La investigación al Polo Obrero podría convertirse en una “megacausa” sobre la financiación de los movimientos sociales

La causa judicial que investiga la “posible conducta extorsiva y amenazas” de dirigentes del Polo Obrero (PO) sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo podría transformarse en una “megacausa” contra las organizaciones piqueteras. Se trata de personas que realizan tareas en Unidades de Gestión (UG), como cooperativas que dependen de ese movimiento popular, y a los que les descuentan el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social. A partir de hoy, el expediente pasó de la fiscalía federal de Federico Delgado a la de Eduardo Taiano por “conexidad”.

Sucede que, desde el año pasado, la Fiscalía Federal N°5 tiene abierto un expediente, en el que se investigaba al Polo Obrero y a la Organización Clasista Revolucionaria (OCR) por los mismos presuntos delitos.

En agosto de 2011, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a dos organizaciones piqueteras que habían participado de la masiva movilización del miércoles 17 de agosto, en la Ciudad de Buenos Aires. Las acusó de “extorsión”, luego de observar informes periodísticos en los que algunos asistentes aseguraron haber recibido presiones para concurrir a las protestas. La denuncia de Marijuan fue sorteada y recayó en la Fiscalía Federal N°5, que trabaja con la jueza María Eugenia Capuchetti.

Marijuan expresó en su escrito haber incorporado testimonios recogidos por medios periodísticos, en los que asistentes a la movilización reconocían tener la obligación de concurrir para no perder la ayuda social.

“Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que, si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían”, denunció Marijuan.

En diálogo con este medio, Diego Quiroga, el referente de la Organización Clasista Revolucionaria (OCR) filmado en el lugar donde pasaban lista, se defendió: “Para mí queda clarísimo que esto es una operación. ¿De qué sectores? De los sectores más reaccionarios, pero no es un ataque sólo a nosotros. Esto hay que dejarlo en claro. Es un ataque que arranca con nosotros, pero va a seguir con el resto de las organizaciones que no estamos dentro de los gobiernos. La movilización de ayer (por el 17 de agosto de 2021) fue enorme, multitudinaria, lo que se vio de nosotros por TV -del Polo Obrero y de otras organizaciones- lo interpretamos como una maniobra y que justamente viene de muchas movilizaciones que hicimos en un montón de municipios”.

Un argumento similar fue esgrimido por la Mesa Nacional del Polo Obrero después de que el abogado Juan Pablo Chiesa y el propio fiscal Marijuan denunciaran a Eduardo Belliboni (el principal referente del PO) y a Gabriel Solano, legislador porteño por el Partido Obrero. Ambos reconocieron que los casi 60.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo que cumplen tareas en sus cooperativas o Unidades de Gestión aportan el 2% de los haberes que reciben por parte del Estado para cuestiones de “logística”, es decir, para financiar las marchas y para solventar comedores y merenderos. Esto es más de $270 millones al año.

En ese escrito, Marijuan afirma que los dirigentes sociales “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” y recuerda que Solano expresó públicamente: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380″.

En su relato, Marijuan razona que el diputado porteño “admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización”.

Ahora, esas expresiones y las implicancias que podrían conllevar serán investigadas por Taiano, quien hasta ahora no logró acreditar delito en la causa que ya investigaba. A pesar de que los testimonios de las supuestas víctimas quedaron grabados por canales de noticias, la causa, según pudo corroborar Infobae, estaba a punto de cerrarse. Taiano pidió el archivo en diciembre pasado por falta de pruebas. ¿La razón? Ninguno de los beneficiarios se atrevió a ratificar en fiscalía la extorsión y las amenazas a las que se suponía estaban expuestos. Los meses pasaron, y el archivo no se llevó a cabo, por lo que ahora la fiscalía pidió la competencia que fue aceptada por la jueza Capuchetti.

En los tribunales de Comodoro Py se entusiasman y aventuran: “Se puede convertir en una mega investigación sobre la financiación y las prácticas de los movimientos sociales”.

Juan Zabaleta, en el ministerio de Desarrollo Social, lleva un prolijo registro en el que constan “unos 7.000 inscriptos al Potenciar Trabajo que manifestaron situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aportes, amenazas de bajas y obligación de ir a marchas o movilizaciones”, como ya informó este medio.

De ese total, unas 900 personas “manifestaron recibir algún tipo de amenazas”; más de 3.000 expresaron la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización”; otros 1.400 señalaron “presión para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1.700 titulares del programa Potenciar Trabajo describieron “maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de la Unidad de Gestión”.

¿Podrá nutrirse la fiscalía de estos dichos que tienen carácter de queja para poder pasar de una Unidad de Gestión a cargo de un movimiento social a otra? En cada uno de estos casos serán las presuntas víctimas las que deberán ratificar en tribunales las amenazas, extorsiones o maltrato que se supone recibieron.

En Comodoro Py se radicaron varias denuncias de tono similar. Por ejemplo, una impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri apuntaba a una dirigente de la agrupación Darío Santillán. La denuncia -tal como ya publicó este medio- exponía tres maniobras reiteradas: la exigencia de una suma de dinero mensual, asistir a reuniones de la organización y concurrir a movilizaciones bajo amenaza de perder el plan. En ese caso, la denunciante apuntaba a una maniobra más general que involucraba a un total de 55 personas que trabajaban en un merendero. No avanzó.

Tampoco lo hizo otro expediente contra dos referentes del Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico. La denuncia aseguraba que exigían ir a las marchas y hasta pedían que los beneficiarios cumplan con tareas de limpieza en las casas de los dirigentes. En la fiscalía, ninguna persona ratificó las irregularidades.

Habrá que esperar varios meses para confirmar si la denuncia contra Belliboni y Solano se trasforma en una “megacausa” o termina archivada o desestimada por “falta de pruebas”, como sus antecesoras.

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