Causa Vialidad: el abogado de Cristina Kirchner aseguró que corresponde que la Vicepresidenta sea absuelta por falta de delito

Este lunes empiezan los alegatos en la causa Vialidad, donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 juzga a Cristina Kirchner, Julio de Vido, Lázaro Báez y a otras 10 personas por conformar una asociación ilícita que habría direccionado obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 para favorecer al empresario patagónico. La Corte Suprema ya rechazó todos los recursos con los que se pretendía frenar el juicio y el veredicto llegaría antes de fin de año. Primero hablarán los acusadores y luego será el turno de los acusados. Cristina Kirchner está sexta.

En este marco, su abogado Carlos Alberto Beraldi, habló con Infobae, sobre los fallos adversos de la Corte, la politización de la Justicia y la frustrada reforma judicial.

— En las causas dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces sobreseyeron a la Vicepresidenta sin juicio. ¿En Vialidad va a lograr que la absuelvan?

— Las pruebas que se escucharon en el debate y los elementos documentales muestran que la acusación es ridícula. No solo la tienen que absolver. Debería llamarse la atención a quienes promovieron la investigación. No se puede sostener que leyes del Congreso o actos del Poder Ejecutivo puedan ser los instrumentos para la comisión de un delito. En este expediente se ve de manera clara cómo se usan las causas con fines políticos. Corresponde que absuelvan por inexistencia de delito a la Vicepresidenta y a todas las personas que están acusadas.

— ¿A qué se refiere con “llamar la atención” de quienes llevaron a cabo la investigación?

— Es un llamado de atención que tiene que ser presentado por los órganos que correspondan. Cuando el juez Ercolini tomó este caso en 2008 (el de obra pública) primero dijo que no era competente, lo mandó a Santa Cruz y se sobreseyó. Y en Hotesur dijo que alquilar un inmueble a una persona que tiene obra pública no constituye delito. Pero cuando cambió el Gobierno dijo todo lo contrario. Es un comportamiento que tiene que ser analizado por el Consejo de la Magistratura. Esto es un escándalo y son cosas que no deberían seguir ocurriendo.

— Usted dice que nunca una ley del Congreso o decretos del Poder Ejecutivo podrían constituir delitos (que es similar a lo que dijo en la causa Memorándum). Pero, si esto fuera así, prácticamente no habría delitos contra la administración pública, porque la mayoría se realizan justamente manipulando herramientas normativas.

— Una cosa es dictar un acto administrativo concreto (un decreto, una resolución) invocando, por ejemplo, un hecho falso o para darle un beneficio puntual a alguien. Pero si se trata de normas generales para asignar fondos de obra pública, eso es una decisión política. Las leyes del Congreso que votan presupuestos son decisiones políticas. Además, esas decisiones justificaron que se dictaran actos administrativos para ejecutar el presupuesto y esto también fue avalado por el Congreso al aprobar las cuentas de inversión.

— Si fuera cierto que en el juicio de Vialidad no se probó nada contra su clienta, entonces ¿no tenía razón la Corte cuando le rechazó los recursos y le dijo que había que hacer el juicio porque el resultado podría incluso favorecerlo?

— Los pronunciamientos que hizo la Corte carecieron de toda temporalidad. Son planteos que se hicieron hace tres años y la Corte los resolvió ahora en circunstancias completamente distintas. Por ejemplo, dijimos que era una situación de gravedad institucional porque lo que querían y consiguieron (pero no les sirvió) era sentarla en el banquillo y sacarle una foto en medio de la campaña política.

La Corte no dijo nada, pidió el expediente y 48 horas después, porque los diarios más importantes sacaron tapas diciendo que esto era insólito, retrocedió. Ahora el fallo sale a destiempo y dice cosas que no puede decir. Porque un juicio, más allá de si te terminan condenando o no, tiene que estar bien hecho. Por ejemplo, si digo que hay una matriz de corrupción y que hay 51 licitaciones que lo demuestran, después no puedo peritar solo cinco elegidas por los fiscales. ¡Es un disparate! Y es la prueba irrefutable de la manipulación de los procesos.

— Cuando la Corte pidió el expediente, ¿usted tenía información de cómo podía llegar a decidir en ese momento?

— No, yo no tengo nunca ningún tipo de contacto con los jueces ni con nadie. Mis presentaciones se hacen por escrito y en forma pública y lo que recibo es lo que el tribunal resuelve en forma pública. No tenía ninguna información ni tampoco la busqué.

— ¿Por qué dice que esta es la peor Corte Suprema desde la mayoría automática de Menem?

