Natalia Zaracho defendió el salario básico universal: “La lapicera no la tienen que tener los intendentes ni nadie”

Natalia Zaracho, la joven diputada cartonera de 32 años del Frente de Todos, está embanderada detrás del proyecto del salario básico universal (SBU), una iniciativa que apunta a implementar un ingreso masivo de subsistencia para millones de trabajadores que viven en la informalidad. Es una suerte de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) destinado a cada persona adulta que carece de un trabajo registrado.

Desde que circuló la propuesta por primera vez en 2020, el proyecto no tuvo mayor eco en el Gobierno. Sus principales propagandistas son Juan Grabois, el dirigente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y alguien con alguna mayor influencia: el Papa Francisco. La idea transitó sin pena ni gloria en el Frente de Todos, hasta que la masividad de la protestas del Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda coparon la 9 de Julio y pusieron en discusión toda la política social, en particular la del programa “Potenciar Trabajo”, que cuenta con 1,2 millones de beneficiarios.

En ese contexto de ebullición, el SBU va conquistando aliados en el oficialismo y en grupos enfrentados, como el Movimiento Evita y La Cámpora. Para Zaracho y sus compañeros de banca, el SBU permite establecer un ingreso estatal “sin intermediarios”. Y responde a una de las quejas de Cristina Kirchner, que en el acto de la CTA apuntó contra los movimientos sociales por tener “los planes” bajo su control y “tercerizarlos”. Tras ese discurso, la vicepresidente se mostró afín a propuestas como las del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, que recibió un proyecto para que este tipo de políticas estén bajo la órbita de los jefes comunales.

“Queremos que se traten en el Congreso los proyectos que tienen que ver con la mayorías. Para nosotros es muy importante que tenga tratamiento el salario básico universal”, afirmó a Infobae la legisladora, quien forma parte del pequeño bloque de tres diputados -los otros dos son Itaí Hagman y Federico Fagioli- alineados con Grabois.

— ¿De cuánto sería el ingreso del SBU y qué tipo de cobertura tendría?

— Sería la mitad de la canasta básica alimentaria (NdR: en mayo era de $13.763 para un adulto según el Indec) y se va a regular a medida que aumente la inflación. Estamos en un momento del mundo donde se está dejando afuera más del 30% de los trabajadores sin la posibilidad de tener un trabajo formal. También pasa en nuestro país. Tenemos un mercado que se mueve en una economía de especulación y que no necesita de la demanda de mano obra como antes. Trabajo hay, lo que necesitamos son derechos que acompañen a estos trabajadores y trabajadoras que tiene que crear su propio trabajo.

Natalia Zaracho, junto a un grupo de diputados ligados a los movimientos sociales (tanto “albertistas” como “cristinistas”), cerraron filas ante lo que definieron como una “campaña de estigmatización” proveniente del fuego amigo de Cristina Kirchner, y le pusieron la firma a tres iniciativas destinadas a la “economía popular”, entre ellas, el SBU, el Monotributo Productivo y la prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena. Buscan un rápido tratamiento de los textos legislativos.

— ¿Qué recepción están teniendo esta propuesta en el Frente de Todos?

- Esta semana lo venimos trabajando a fondo y pudimos acercar a sectores que no estaban definidos. Hoy tenemos consenso con la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y La Cámpora. La gente la está pasando mal, hubo más de 9 millones de personas que entraron en el IFE que no tienen un ingreso fijo. En este momento en el que se discuten los planes sociales, creo que es una posibilidad para repensarlos. A nosotros, que nos llaman ‘administradores de la pobreza’, planteamos como salida que la gente tenga garantizada la inscripción en el Estado de un ingreso que le garantice un plato de comida.

— ¿Qué tipo de resistencias y críticas había?

- Había dudas con las ideas del “pleno empleo” y lo que esto representa en el peronismo. Ojalá pudieramos tener fábricas que generen puestos de trabajo, pero es mentira que las empresas vayan a generar fuerza de trabajo suficiente, que si a la economía y a los de arriba les va bien, nos va a ir bien a nosotros con ‘la teoría del derrame’. Eso ya fracasó y en el corto plazo no va a suceder. La realidad es que ya tenemos trabajo, lo que queremos son derechos. Le estamos discutiendo al peronismo que lleve adelante nuestra agenda. Nosotros somos los descamisados del siglo XXI. Somos un nuevo emergente y tienen que acompañar esta lucha.

— Está vigente el acuerdo con el FMI, que pone como condición reducir el déficit del Estado y el gasto público. ¿Como se financiaría el SBU?

