De Macri a Messi, el lobby de Uber para desembarcar en Argentina

Decidida a desplegar una fuerte estrategia de lobby en todo el mundo para penetrar en los distintos mercados, Uber puso la mira en Argentina a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder, a finales de 2015. Su discurso de apertura y mayor competencia en la economía fue el terreno fértil que imaginó para expandir el negocio de la aplicación de viajes que hoy ya funciona en 16 ciudades argentinas, pero que tuvo un comienzo agitado.

The Uber Files, una filtración masiva de correos electrónicos de la compañía, logró reconstruir detalles sobre el lobby que realizó para ejecutar su agresivo desembarco en el mercado argentino. Un pedido para reunirse con Macri en el Foro de Davos de 2016, negociaciones con el gobierno porteño a través de un lobbista del Partido Republicano y un ex asesor de Barack Obama, y hasta la intención de tentar a Lionel Messi como posible “inversor estratégico” de la firma.

La información se desprende de un nuevo proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario inglés The Guardian, que recibió 124.000 archivos conteniendo 83.000 e-mails filtrados de Uber a nivel mundial, entre 2013 y 2017, cuando la empresa luchaba por ingresar a ciudades de todo el mundo. Infobae, junto con La Nación y elDiarioAr, analizaron los correos electrónicos referidos a Argentina, que expusieron el lobby de la compañía para desembarcar en Buenos Aires, una ciudad que identificaron como clave para instalar su servicio a nivel mundial.

Los acercamientos con el macrismo se intensificaron entre diciembre de 2015 y abril de 2016. Aunque realizaron múltiples gestiones con el gobierno porteño para habilitar la operación de la plataforma en la Ciudad, la empresa también buscó mantener reuniones con ministros nacionales, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, así como con diplomáticos del consulado argentino en Washington, según pudo reconstruir Infobae de los correos y fuentes al tanto de la operatoria de Uber.

“Pensamos que la llegada de Macri iba a generar un contexto más abierto al comercio, más pro mercado, y que eso nos permitiría saltar los problemas con los sindicatos, los taxis y remises. Teníamos órdenes del CEO de avanzar como fuera necesario porque consideraba que Buenos Aires era la única gran ciudad del mundo donde no operaba Uber. La incluían junto a París, Milán y otras”, relató al equipo argentino de ICIJ una fuente que siguió de cerca cómo operó Uber durante esos años.

La compañía norteamericana recibió tanto buenas como malas noticias en los años posteriores. Por un lado, el gobierno porteño se opuso al desembarco de la empresa en la Ciudad, lo que incluyó varias presentaciones judiciales. Esa negativa se basó en la resistencia de Uber a acogerse a las regulaciones establecidas para el transporte a nivel local. Pero por otro lado, el Ministerio de Hacienda de la Nación y la AFIP le otorgaron en 2019 una reducción impositiva a la empresa a pesar de que, hasta la actualidad, Uber todavía no es considerada una compañía que cumpla con la normativa para ofrecer su servicio.

Según la base de datos comerciales Nosis, Uber no registra inscripción vigente en AFIP y, de acuerdo al sitio web de este organismo, su CUIT fue cancelado y la filial en Argentina fue “inactivada por incumplimiento”.

Ante la consulta de Infobae, desde la compañía declinaron responder el cuestionario enviado por correo electrónico. En cambio, optaron por una declaración en la que admitieron dificultades en el desembarco, pero aseguraron que “a lo largo de estos seis años, Uber ha liderado la expansión de la industria de movilidad compartida en el país: más de 8,4 millones de personas han realizado viajes con la aplicación y más de 460.000 personas han generado ganancias” trabajando para la empresa.

Los mails de Uber

Sin perder tiempo, apenas siete días después que Macri asumiera como presidente, Uber Argentina SRL se registró en el país con un capital de $100.000 y domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Sus socios eran Uber International Holding BV (10%) y Uber International BV (90%), con sede en los Países Bajos, controladas por Uber Technologies INC, radicada en Delaware, Estados Unidos. Así, la plataforma de transporte daba su primer paso en su afán para instalarse como una plataforma tecnológica de transporte a nivel local.

Ese mismo día, su representante para América Latina, el colombiano Gonzalo Araujo, se reunió con el flamante secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, y dos de sus asesores. Buenos Aires siempre mantuvo su atractivo cosmopolita y era una de las ciudades por conquistar para esta empresa que se promociona como “innovadora”. Fue la primera de varias reuniones con el nuevo gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, encaradas con una agresiva estrategia de desembarco, que incluyó al lobbista norteamericano Carl Meacham, ex asesor de los republicanos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos para temas relacionados con la región.