— La Corte se ha deslegitimado. Primero, a partir de la decisión de Mauricio Macri de designar por decreto a dos jueces que aceptaron un procedimiento que claramente es ilegal e inconstitucional. Acá hay un vicio de origen muy importante.

— Pero finalmente fueron designados conforme a la Constitución.

— No hay duda de que después el Congreso les dio el acuerdo, pero admitir en el caso personal que a uno lo nombren violando la Constitución (cuando la Corte es el órgano que justamente ejerce el último control de constitucionalidad) es una contaminación.

Y hay otras situaciones que yo no conozco y quiero ser muy prudente (pero que son de dominio público), por ejemplo, de escándalos en la obra social del Poder Judicial. Hay una causa que se está tramitando en este momento y las cosas que uno lee son bastante complicadas y comprometen la credibilidad de la Corte.

Tampoco encuentro justificación para que la Corte se metiese en su momento a respaldar a (Leopoldo) Bruglia y a (Pablo) Bertuzzi. Ni me parece tampoco acertada la decisión de hacer renacer una ley que estaba derogada para que el presidente de la Corte pase a ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Esas son las decisiones que van minando la autoridad de la Corte, que además solo tiene cuatro miembros y tendría que estar completa.

— ¿Sintió como personales las referencias en las resoluciones de la Corte a su defensa técnica?

— No, no. Yo nunca tomo las cosas de manera personal en el ejercicio de mi profesión. Son cuestiones técnicas y se puede tener una opinión, pensar que yo hago un buen trabajo o un mal trabajo. De todos modos, desde mi lado advierto que a la Corte le faltan penalistas. Eso se nota mucho por el tenor de las decisiones. Y cada vez extrañamos más a Petracchi, a Bacqué y a Zaffaroni. Porque si bien los dos primeros no eran penalistas, tenían una formación integral en derecho y sabían de garantías como nadie. Eso se nota y se extraña enormemente en el funcionamiento de la Corte actual.

— ¿Le gustaría ser juez de la Corte?

— Desde que me fui del Poder Judicial hace ya casi 30 años, nunca me planteé volver. No me lo puse a analizar nunca. Vivo de manera muy intensa el ejercicio de la profesión y me gusta lo que hago, así que por ahora estoy en un buen lugar.

— Cuando habla del uso político de la Corte, ¿cree que las propuestas que hay para reformar la integración del tribunal o incluso las propuestas de la llamada “comisión Beraldi” cambiarían algo? Porque no parece que el problema sea de esta Corte o de estos jueces en particular.

— A mí me gustaría defender la seriedad del trabajo que se hizo en el consejo consultivo, que no tuvo que ver de ninguna manera con el trámite de procesos en particular, sino con intercambiar los conocimientos y experiencias de sus integrantes para proponer ideas para mejorar el funcionamiento de la Corte, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal, para hacer la transferencia definitiva de la justicia penal a CABA y para implementar el juicio por jurados.

Con respecto a la Corte, propusimos ideas sobre federalismo, paridad de género, uso de tecnología y también sobre su funcionamiento. La idea es que funcione de una manera mucho más democrática, con procedimientos abiertos y públicos, con plazos para decidir y con una ley para que los procesos no se resuelvan cuando se les antoja. Esto sería básico para reducir la discrecionalidad y la manipulación política de los casos. Y también mejoraría la transparencia en la administración de los recursos, porque hoy no hay control de la ejecución presupuestaria. Hay acuerdos con la Auditoría General de la Nación (AGN), pero revisa con cuatro o cinco años de atraso.

— ¿Está cajoneado el informe de la comisión Beraldi?

— El informe no tuvo mayor tratamiento. Si lo pusieron en un cajón o lo sacaron de un cajón no es relevante. Lo relevante es que a partir de esa hoja de ruta se dirijan políticas para mejorar el sistema. Por ejemplo, que de una vez por todas se implemente el Código Procesal Penal Federal.

— ¿El Presidente está en condiciones de llevar adelante este tipo de reformas de la Justicia? La única propuesta que hizo (presentar el pliego de un candidato a Procurador General de la Nación) no prosperó por falta de apoyo de sus propias fuerzas.

— Yo creo que Alberto Fernández, a quien conozco hace casi 40 años, tiene las condiciones intelectuales y personales para llevar a cabo cualquier reforma en el ámbito judicial porque lo conoce como pocos. En este tiempo ocurrieron circunstancias extraordinarias que complican la situación, pero estamos en condiciones de hacerlo. En este año y medio que queda se pueden hacer muchas cosas para ir mejorando y que sean continuadas por el Gobierno que venga.

