El juez federal Daniel Rafecas le delegó al fiscal Ramiro González la investigación por la irrupción en la oficina de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura de la Nación en la que, tal como informó ayer Infobae, se revisaron 33 sobres correspondientes a jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Y el fiscal, según explicaron fuentes judiciales, determinó cuáles serán las primeras medidas de prueba para intentar descubrir quién entró a la oficina que guarda 11.485 sobres con las declaraciones juradas que tienen datos sensibles de los integrantes de la justicia nacional y federal. Las declaraciones juradas de los jueces de la Corte Suprema de Justica de la Nación no están en esa oficina.
Una de las medidas de prueba que ordenó González indica que las cámaras de seguridad del Consejo de la Magistratura no funcionaron durante el fin de semana largo de junio pasado. Cuando los empleados volvieron a sus oficinas el 21 de junio hallaron una puerta abierta y los escritorios revueltos. Allí se determinó que alguien había ingresado.
El fiscal solicitó que la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realice un relevamiento en los alrededores del edificio de la calle Sarmiento 877 para determinar si existen cámaras de seguridad tanto públicas como privadas que pudieran haber realizado filmaciones entre el 16 y el 21 de junio pasado.
Ese pedido se generó luego de que ante una consulta de la presidencia del Consejo de la Magistratura, la Dirección de Seguridad Informática del organismo informara: “Se vieron afectados la totalidad de los sistemas de cámaras de video vigilancia implementadas en CABA. Los mismos fueron restableciendo en los días subsiguientes. Dicho esto, en el caso particular del sistema perteneciente al inmueble en Sarmiento 877 de nuestra ciudad, los registros fílmicos se interrumpieron el día jueves 16/06/2022 a las 14.21 hs y se reanudaron el día miércoles 22/06/2022 a las 9:00 hs”.
Para intentar conseguir imágenes que podrían llevar a hallar a los responsables de la irrupción, González pidió que el Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preserve las grabaciones de todas las cámaras de seguridad obtenidas entre el 16 y el 21 de junio pasado. Todo esto no sería necesario si las cámaras de seguridad del Consejo hubieran funcionado.
El fiscal González también citó a declarar a varios funcionarios del Consejo de la Magistratura. Deberá declarar Alberto Yáñez, encargado de la Superintendencia del edificio de Sarmiento al 800. También deberá dar su testimonio María Victoria Villarreal, empleada de la oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura quien el 21 de junio pasado detectó que había una puerta abierta y desorden de papeles.
La mujer fue quien llegó primero el 21 de junio luego del fin de semana largo y halló la puerta de la cocina abierta. Luego intentó abrir la puerta que separa la cocina de la secretaría donde se guardan las declaraciones y no pudo hacerlo porque la cerradura estaba trabada. Fue entonces que hubo que llamar a Yáñez quien logró abrir la puerta.
Por último, deberá presentarse en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002 María Victoria Pérez Bayonzo, prosecretaria jefe y responsable de la oficina donde se produjo el ingreso.
Fue Pérez Bayonzo quien realizó dos informes -revelados por Infobae ayer- en los que dio cuenta de que se hallaron 24 sobres abiertos y 9 que habían sido manipulados. Entre los 33 afectados por la irrupción en la oficina de declaraciones juradas se hallan los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Y también los jueces de Tribunal Oral Federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que son quienes tienen a su cargo el juicio conocido como de Obra Pública, en el que está imputada, entre otros, la vicepresidenta Cristina Kirchner. También fue abierto el sobre con la declaración jurada del juez federal Ariel Lijo, el de la jueza en lo Civil y representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero, el de la jueza en lo Civil Lucila Califano, el del juez en lo Comercial Hernán Papa, entre otros. También los sobres con las declaraciones juradas de varios funcionarios y funcionarias, como el de una secretaria y un secretario de la Cámara Federal de Casación, el de un secretario de la Cámara Federal de La Plata, el de un secretario de un Tribunal Oral Federal de la Capital y el de una prosecretaria de la Cámara del Trabajo.
González además le pidió a la División Seguridad y Custodia del Consejo de la Magistratura de la Policía Federal Argentina que realice un informe sobre el protocolo de ingreso al edificio del Consejo de la Magistratura y que incluyan allí los nombres de las personas que entraron y salieron del lugar durante los días del fin de semana largo. También deberá informar a la fiscalía la Dirección de Recursos Humanos cómo es el sistema de ingreso al edificio y además deberá confeccionar una lista con todos los empelados que estuvieron allí en los días bajo investigación.
El fiscal solicitó a las compañías de telefonía celular que informen el movimiento que hubo en las celdas cercanas al edificio del Consejo de la Magistratura. El caso se inició por la denuncia del secretario del Consejo de la Magistratura Mariano Pérez Roller. Luego de que supiera lo sucedido el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti ordenó realizar un relevamiento de la oficina de declaraciones juradas. Y así fue que se determinó que hay 33 sobres que pasaron por las manos de alguien que no se quedó con los originales. Todo hace suponer que se tomaron fotografías del contenido de los declaraciones juradas. La investigación que recién comienza se sigue de cerca tanto en la Corte como en el Consejo y obviamente en todos los despachos de los jueces y juezas que saben que sus declaraciones juradas están en poder de desconocidos.
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