauchos y gauchas que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”. A continuación, el dirigente social —que se referencia el la Vicepresidenta de la Nación— se expresó casi a los gritos: “Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”, en la casa de Gobierno lo interpretaron como “una amenaza”.

En la marcha de hoy Grabois no estuvo presente pero sí envió una delegación en apoyo al reclamo contra la “persecución judicial macrista”, según las pancartas alzadas por la Corriente Clasista y Combativa.

Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la poderosa UTEP, que encabezó una de las columnas frente al Palacio de Tribunales dijo: “Nosotros necesitamos darle una luz de esperanza a muchos compañeros y compañeras que están atravesando una situación muy difícil”. Luego recordó: “Hubo allanamientos en comedores y merenderos que son el núcleo de nuestras organizaciones. Que no aflojaron ni en pandemia, que fueron capaces de dar de comer, cuidar y organizar la vida de millones de personas. Esto es lo que hoy ataca el poder fáctico: económico y político que se pusieron de acuerdo en avasallar a los pobres. Por eso estamos construyendo la unidad para no permitir el avasallamiento del poder judicial y político. Esta unidad debemos cuidarla”.

Castro hizo referencia entonces a los acuerdos a los que llegaron para marchar juntos con los piqueteros por varias reivindicaciones sociales pero, sobre todo, por la “criminalización de la protesta social”.

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