Los movimientos de Uber eran intensos. Sin que pasaran más de 24 horas, el director de Políticas Públicas de Uber Internacional, Juan de Dios Batiz, envió un mail a la casilla de Presidencia de la Nación. ¿Qué decía el correo? Solicitaba la posibilidad de una reunión entre el co-fundador y CEO de Uber hasta 2017, el norteamericano Travis Kalanick, y el entonces presidente Mauricio Macri. Ambos coincidirían en el Foro de Davos en enero de 2016, el primer gran viaje del flamante mandatario argentino. “El motivo de tal solicitud es poder profundizar en la importancia de promover la innovación y la tecnología como motor del desarrollo económico. Como sabrán, Uber está operando a nivel mundial y América Latina no es la excepción. Argentina en particular, está en nuestros planes futuros y también queremos discutirlo”, argumentaba Batiz en el correo al que accedió Infobae.

El pedido fue respondido por Horacio Reyser, entonces asesor del Presidente para el tema de inversiones extranjeras, quien explicó que el encuentro con Macri no sería posible por “tener una agenda complicada y estar menos de 48 horas en Davos”. Reyser ofreció reunirse personalmente con Kalanick en Suiza, según los mails que forman parte de la filtración The Uber Files. Pero el encuentro finalmente no se concretó, según pudo reconstruir Infobae. Fue sólo un intercambio por correo electrónico en los que Uber se presentó como “un inversor extranjero” que podía “generar fuentes de trabajo”. Fuentes cercanas al entonces gobierno del PRO señalaron que el contacto buscado con el primer mandatario fue “a nivel institucional, sin un pedido específico concreto, por lo que no generó una interacción con otras dependencias, ministerios o gobiernos locales”.

No fue el único encuentro presidencial que buscó la compañía en Davos. The Uber Files revela, además, que los directivos de la empresa también tuvieron interés en reunirse con otros líderes mundiales, entre ellos presidentes y empresarios, en el Foro Económico Mundial de 2016.

Tuvieron más éxito para sentar a su CEO con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, también con el entonces ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, y con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre otros.

La filtración incluye también mensajes de texto y memos de la empresa que revelan cómo los altos ejecutivos se reunieron en secreto con políticos poderosos. Uber y sus asesores identificaron a cientos de “influencers” en casi 30 países para intentar modificar las leyes a su favor, incluyendo oligarcas rusos cercanos al Kremlin.

La apuesta a Messi

En esa estrategia, Uber también había posado su mirada en otro argentino: Lionel Messi. Si bien Macri y los funcionarios porteños eran clave para su expansión en Buenos Aires, Uber ya había pensado casi un año antes en el capitán de la Selección. El nombre del jugador apareció entre los correos electrónicos que componen The Uber Files, como un posible “inversor estratégico” para la empresa de movilidad, lo que configuraba también una movida de marketing para la compañía tanto en España como en Argentina.

“Estamos trabajando en una posible idea con futbolistas de alto nivel, como Messi o (Cristiano) Ronaldo, en caso de que no se avance con otros inversores estratégicos en España”, advirtieron desde la empresa en un correo electrónico de marzo de 2015. Mark MacGann, director de Políticas Públicas de Uber para Europa, Oriente Medio y África, le escribió el 2 de marzo de 2015 al ejecutivo de Uber Fraser Robinson que estaba trabajando en el tema. “El gerente de negocios de Messi es amigo, si ya no comenzaste las gestiones… Sigo trabajando en eso, (mi contacto) está en Argentina, a la espera de que me devuelvan la llamada”.

Ocho días después, Robinson le pidió una actualización de estas gestiones: “¿Alguna alegría con el representante de Messi?”, preguntó en otro correo electrónico. Los registros de la filtración no permiten reconstruir cuál fue el desenlace de esa relación con la estrella argentina, pero desde el entorno del jugador fueron tajantes: “Nunca nos han contactado. No nos reunimos con nadie de Uber porque ni siquiera los conocemos”, aclararon ante la consulta de Infobae.

La negociación en la Ciudad

Uber finalmente desembarcó en Buenos Aires en marzo de 2016. Como ocurrió en otros países de la región, su llegada no pasó desapercibida: pocos días después ocurrió la primera gran manifestación de taxistas, que realizaron más de 25 cortes de tráfico simultáneos en la ciudad. Los principales referentes gremiales resistieron su llegada, pero también desde el gobierno porteño enseguida repudiaron su modalidad.

