Citaron a indagatoria a un funcionario nacional y a otras 30 personas por la estafa a un jubilado en coma

Finalmente, a horas de que la causa quedara en la nada, el fiscal Jorge Grieco, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Delitos Económicos de Lomas de Zamora, ordenó más de 30 indagatorias por la estafa que sufrió Luis Vázquez, un empresario inmobiliario de 80 años que se quedó pobre cuando estaba agonizando y un apoderado le vendió 34 propiedades a familiares y a amigos a precios irrisorios. El caso había sido revelado por Infobae el año pasado. Entre los llamados a dar explicaciones en indagatoria está el secretario de Desarrollo Territorial en Ministerio de Hábitat de la Nación, Luis Scatolini, socio de la escribanía de Ezeiza que tuvo intervención en los hechos investigados.

Así surge del dictamen al que accedió este medio firmado ayer, jueves por la tarde, por el fiscal Grieco. “Existiendo elementos suficientes e indicios vehementes de la perpetración de los delitos de defraudación por administración fraudulenta” y “falsedad ideológica”, y “motivos suficientes para sospechar que los aquí nombrados han participado de su comisión, corresponde designar audiencias de indagatorias entre el 12 y 16 de setiembre próximo para escuchar a todos los involucrados “a los fines de recibirle declaración en los términos del art. 308 primer párrafo del Código Procesal Penal”, se sostuvo.

Si el fiscal no llamaba a indagatorias antes del 26 de julio, la causa se caía. Es que hoy es el último día de actividad judicial previo al receso judicial de invierno. Por eso este dictamen llegó sobre la hora de prescripción. La citación a indagatoria suspende esos plazos.

Un detalle que, ahora, deberán pelear los familiares de las víctimas: para el fiscal, el perjuicio económico provocado para los herederos de Vázquez fue de $7.790.000, según la escritura nominal de la venta que está cuestionada como simulada. La tasación realizada sobre los inmuebles vendidos, en cambio, asciende a 14 millones de dólares. Esa es la cifra que reclamara la familia, indicaron a Infobae las fuentes consultadas. También pujarán para que los delitos sean considerados en concurso real, como maniobras independientes que deben sumarse entre sí, y no concurso ideal, como dijo el Ministerio Público. Para los denunciantes implican penas de más de 45 años de prisión para los responsables.

Todo se dispuso en el marco de la causa que se inició el 7 de junio de 2020 con la denuncia de los herederos de Vázquez. Allí se investiga por qué, en solo 59 días, desde 19 de julio al 16 de setiembre de 2016, cuando Luis Vázquez estaba “internado en grave estado de salud, con un grado de conciencia mínima, asistencia respiratoria mecánica, cuadripléjico y con una traqueotomía” se transfirieron 34 inmuebles “a un precio absolutamente ridículo –que tampoco ingresó a su patrimonio”.

Algunas propiedades se vendieron a personas que cobraban la AUH y por lo tanto no tenían solvencia económica para comprarlas. De todas maneras, según las actas, algunos de las transacciones se hicieron a un monto inferior al valor de mercado, en más de un 7 mil por ciento de descuento. Las ventas las hizo Maximiliano Teta, apoderado desde 2009 del jubilado. Todas las operaciones, realizadas en efectivo, se hicieron ante el escribano Andrés Ariel Ringuelt.

La citaciones se firmaron mientras en Comodoro Py 2002 el fiscal federal Guillermo Marijuan pedía copias de las actuaciones que se tramita en la fiscalía de Lomas de Zamora: abrió una investigación preliminar bajo la sospecha de que en esta maniobra pudo haber lavado de dinero. En la fiscalía de Marijuan ya tramitó una causa contra Ringuelet que databa de 2004, indicaron a Infobae las fuentes consultadas.

Los pedidos de indagatorias estaban desde el inicio de la causa a solicitud de los denunciantes, junto al reclamo de una treintena de allanamientos. A lo largo de casi dos años no se ordenaron medidas de relevancia. Con el caso a punto de prescribir y la insistencia de los familiares de Vázquez, se dispuso un allanamiento a la escribanía donde se hicieron todas las operaciones.

El trámite no estuvo exento de sospechosas: los querellantes fueron citados en una dirección ubicada a 25 minutos del lugar de la escribanía. Los policías ya estaban en el punto del objetivo con testigos. Del lugar, vieron salir a una mujer con un cochecito de bebé. Todo fue filmado por uno de los abogados que, sospechando, se fue directo a la escribanía de Canning porque olfateó una maniobra.

