Con desconfianza sobre el costo fiscal, comenzó el debate en Diputados sobre la moratoria previsional

La comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados comenzó este miércoles con el debate del proyecto de ley que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo es regularizar los períodos de aportes previsionales faltantes de personas en edad de jubilarse.

Si bien el proyecto que obtuvo media sanción del Senado no fue girado formalmente a ninguna comisión, el oficialismo decidió convocar a una primera sesión informativa donde expusieron tres expertos en materia previsional.

La iniciativa, impulsada por el kirchnerismo, fue aprobado en la Cámara alta con 38 votos: los 35 integrantes del Frente de Todos, más el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, quienes suelen votar con el oficialismo. Sin embargo, la sorpresa fue el voto positivo de la cordobesa Alejandra Vigo.

Teniendo en cuenta que los dos diputados del bloque Juntos Somos Río Negro y los tres de Córboba Federal suelen votar en el mismo sentido que los senadores de sus provincias, el Frente de Todos tendría chances de llegar al quórum de 129 votos.

Según detalló Ignacio Amigorena, Director General de planeamiento de Anses y docente de la UBA y la UNLP, el impacto en términos presupuestarios “no resulta excesivamente significativo” y el costo total rondará -en base a sus cálculos- los $12.260 millones de pesos para el 2022, es decir un 0.02% del PIB. Para el 2023, el gasto sería de $184.824 mil millones, el equivalente al 0.3% PIB.

“Esta propuesta viene a dar respuesta a una dificultad que tienen las personas para acceder a una jubilación del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), que no se debe a una responsabilidad personal sino social, relacionado con un contexto económico y social reciente”, explicó el funcionario del Gobierno.

Y agregó: “Según las bases de Anses, solo 1 de cada 10 mujeres está en condiciones de cumplir con el requisito de los 30 años de aporte, y 3 de cada 10 hombres”.

En contrapunto, Rafael Rofman, economista y Director de Protección Social de CIPPEC, señaló que las continuas moratorias funcionan como un “parche” sobre un sistema que no funciona correctamente.

“Esto no es una emergencia, es un problema estructural de la Argentina. El sistema fue diseñado pensando que todo el trabajo sería formal, o avanzaríamos hacia ello. Esa aspiración como sociedad nos salió mal, nunca hemos logrado superar el 50% de la población económicamente activa en la formalidad”, dijo.

En ese sentido, coincidió en que la población que llega a la edad de jubilación con los requisitos ronda apenas el 30%. “Ante esta realidad las moratorias fueron efectivas, porque logramos cobertura muy amplia. Pero fueron ineficientes, porque le pusimos un parche. Logramos meter a la gente adentro, eso es muy bueno. Pero esa respuesta efectiva también introduce problemas. Generó inequidades y problemas de sostenibilidad”.

Y pronosticó: “En cuatro años vamos a estar acá todos sentados discutiendo la próxima moratoria”.

Para Rofman, “tenemos un sistema que en términos de gasto sobre producto bruto es uno de los más caros del mundo. Pero si gastamos mucha plata deberíamos tener una protección de mejor calidad”.

Al momento de las preguntas de los diputados, la radical Marcela Coli indagó sobre cuál será el origen de los fondos para financiar la moratoria y reclamó que funcionarios del Ministerio de Economía, ahora bajo la conducción de Silvina Batakis, expliquen cómo lograrán darle sustentabilidad al sistema previsional.

Cuando la norma fue discutida en el Senado, desde el oficialismo reconocieron implícitamente que no contaban con el visto bueno de Martín Guzmán. “No le pregunté al ministro, le pregunté al organismo competente, la ANSES”, dijo la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

En la misma línea que su compañera de bancada, el diputado Lisandro Nieri señaló que en la actualidad los recursos corrientes no alcanzan para cubrir los gastos primarios del Estados e insistió en que Batakis debería explicar de dónde surgirán los recursos.

Por parte del oficialismo, Marcelo Casaretto aseguró que “el problema central del sistema previsional es la economía nacional que no puede consolidar el crecimiento” y funciona con altos niveles de empleo informal.

“Como definición política, quiero sostener un nivel de amplia cobertura previsional. Por supuesto que tiene un costo fiscal. Los argentinos lo tendrán que financiar, por eso lo estamos discutiendo en el Congreso”, resumió.

La iniciativa permitirá regularizar aportes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

Además, también están contempladas dentro del proyecto las personas a las que les falten hasta cinco años para llegar a la edad jubilatoria, pero no puedan llegar al mínimo de aportes. En estos casos, podrán acceder a Unidades de Cancelación de Aportes, equivalentes a un mes de servicios con un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración.

También se puso como requisito acreditar ingresos que permitan la justificación del pago de la Unidad y haber residido en el país y no haberse encontrado prestando servicios bajo relación de dependencia registrada o en carácter de autónomo/a y/o monotributista en el período que se pretende adquirir el beneficio.

Según adelantaron durante la reunión, el proyecto será girado a las comisiones de Previsión Social, Presupuesto y Hacienda, y Trabajo.

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