La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este lunes un planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga el espionaje a políticos, periodistas y gremialistas que se registró durante la gestión de Mauricio Macri. La querella de la ex jefa de Estado cuestionaba el fallo de la Cámara Federal porteña que determinó que no hubo una asociación ilícita desde la cúpula de la AFI macrista. Hoy los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos no hicieron lugar a esas objeciones y, sin analizar el fondo, convalidaron los procesamientos y faltas de mérito de todos los involucrados.
“El recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara”, dijo el fallo al que accedió Infobae. Y recordó que “es la doctrina judicial emanada de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que ‘…las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal, salvo que se verifique un perjuicio que no admita reparación ulterior’”. Una lluvia de rechazos similares se firmaron esta tarde al responder a otras siete querellas que impugnaban el fallo de la Cámara Federal.
Se trata de la causa que nació en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde los ex jefes de la AFI y muchos de sus ex agentes, junto a policías y penitenciarios, fueron procesados por integrar una banda que se dedicó a espiar. Ahí se presentaban como víctimas desde Cristina Kirchner, Hugo Moyano o Graciela Caamaño hasta Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Emilio Monzó. El caso dejó esa jurisdicción el año pasado por orden de Casación, que estableció que la investigación debía sustanciarse en Comodoro Py 2002 porque si las órdenes salieron desde la sede de AFI y muchos de esos hechos sucedieron en la Capital Federal todo debía tramitarse en el edificio de Retiro.
El 21 de diciembre pasado, la Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Eduardo Farah, sostuvo que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política y decretó la falta de mérito de muchos de los implicados. Puntualmente, se resolvió la falta de mérito de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estaban acusados de asociación ilícita y espionaje ilegal. Majdalani quedó procesada pero por incumplimiento de deberes de funcionario público. Sí fueron procesados Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, junto a Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo, Jorge “Turco” Saez, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano. El delito fue violar la ley de inteligencia.
Esa resolución fue apelada ante Casación por varios de los querellantes. Y en ese contexto, el abogado Carlos Beraldi, representante de Cristina Kirchner, pidió expresamente el apartamiento de los jueces de la Sala IV que habían definido el pase del caso a Retiro, y también de los jueces de la Cámara Federal Bertuzzi y Llorens. La semana pasada, Casación ratificó su intervención en el expediente y luego convalidó a los jueces de Cámara. Hoy rechazaron el planteo cuestionando el fallo.
En base a la competencia que le asigna el Código Procesal de la Nación la Cámara resolvió denegar una nueva revisión del caso por parte de la casación y, sin ingresar al estudio de los planteos de fondo efectuados por los recurrentes, denegó las quejas por no dirigirse contra una sentencia de carácter definitivo tal como lo exige el Código Procesal. Así, los jueces señalaron que los procesamientos y las faltas de mérito implican que la investigación debe continuar; por lo que no correspondía la intervención de la Cámara de Casación en esa etapa de instrucción del proceso.
La causa se encuentra en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que ordenó una serie de medidas para reimpulsar la investigación con los lineamientos que fijó la Cámara Federal porteña y que ahora ratificó Casación. Entre esas medidas, el juez dispuso convocar como testigo a Mariano Macri, hermano del ex presidente a raíz de dichos suyo en el libro “Hermano” de Santiago O’Donnel sobre el manejo de las escuchas. Fuentes judiciales revelaron a Infobae que esa declaración quedó suspendida la semana pasada, a raíz del conflicto que existe entre el hermano del ex presidente y el periodista que escribió el libro.
El caso se abrió a mediados del 2020 en Lomas de Zamora y consta de tres aristas: una que investiga las vigilancias sobre Cristina Kirchner en el Instituto Patria promovida por la ex interventora de AFI Cristina Caamaño; otra que analiza los seguimientos a políticos, jueces, periodistas y gremialistas en virtud de los hallazgos en el chat de los SuperMarioBross; y una última, conocida como “el legajo 9″, en donde se aborda el capítulo sobre el espionaje que habría existido sobre presos kirchneristas y su entorno.
Las declaraciones del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez ante el juez Federico Villena destaparon la punta de este escándalo: dijo que un abogado y espía de la AFI, Fernando Melo, le había pedido que dejara un paquete bomba en la casa del ex secretario de Defensa José Luis Vila para darle “un susto”. Y eso permitió seguir la pista y encontrar en un chat de los espías un grupo de Whatapp -Supermariobross- en donde relataban seguimientos y vigilancias a políticos, gremialistas, religiosos, jueces, periodistas e integrantes de la comunidad mapuche. De allí también surgió la causa por el espionaje en las cárceles. El caso del Instituto Patria fue distinto: la propia interventora se presentó en Lomas de Zamora y pidió que allí se investigara si la AFI macrista había buscado dar cobertura legal a vigilancias sobre la hoy vicepresidenta.
En el juzgado de Lomas de Zamora, el juez Martín Bava y la fiscal Cecilia Incardona avanzaron en procesamientos para los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, distintos espías y agentes penitenciarios.
A instancias de Casación, el caso pasó a Comodoro Py. La Cámara Federal porteña sostuvo en diciembre pasado que no había existido una asociación ilícita. Según se escribió, las tareas de observación y seguimientos que se hicieron sobre Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su casa de la calle Juncal “tenían orden judicial” que las autorizaba; y que en el caso del espionaje a políticos sostuvo: “Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”.
Para el tribunal, sólo se pudieron corroborar seguimientos y vigilancias por parte de algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp, quienes realizaban tareas de “cuentapropismo” para futuras extorsiones. Descartaron el espionaje en las cárceles y pidieron profundizar la investigación sobre los orígenes de la causa, que nació en el fuero de Lomas de Zamora. Ese fallo fue apelado y es el sobre el que ahora se pronunció Casación. El tema del Instituto Patria que tiene a CFK como víctima se tramitó por un carril diferente. Hace unos días, una Corte Suprema de Justicia de conjueces rechazó las apelaciones y dejó firme los procesamientos.
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