En ese allanamiento se encontró una prueba clave: aparecieron documentos en donde los supuestos compradores firmaban, después de comprar, un poder en favor de Teta, el apoderado acusado de infiel. “¿Por qué darle un poder al que me vendió?. Solo porque la venta fue simulado”, afirmó el abogado Juan Caimi Villanueva, en representación de los herederos. Esos datos constan en el libro de protocolo que pertenece al Colegio de Escribanos y no se puede modificar el orden de las actas.

Pero además de esos registros, los herederos también hallaron en esos documentos las pruebas que, a su criterio, salpican a Scatolini, un escribano socio de Ringuelet que hoy está a cargo de la secretaría de Desarrollo Territorial en Ministerio que conduce Jorge Ferraresi. Es que se determinó que el hoy funcionario nacional suscribió los informes de dominio de las escrituras que desapoderaron de los bienes a Luis Vázquez. Para los denunciantes, tanto el escribano Ringuelet como su socio Scatolini tuvieron participación en todas las operaciones realizadas por Teta, supieron que el poder utilizado para perjudicar a Vázquez se encontraba caduco y aún así siguieron adelante.

Consultado por Infobae, Scatolini negó cualquier vinculación con los hechos irregularidades. “Están buscando mi desprestigio. Cualquiera puede pensar este es un h.d.p por lo que le hicieron a este viejito. Pero no hay ningún motivo que me vincule a mí con esto. Yo no autoricé ninguna escritura. Las escrituras las autorizó el escribano Ringuelet, que estoy convenido no tiene ninguna cuestión que haya sido al margen de nuestra responsabilidad profesional. Si se firmó un informe de dominio, que no me consta, es un trámite administrativo que no perjudica en lo más mínimo la situación patrimonial de nadie... Yo tengo mi conciencia tranquila y jurídicamente no tengo ninguna participación. Mi socio autorizó las escrituras. Yo ni conozco la causa porque no tengo nada que ver”.

El abogado de Ringuelet también rechazó las acusaciones de la querella. “Esto es un conflicto intrafamiliar entre sucesores, para la escribanía fue una operación más”, dijo el defensor Alfredo Gascón. “Que le vayan a preguntar al apoderado qué hicieron con la plata”.

Estas declaraciones, adelantadas a Infobae, serán entonces la estrategia que desplegarán los escribanos de cara a la decisión que se tomó en la tarde del jueves.

Es que el fiscal entendió que se encontraba acreditado que “entre los días 13 de julio 2016 y el 16 de septiembre de 2016, en la sede de la escribanía Ringuelet Andrés Ariel -Juan Luciano Scatoilni, sito en la calle Castex 3489, oficina 6, de la localidad de Canning, partido de Ezeiza”, el escribano Ringuelet actuó como notario autorizante de las operaciones que hizo Maximiliano Alejandro Teta, quien vendió propiedades de Luis Vázquez, “quien a la fecha se encontraba incapacitado físicamente, imposibilitado para defenderse de las maniobras realizadas en su perjuicio”.

La imputación fiscal sostiene que Teta buscó un “lucro indebido para sí en perjuicio de Vázquez y los intereses que le habían sido confiados”. También que “los aquí mencionados Ringuelet y Teta desplegaron esas maniobras con Juan Luciano Scatolini, quien requirió los informes de dominio” que más tarde compraron las propiedades.

Además de Ringuelet, Teta y Scatolini, la nómina de citados a indagatoria se completa con: Fernando Ezequiel Serrano, Emiliano Uema, Alejandro Javier Villa, Claudio David Carrizo, Cristian Lionel Chirolla, Solange Grisel Di Marino, Adriana Beatriz Lehmann, Maximiliano Javier Di Marino, Mario Arnaldo Rota, Susana Adriana Pan, Nanci Susana Melgar, Silvia Verónica Teta, María Florencia Uema, Alejandro Mauricio García, Mario Julián Menéndez, Patricia Ibarra, Miguel Mauricio Zambrano, Juan Bautista Zambrano, María Laura Zambrano, Galinda Vera Jaramillo, Elena Quevedo, Roberto Manuel Pilar, Enrique Cayetano Vitelli, Ian Yoel Rodríguez, José Luis Villalobo, Fabio Enrique Alegre, Vanina Brandon y Alina Ventura Martínez.

Una sola persona de las que pedía la familia de Vázquez no fue llamada a declarar: se trata de Pablo Nelson Visentin, quien -según los particulares damnificados- tuvo acceso a la caja de seguridad bancaria de Vázquez cuando éste se encontraba internado. “Después del fallecimiento de Luis Vázquez, la caja fue abierta y se encontró vacía”, afirmaron los abogados denunciantes.

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