— No vengo de un área de la economía, pero lo que puedo decir es que en nuestro país no hay un problema de que no hay plata, sino que el problema es cómo está distribuida. La propuesta de Cristina de recuperar los dólares que no están declarados es positiva. Pero además de repensar lo de cumplir la deuda con el FMI, también hay que cumplir el contrato electoral de 2019, que es cumplir con “los últimos y las últimas”. El salario básico universal es una iniciativa que apunta, justamente, con empezar con ‘los últimos y las últimas’.

De cartonera a diputada

Natalia Zaracho ingresó al Congreso por primera vez en diciembre de 2021, en reemplazo de Daniela Vilar, la ahora ministra de Ambiente y Desarrollo sostenible del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Antes de llegar a su banca, Zaracho había dedicado su vida a cartonear a los 12 años, tras la crisis de 2001. En 2015 empezó a organizarse con el MTE. Desde ese lugar, se convirtió en un referente del reciclado, una de las actividades de subsistencia -junto a la venta ambulante- más representantivas de lo que se denomina “economía popular”.

El programa “Potenciar Trabajo”, hoy en la picota del sistema político, fue una “conquista” de los movimientos sociales para que se pague un “ingreso social complementario” al que ya percibían en su trabajo habitual como cuentapropistas. Para percibirlo, debían estar inscriptos en cooperativas o unidades de gestión junto a otros trabajadores informales para acceder al beneficio. Los organizadores de esas cuadrillas son, por lo general, dirigentes de organizaciones sociales y territoriales.

“Los cartoneros que recuperan material consiguen un porcentaje de plata que, junto con el Potenciar Trabajo, le permite llegar a un ingreso que se acerque a la canasta básica. Hoy nadie vive con esos 18 mil pesos del Potenciar Trabajo. Necesitamos fortalecer a los sectores que se inventan su propio trabajo, como los que trabajan la tierra o los vendedores ambulantes, que hacen no solo su aporte económico sino desde el cuidado del medio ambiente”, asegura Zaracho.

— Los empresarios y otros sectores de la sociedad suelen criticar los ingresos estatales directos, como proponen con el SBU, porque desalentarían el empleo formal. Dicen que, cuando tienen que contratar empleados, no encuentran personal porque las personas se resisten a abandonar los beneficios. ¿Cómo evalúas ese tipo de planteos?

— El problema no es que desalienta el empleo. El problema es que estamos en el siglo XXI y no estamos en la esclavitud. La verdad es que las empresas están pagando muy mal. Hoy tener un recibo de sueldo no te garantiza estar por arriba de la línea de la pobreza. Mucha gente que trabaja en la economía popular no quiere a trabajar en una fábrica porque ya tiene un trabajo.

— Ahora bien, ¿pueden competir los ingresos que genera una actividad de la economía popular con los puestos de trabajo tradicionales? También en esta economía informal los ingresos siguen siendo muy bajos...

— Hoy la economía popular no tiene la capacidad de hacerse cargo de las 11 millones de personas que se anotaron en el IFE. Todos tiene un trabajo, de algo viven, pero no lo tienen registrado. Nosotros logramos organizar un porcentaje de esta gente, que es muy chico también, por la falta de acompañamiento del Estado para fortalecer cooperativas con entregas de maquinarias. Pero la economía popular una nueva salida, junto con el empleo público y privado. Lo que necesitamos son derechos. La política y la sociedad tienen que entenderlo, y como peronistas tenemos que acompañar esta lucha.

— El Frente de Todos impulsa propuestas de leyes controversiales o muy discutidas que en la Cámara de Diputados que no logran su sanción por el rechazo de la oposición. ¿Qué crees que pasaría con la propuesta de SBU? ¿Habrá también resistencia o serán receptivos?

— Está difícil el escenario. Estamos teniendo una oposición muy irresponsable donde no se hace cargo ni un poquito de las consecuencias que dejaron con el macrismo, desde la situación que tenemos en el país y la deuda con el FMI. Nosotros vamos a trabajar para comprometerlos en la decisión que tomen, acompañen o no. La realidad es que cuando se los escucha hablar no representan a las mayorías, representan a las minorías y a ese 1% que se enriquece explotando nuestro país. Eso genera mucha preocupación. Yo tengo que sentarme, hablar con ellos y tratar de convencerlos, pero es muy difícil porque responden a un sector con mucho poder, tienen más medios de comunicación y terminan haciendo lobby como lo hicieron con la Ley de Envases.