Ni aquellas primeras reuniones con los funcionarios porteños ni los correos electrónicos habían dado resultados. Desde la comitiva encabezada por el entonces secretario de Transporte Méndez recordaron que aquel primer encuentro de diciembre de 2015 fue prácticamente un monólogo de los ejecutivos de Uber, una especie de puesta a punto del plan para lanzarse en Buenos Aires, a pesar de las advertencias de las autoridades sobre las consecuencias que podía traerle por el incumplimiento de la normativa local.

“Uber entró muy mal en la Argentina, como si fuéramos guerrilleros. Al igual que en otros países, entramos buscando el apoyo popular para así ejercer presión sobre los gobiernos y que se vieran obligados a modificar las regulaciones. El abordaje de Uber era siempre muy agresivo”, reconoció al equipo argentino de ICIJ una fuente que conoció por dentro la estrategia de Uber en ese momento. Y recordó que en la primera reunión con Méndez, la empresa planteó que el Gobierno “estaba en contra de la innovación” y que el funcionario remarcó que Uber “debía respetar la legislación vigente” y que si quería operar en la Ciudad, podía hacerlo como remise, con un número limitado de autos, algo que iba en contra del modelo de negocios de la empresa, “que necesita el mayor flujo de autos posible, todo el tiempo”.

La fuente que conoció de cerca las negociaciones relató que “a partir de allí se abrió una discusión interna dentro de Uber entre quienes plantearon que había que adoptar ese camino, el de remises (como ya había tomado su competencia Cabify) durante un tiempo, y quienes querían ir a la guerra con el Gobierno, que hasta promovieron una campaña publicitaria con solicitadas en los diarios para pegarle al Gobierno que iba a decir: ‘¿Cambiemos qué?’”, explicaron en referencia al nombre de la entonces alianza oficialista. Entre las dos posiciones, ganó la de “ir al choque” con el Gobierno y salir a la calle igual, pese a no contar con la habilitación respectiva.

Esa estrategia enfrentó a la defensa que hizo Macri durante una entrevista en la que llamó a los taxistas argentinos “un símbolo” del país. Rodríguez Larreta también fue tajante: “Uber ni siquiera se anotó para tener una empresa, no paga impuestos, no paga cargas sociales, no tienen seguro. Está totalmente fuera de la ley”, dijo en un programa de TV. “Se le bloquearon las tarjetas, se le hicieron las denuncias, hemos tenido una actitud muy firme contra Uber”, remarcó para satisfacción del sindicato de los taxistas locales.

Pese al rechazo oficial y de los taxistas, más conductores descargaban la aplicación y más clientes pedían viajes baratos por todo Buenos Aires. Uber crecía a pesar de no llegar a un acuerdo con las autoridades. Según pudo reconstruir el equipo argentino de ICIJ, fueron por lo menos unas diez reuniones de directivos de la empresa con los responsables de la gestión porteña, en distintos hoteles del centro de la Ciudad.

“Tras el lanzamiento en Buenos Aires, en 2016, se generaron conflictos y litigios que hicieron más difícil generar las oportunidades económicas y soluciones de movilidad en la ciudad. Sin embargo, la operación siempre ha observado y cumplido las leyes que se aplican a la naturaleza de su actividad, incluyendo las normas impositivas”, aseguraron desde la empresa ante la consulta de Infobae. “Tenemos un compromiso con Argentina y estamos determinados a ser parte de su futuro”, agregaron.

Los lobbistas americanos

En paralelo a la áspera negociación con el gobierno porteño, Uber continuó con los contactos con el gobierno nacional, esta vez de la mano de Jim Messina, un ex colaborador de Barack Obama que asesoró a Macri, según la página institucional del Messina Group, de acuerdo la reconstrucción que hizo el equipo de ICIJ Argentina del fuerte lobby que hizo Uber para instalarse en el país.

“Alguna vez en el ministerio de (Francisco) Pancho Cabrera (a cargo de la cartera de Producción) pidieron a la Ciudad que los escuchara, que eran una empresa moderna. Buscaban entrar por todos lados”, advirtió una fuente del gobierno porteño. El equipo argentino de ICIJ buscó conocer la versión de Cabrera, pero el ex funcionario estaba de viaje y, si bien accedió a que se le enviaran las preguntas escritas sobre el final de esta semana, no había respondido aún al cierre de esta nota.

Un personaje que conoció desde adentro la operatoria de Uber reconoció que, tras varias trabas impuestas por el gobierno porteño, el punto de inflexión llegó cuando las autoridades porteñas les prohibieron operar con tarjetas de crédito y limitaron sus viajes a pagos en efectivo. La estrategia entonces cambió y se movieron a otras provincias, como Mendoza y Salta, aunque el servicio continúa activo hasta la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires.