— Volviendo a la influencia de la política en las causas, ¿qué pasa con los organismos del Poder Ejecutivo que tienen intervención como querellantes o denunciantes en estos casos y que también tienen una oscilación claramente vinculada con la política? Pienso, por ejemplo, en la Oficina Anticorrupción (OA), que con Laura Alonso impulsaba las causas y con Félix Crous se retiró de las querellas.

— Uno de los temas que estaba incluido en el dictamen que nos pidió el Presidente era evaluar precisamente el rol en las causas penales de la OA y de la Unidad de Información Financiera (UIF). Con relación a la OA, hubo consenso en que, al estar en el ámbito del Poder Ejecutivo, debe limitarse a una tarea administrativa (por ejemplo, el control de las declaraciones juradas) y que las tareas penales las debe realizar solo el Ministerio Público Fiscal.

Este invento que se hizo en el gobierno de (Fernando) De la Rúa para perseguir a lo que se llamaba “casos emblemáticos de corrupción” fracasó en todos los niveles y en todos los tiempos. Para investigar los delitos ya están los fiscales. La facultad de constituirse en querellante de un organismo del Poder Ejecutivo debe ser muy limitada para evitar que cuando cambian los gobiernos cambien los criterios.

— Los jueces a los que usted critica, a comienzos del kirchnerismo, fueron muy amables en las causas que afectaban al poder, incluyendo a los propios Cristina y Néstor Kirchner...

— Se tendrán que hacer cargo los que lo defendieron. Yo puedo hablar de lo que conozco y en lo que participo. Y esta conducta la mantuve coherente en los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Carlos Menem… Siempre dije lo mismo respecto del grave funcionamiento que tenía la Justicia federal.

Y esto no es que empezó ahora. También era así con los jueces de la servilleta, cuando (León) Arslanian renunció como Ministro de Justicia. Ya en esa época, e incluso antes, yo venía haciendo críticas. Las hice siempre.

— ¿Tenía razón Arslanian cuando renunció diciendo que no iba a ser cómplice de ningún Frankenstein?

— No me acuerdo si dijo Frankenstein. Me acuerdo que dijo que no iba a nombrar a cualquier juez, específicamente refiriéndose a la Cámara de Casación. Y la verdad es que tuvo una gran razón. No nos olvidemos que una jueza a la que nombraron dijo que no sabía derecho penal y que iba a ponerse a estudiar [se refiere a la ex jueza Ana María Capolupo de Durañona y Vedia]. Y estamos hablando del tribunal penal más importante de la Argentina. Estas son las cosas que nos trajeron a la situación en la que estamos. Esto no empezó hace un año.

— ¿Cuál es la solución?

— (se ríe) No sé si hay una solución. Me parece que es un proceso. Si estamos hablando de la calidad de los jueces, hay que mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, yo creo que sus miembros tienen que tener dedicación de tiempo completo. No es un trabajo que uno hace en un rato.

Además, la selección de los jueces debe hacerse mediante un proceso mucho más abierto y transparente. Las audiencias públicas tienen que ser verdaderamente públicas. Porque para el cargo no se necesita solo saber doctrina y jurisprudencia. Y esto debería tener control ciudadano.

También tendría que controlarse al Poder Judicial. Por ejemplo, en la actualidad, luego de la pandemia, no sabemos a ciencia cierta si los jueces están yendo o no, si los empleados van o no van. De hecho, a mí me pasa en el ejercicio de la profesión que voy y nunca encuentro a nadie. Y esto solo es una tarea mínima de control que tiene que hacer el Consejo de la Magistratura.

— ¿Su defensa de Cristina Kirchner es meramente técnica o también tiene un compromiso político?

— Yo no hago política con mi profesión. A mí me contrataron como abogado para una defensa en un juicio penal. Lamentablemente, estos juicios penales tienen una extraordinaria contaminación política y no fui yo el que la introdujo, sino el Gobierno de Macri cuando impulsó estas investigaciones con jueces que le eran totalmente adictos. (Claudio) Bonadio y (Julián) Ercolini fueron dos jueces que llevaron a cabo este tipo de persecuciones totalmente ilegales que fueron corroboradas por otros magistrados.

Cuando tengo que hacer mi defensa no puedo dejar de señalar estas cuestiones. Se hizo una apología de la actividad delictiva en las causas, como las prisiones preventivas que se dictaron en la causa del Memorándum sobre presupuestos absolutamente falsos y que constituían una privación ilegal de la libertad.

Por eso, lamento que mucha gente que se dice preocupada por el Estado de derecho mire para otro lado ante estas barbaridades porque se persigue a alguien que tiene una ideología política distinta. Como digo en la facultad de derecho en la que doy clases hace más de 30 años: el Estado de derecho rige para todos.

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