A raíz de la nota publicada este domingo por Infobae, donde se advierte que el Gobierno porteño sólo le cobra $55.000 por mes a las empresas que manejan el millonario negocio del acarreo de autos en la Ciudad de Buenos Aires, el Auditor General Juan Calandri señaló que se trata de una “situación inentendible” y confió en que finalmente “se llame a una nueva licitación en agosto”.
“Ese canon es lo que paga una persona por un departamento de dos ambientes en la ciudad. El valor está congelado desde 2014, cuando la tasa de acarreo salía $350. Hoy cuesta más de $6.000″, ejemplificó Calandri al ser entrevistado por Luis Novaresio en LN+.
Actualmente, la concesión del acarreo está en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. Y encima, hasta hace apenas dos semanas, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido.
Al ahondar en el tema, Calandri señaló que el gobierno porteño no solo se hace cargo de pagar el sueldo de los agentes de tránsito que van a bordo de la grúa para labrar las infracciones de tránsito sino que también se hace cargo de pagar el 20% de los salarios de los trabajadores de ambas concesionarias.
“El Gobierno porteño firmó un acta con las empresas en las que se comprometió a abonar parte de los suelos. Eso equivale hoy en día a $1,5 millones por mes por empresa”, enfatizó el Auditor General.
Más allá de avalar toda la información publicada por este medio, Calandri admitió que “nadie presentó ninguna denuncia penal” al respecto. “Desde la Auditoría elaboramos un informe que se envió a la Legislatura y la Coalición Cívica también envió un proyecto de ley para que se pueda normalizar cuanto antes. Esperamos que sea el último año que se siga con esta irregularidad”, sostuvo.
En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que elevó su facturación a $547 millones, según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo el año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millones de esos fondos, el 0,2%.
“La ecuación económica siempre fue favorable a las empresas”, se quejó Calandri, que si bien dijo que en principio se había determinado que la Ciudad recibiera un 2% de los ingresos, en la práctica esa cifra “terminó en el 0,2% por la inflación”.
Para tener una idea de lo millonario que es el negocio de las grúas Calandri indicó que “en media hora de trabajo, las concesionarias recaudan los $55 mil de canon mensual”.
A pesar de que el PRO lleva 14 años al frente de la Ciudad y Rodríguez Larreta más de seis como jefe de Gobierno, la concesión todavía no fue renovada. “Lo que necesitamos, como cualquier persona que alquila un departamento, es una cláusula de actualización por inflación ”, dijo Calandri en otra entrevista que brindó a Radio Mitre. Y agregó: “Este se viene prorrogando años tras año y el saldo es negativo para la Ciudad.
Lo curioso es que el último informe de la Auditoría, que fue publicado en marzo de 2021 y analizó la situación hasta el 31 de diciembre de 2016, había sido aprobado por unanimidad.
Dakota tiene como presidente y cara visible a Marcelo Violante, que se hizo cargo de la empresa que manejaba su tío, el empresario Reinaldo Niella. Violante además está relacionado a otras dos empresas que ganaron en los últimos tres años otras concesiones del gobierno porteño. Junto a Juan Ramón Violante, crearon en febrero del 2021 la empresa Ragnarv SRL. Cinco meses después, la empresa se quedó con la primera licitación del gobierno porteño para alquilar cocheras al Ministerio de Espacio Público por un total de $9 millones.
BRD, en tanto, es presidida hoy por Bernardo Marcelo Pérez y tiene a Ricardo Chiantore como vicepresidente. Ambos tomaron la posta de sus padres, José Ricardo Chiantore y Bernardo Manuel Pérez, que conservan el cargo de directores, junto a Carlos Alberto Tomé.
Los Chiantore, padre e hijo, figuraron en la lista de clientes argentinos de 4.040 cuentas bancarias del banco HSBC radicadas en Suiza, denunciadas por la AFIP en 2014 por el posible delito de evasión fiscal. La familia tiene, además, inversiones en el rubro agropecuario. Son socios de Establecimientos la Loma, Mallin Grande SA y Estancia Sagrada Familia SA.
Pérez, en tanto, tiene una estrecha vinculación con Hugo Moyano, el líder de Camioneros, según publicó Infobae. El presidente de BRD se mostró junto al sindicalista en numerosas reuniones con dirigentes porteños. De perfil bajo, su nombre pasa desapercibido, excepto por los millonarios negocios porteños.
“Los antecedentes de estas dos empresas son también negativos. Una de las empresas no presenta su balance hace cuatro años en el IGJ. Y en la otra, el presidente está vinculado a Moyano y el vicepresidente aparece en esa denuncia del 2014 de cuatro mil argentinos que tenían cuentas en el HSBC radicadas en Suiza”, concluyó el Auditor General de la Ciudad, quien aclaró que en la próxima licitación - que se lanzaría en agosto, según fuentes oficiales- los acarreos los va a cobrar el Gobierno de la Ciudad, que será el encargado de pagarle un monto fijo por a las concesionarias por el servicio.
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