Con menor intensidad, los acercamientos de Uber persistieron. “Cometimos errores en el pasado, pero lo importante es aprender y no repetirlos. Estoy dispuesto a ir a la Argentina para tener un diálogo directo con el Presidente, su gabinete o con los legisladores para que quede claro que queremos construir un negocio en el país. Es necesario que entiendan que queremos ingresar al país de una manera constructiva”, dijo el director ejecutivo de Uber, el empresario iraní-estadounidense Dara Khosrowshahi, en una entrevista en abril de 2018.

Desde el gobierno porteño argumentaron que la llegada de Uber era contradictoria con el plan de desarrollo urbano para Buenos Aires, enfocado en hacer una ciudad más peatonal. El impacto que había causado esta empresa sobre el tránsito en otras grandes urbes era un modelo que el gobierno porteño no quería imitar. Desde lo político, sin embargo, se sumó otro factor: la buena relación de Rodríguez Larreta con el gremio de los taxistas, liderado en ese momento por Omar Viviani.

Pelea en la Justicia

Promovidas por el gobierno porteño, se abrieron contra Uber tres investigaciones judiciales: por evasión impositiva, por el incumplimiento de las normas y para anular el pago con tarjetas de crédito. A pesar de las presentaciones judiciales, la aplicación continuó funcionando y creciendo en la Ciudad en contra de la voluntad de las autoridades.

Las diferencias no se licuaron con el paso de los años. Desde el Ministerio de Transporte porteño todavía consideran que la operación de Uber es ilegal porque no se adaptó a la normativa local, según confirmó para esta nota una fuente de la gestión del PRO. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad avaló con un fallo a la empresa al asegurar que no cometía una contravención sobre la Constitución porteña, desde el gobierno local consideran que la compañía está en falta por “transporte ilegal”. Y pusieron de ejemplo la situación de un taxi que circula con licencia vencida.

Ante la consulta de Infobae, desde Uber aclararon: “Los más altos tribunales de la Justicia Nacional, de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia de la Provincia de Mendoza, como así también la Justicia de la Provincia de Córdoba, han dictado sentencias en favor de la legalidad de Uber y su modelo. De hecho, en la Argentina no hay ninguna sentencia firme en contra de Uber”.

Los impuestos de Uber

Las disputas de Uber en Argentina no se limitaron a la legalidad de su operación, sino también a diversas irregularidades impositivas. La primera discusión estuvo atada a la residencia fiscal de la compañía: Uber argumentaba que, a pesar de haberse inscripto ante la Inspección General de Justicia con una SRL, no estaba radicada en Argentina, sino en los Países Bajos. Por ese motivo, reclamó por el pago del Impuestos a las Ganancias en el país.

Una resolución de la Dirección Nacional de Impuestos, -oficina que depende de la Secretaría de Hacienda de la Nación-, le redujo el pago de Ganancias del 35% al 25%, por el Convenio suscrito entre Argentina y los Países Bajos para evitar la Doble Imposición. En la práctica significó una reducción millonaria en el pago de impuestos.

La casa matriz de Uber está en California, Estados Unidos. Los accionistas de Uber Argentina SRL eran las neerlandesas Uber International Holding BV y Uber International BV, pero el accionista principal de esas dos compañías es Uber Technologies INC, radicada en Delaware, una jurisdicción considerada paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. De todas formas, Uber logró obtener el beneficio impositivo por la aplicación del convenio internacional.

La resolución de la AFIP de enero de 2019 -a la que accedió Infobae- fue firmada por Jimena de la Torre, en su rol de subdirectora de Coordinación Técnico Institucional, ya que el ex subdirector de Asuntos Jurídicos de la AFIP, Eliseo Devoto, estaba de vacaciones. “Cuando el subdirector general de Asuntos Jurídicos se tomaba licencia yo era su reemplazo. He firmado muchísimas resoluciones en reemplazo de Eliseo Devoto y también del administrador general. Con respecto a este caso, el Ministerio de Hacienda es el que hace la interpretación porque justamente todo lo que tiene que ver con convenios, es el Ministerio el que tiene la facultad de interpretarlos. AFIP es autárquica pero dependemos de Hacienda. Recibimos los dictámenes internos de AFIP y los enviamos a Hacienda para que se decida lo que corresponda”, explicó De la Torre al equipo argentino de ICIJ. Y agregó: “La palabra final la tuvo Hacienda”.

Según el expediente que inició Dirección General de Impuestos, la AFIP apuntaba a encuadrar a Uber como un servicio prestado por un beneficiario del exterior, lo que implicaba la máxima tributación. Ese criterio fue sostenido por la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de AFIP durante la gestión de Alberto Abad. En disconformidad con ese criterio, Uber requirió la opinión de la Secretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda, por entonces a cargo de Andrés Edelstein y Nicolás Dujovne, respectivamente, que dictaminó a favor de una reducción en el impuesto a las Ganancias que debía pagar Uber en el país.

