En pleno juicio, el senador nacional Oscar Parrilli criticó al juez Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal 7 que lo juzga por el libro “La década ganada”: “Considero que usted no es un juez natural, sino un juez especial que esta puesto aquí de una manera ilegal y arbitraria”. Castelli le contestó: “Soy un juez de la Constitución y estoy acá junto a mis colegas para garantizar un juicio justo al señor Parrilli y a las demás personas imputadas”.
Todo ocurrió ayer durante la indagatoria de Parrilli en el juicio oral en el que está acusado de haber dado un adelanto de 800 mil pesos para el libro que finalmente no se imprimió. El senador nacional y uno de los dirigentes políticos más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió declarar presencialmente. “Para mirarlo a los ojos a los señores jueces y en especial al dr. Castelli”, dijo Parrilli.
“Yo considero que usted debería haberse excusado en esta causa. Y con todo respeto le digo que sinceramente me llama la atención de que usted me esté juzgando porque hay hechos que han demostrado una enemistad manifiesta por parte suya hacia mi persona como también hacia otros funcionarios de la administración empezando por la doctora Cristina Fernández de Kirchner en la causa cuadernos. Y yo considero que usted no es un juez natural, es un juez especial que esta puesto aquí de una manera absolutamente ilegal y arbitraria”, le dijo a Castelli.
Castelli fue uno de los jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri. Pasó de un Tribunal Oral Federal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py. Cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández consideró que había 10 traslados que se habían hecho de manera irregular y que para eso debían tener el acuerdo del Senado para su nuevo cargo, tal como establece la Constitución Nacional. Uno de ellos, el de Castelli. Otros dos los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal de Comodoro Py.
Los 10 jueces fueron citados al Senado pero Castelli, Bruglia y Bertuzzi no se presentaron. Iniciaron causas judiciales que llegaron a la Corte Suprema de Justicia por considerar que era inconstitucional el reclamo y que sus traslados habían sido legales. En el caso de Bruglia y Bertuzzi, el máximo tribunal dijo que los traslados no eran permanentes y que debían seguir en sus cargos hasta que se haga el concurso público. La situación de Castelli todavía no fue resuelta.
“Usted tuvo palabras muy agraviantes, muy injuriosas. Dijo que participamos de una maniobra ilegal, habló de que tenemos una prepotencia institucional coordinada”, señaló Parrilli al hacer referencia a una nota que Castelli presentó en el Senado. “Entiendo que usted no es un juez de derecho, es un juez de hecho. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Si seguirá con esta causa juzgándome o no. Y si ya tendrá o no, no lo sé, la sentencia escrita más allá de lo que yo diga o de las pruebas que se puedan adelantar. Y usted está aquí para juzgar a la ex Presidenta en la causa de los cuadernos. Quise venir a decírselo personalmente a usted”, sostuvo Parrilli. El Tribunal Oral Federal 7 tiene a su cargo la causa de los cuadernos en la que Cristina Kirchner es una de las acusadas.
El juez Castelli - que junto a sus colegas Enrique Méndez Signori y Fernando Canero está a cargo del juicio- le preguntó a Parrilli si lo había dicho era formalmente un planteo de recusación. El abogado del senador, el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, dijo que no, que se trataba de una posición porque estaba convencido que el planteo si lo hacía iba a ser rechazado y que no buscaba demorar el juicio.
Entonces, Castelli le contestó: “Solo decir entonces, al no haber planteo de recusación, en función de las palabras que yo soy un juez de la Constitución y estoy acá junto a mis colegas para garantizar un juicio justo al señor Parrilli y a las demás personas imputadas”.
Luego Parrilli habló de la causa judicial. El senador está acusado por haber autorizado cuando era secretario General de la Presidencia el pago de 800 mil pesos como adelanto para el libro “La Década Ganada” que después no se imprimió. “Esta causa existe solamente porque hubo una persona que ejerció el cargo de juez, Claudio Bonadio, hoy fallecido, que tuvo una persecución política e ideológica. No solo contra mi persona sino contra, en primer lugar, la actual vicepresidenta de la nación y varios de los que fueron miembros del gobierno del año 2003 al 2015″.
El senador explicó que por el libro se hizo una licitación pública de la que participaron cuatro empresas privadas que ganó la Casa de la Moneda porque ofreció el precio más bajo y que después, inclusive, fue menor. Sostuvo que los 800 mil pesos de adelanto era lo que establecía la licitación y que después el libro no se imprimió por “oportunidad, merito y conveniencia” de no hacerlo.
“La plata salió de la Secretaria General del estado que fue a otro bolsillo del estado, que es la Casa de la Moneda. No es la primera vez que una obra pública fue adjudicada que y después no termina realizándose”, sostuvo.
La acusación es por el delito de defraudación por administración fraudulenta que el Código Penal establece que para que se configure ese delito debe tener como objetivo “para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño”. Y Parrilli sostuvo que no hubo daño ni ninguna persona fue beneficiada.
“La acusación no describe una coima, cómo se desvió el dinero, o si hubo una licitación amañada. No se de que me están acusando, cuando me lo digan me voy a poder defender, concluyó el senador.
Junto con Parrilli también están acusados Katya Daura, ex titular de la Casa de la Moneda, Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y a Matías Njirjak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.
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