“Según el criterio de Hacienda (existencia de un establecimiento permanente en el país), quedaron alcanzados con el gravamen. De lo contrario, por aplicación del Convenio de Doble Tributación con Holanda, solo pagaban allá. La tasa del 35% por renta argentina a beneficiarios del exterior, solo se aplica si no hay convenio o el convenio lo admite”, explicó a Infobae una fuente al tanto del trámite del expediente en la AFIP. El organismo recaudador terminó haciéndose eco ese criterio, como quedó plasmado en la Nota 43/19 del 9 de enero de 2019.

En el entorno del ex ministro de Hacienda, afirmaron que Dujovne “nunca se reunió con la gente de Uber, ni recuerda que lo haya hecho alguien de su equipo”, ni lo veían probable. Ante la consulta para esta nota, agregaron que era “lógico” que hubiera intervenido la Dirección Nacional de Impuestos, y que “también era lógico que ni el ministro se enterara”.

Ya en la gestión de Alberto Fernández, el 19 de agosto de 2020, el abogado de Uber, Guillermo Teijeiro, solicitó una reunión con Juan Capello, el sucesor de De la Torre en la Subdirección de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP. Lo hizo invocando su rol de representante de las firmas Rasier BV y Portier BV, parte del conglomerado de firmas que Uber registró en Países Bajos. También participaron Victor Díaz Infante, director de Impuestos de Uber, y el gerente de Políticas Públicas para América del Sur de la empresa, Matías Weisz, según consta el registro Público de Audiencias. El propósito oficial de dicho encuentro era “informar sobre la modalidad del desarrollo de su actividad empresarial”. Uber declinó responder sobre esta reunión ante la consulta de Infobae.

Empleados, ¿sí o no?

Otro tema que generó controversia fue la relación contractual con los conductores de Uber, un problema que apareció en Argentina, pero también en otros países como Bolivia, Colombia, España, Paraguay y México. Uber sostiene que no es una empresa de transporte, sino el operador de una plataforma digital que conecta a los pasajeros con los conductores, los cuales son contratistas independientes y no empleados.

Bajo ese argumento, buscó evitar el pago de impuestos y cargas sociales, así como responsabilidades con sus choferes. Por ese encuadramiento previsional de los choferes, hubo reuniones de representantes de Uber - que se negaban a reconocerlos como empleados - con funcionarios de la AFIP, según recordó uno de ellos, que estuvo al tanto de ese reclamo por parte de la empresa.

“Durante nuestra gestión, nos vinieron a ver. Fue una reunión grande, con abogados. Ellos siempre planteaban que no les correspondía pagar y desde AFIP sostenían que sí”, recordó De la Torre, en referencia a las cargas patrimoniales de los conductores. Uno de esos abogados era Teijeiro, del estudio Bomchil. El equipo argentino de ICIJ lo contactó, pero declinó responder.

Hay actualmente tres causas judiciales abiertas en Argentina por el tema del pago de cargas sociales de los choferes. Dos se abrieron en el fuero Contencioso Administrativo, iniciadas por sendos recursos de Uber Argentina y Uber Portier BV para apelar la decisión de AFIP de cobrarle impuestos como empleador. La deuda por la que la compañía fue intimada ascendía a $55,9 millones en concepto de capital, correspondiente al período 2016 a 2018, más otros $109,7 millones en concepto de intereses resarcitorios.

A su vez, hay una tercera causa iniciada por AFIP en 2021 en el fuero Penal Económico por evasión de cargas patronales contra Uber, a partir de una fiscalización que permitió determinar la existencia de vínculo laboral no registrado con “conductores”.

El año pasado, CICTAR (Center for International Corporate Tax Accountability and Research) informó que la estrategia global de evasión fiscal de Uber socava la financiación de los servicios públicos”. Su informe de 2021 revela cómo la compañía utilizó más de 50 empresas fantasma holandesas, dejando pocas ganancias imponibles. “Esto es la Liga de Campeones de la evasión fiscal”, aseguró Jason Ward, el principal analista de CICTAR, en declaraciones al medio neerlandés De Groene Amsterdammer. ¿Cómo le fue a la compañía en América latina? Uber Technologies INC declaró ingresos totales por US$432 millones en el primer trimestre de 2022.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky.

El equipo argentino de The Uber Files está integrado por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz por Infobae; Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom por La Nación; y Emilia Delfino, por Eldiario.Ar

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