— En su último acto, Cristina Kirchner criticó a las organizaciones sociales, dijo el peronismo “no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja” en los planes sociales y que “las mujeres son las más vulnerables” de este tipo de manejos. Ustedes rechazaron esas declaraciones. ¿Hay una diferencia política sobre el tema o un desconocimiento?

— Creo que Cristina se equivoca por una falta de conocimiento. Hay una generalización que se hace sobre algunas prácticas que están mal, por eso nosotros damos la discusión y planteamos una salida alternativa que es la del salario básico universal. No queremos tener la lapicera, ni queremos que las tengan los intendentes. Para nosotros, la lapicera no la tiene que tener nadie. Tiene que haber un Estado presente, donde la gente que necesite una asistencia del Estado pueda ir a una ventanilla y anotarse. Tenemos muy en claro nuestro objetivo y Cristina claramente es una referencia para nosotros, siempre defendió los intereses de nuestro pueblo. Cristina me cambió la vida. Yo no soy cristinista por ideología, hoy si lo soy, pero a mí me cambió la vida con sus políticas. El gobierno de Néstor y Cristina realmente fueron muy importantes para los sectores populares.

— ¿Esa intermediación en programas como el Potenciar Trabajo, existe efectivamente? ¿Ese modelo lo reinvidicás o está agotado?

— Creo que no podemos estar más en esta situación. No podemos darle visibilidad a la economía popular y a la gente que se organiza en los proyectos productivos, cuando hay mucha gente se anota por necesidad y para tener una entrada económica en estos programas. Por esto, necesitamos el salario básico universal para que todo aquel que lo necesite. Y esto va a ser muy bueno para las organizaciones sociales y para todos, porque nosotros mismos estamos planteando que no queremos administrarlos. Por otro lado, sí queremos fortalecer la economía popular, con un Estado que regularice los productivos y los controle.

— Emilio Pérsico dijo esta semana que en el mejor momento del gobierno de Cristina Kirchner tenía 11 millones de trabajadores sin derechos, en relación a las personas con trabajo precario o no registrado, y que ese era “un país de mierda que no quiere”.

— No quiero opinar sobre eso no, no lo vi y me parece que no da (risas).

— ¿No da el tono de la declaración?

— Soy consciente que en el gobierno de Cristina tuvimos que seguir organizandonos, pero no fue el mismo contexto. Siempre vivi en Fiorito y se notaban los cambios. Empecé a militar en política porque entendí que es importante que nos involucremos y que esto se va a transformar desde abajo para arriba, y no solo de la boca para afuera. Es muy difícil de ocupar lugares cuando la estructura y el mundo de la política que está preparado para determinadas clases sociales. A veces no es que hay mala leche de los dirigentes, sino que te termina chupando esa burbuja que te aleja de la realidad social. Yo creo que a algunos les pasa eso. Creo que el Gobierno hoy no está teniendo en claridad cuánta gente está organizada en las cooperativas y está dentro de la economía popular con changas, como en albañilería.

— El Gobierno está dejando actualmente niveles de pobreza superiores a los de la gestión de Mauricio Macri. Pero el Presidente confía en este camino. ¿Crees que se va a revertir con las actuales políticas?

— Yo creo que que hay que tomar decisiones políticas. Se hicieron cosas muy buenas con asistencia del Estado, pero necesitamos pensar medidas concretas contra los que especulan y los que concentran la riqueza en nuestro país. Hoy es violento comprar los alimentos y nadie lo controla. Tenemos que ser duros con los “duros”, no duros con los “débiles”. También hay que controlar a los que prefieren vender afuera los alimentos y desabastecer nuestro país, que genera que no podamos comprar pan ni carne.

— Ante esta situación “violenta” que mencionás, ¿qué ocurre en los barrios como Fiorito? ¿Hay hartazgo o una sensación de crisis como la de 2001?

— La gente está en un momento muy difícil. Se nota que no llega a fin de mes, pero tenemos esperanza. Creo que, todo lo contrario al 2001, hoy tenemos representación política. Con el solo hecho de que esté Cristina eso genera mucha confianza, porque el pueblo sabe que alguien lo va a defender y se va a pelear con los poderosos. Al menos eso me transmiten a mí desde el barrio. La gente tiene memoria y sabe que venimos del macrismo y de la pandemia, esto nos da un margen para remontarla y salir adelante.

— De esa “esperanza” se desprende que no estarías de acuerdo con una eventual reelección de Alberto Fernández y sí estarías a favor de una candidatura de Cristina Kirchner.

— Es muy importante que lleguemos a una PASO. Ojalá fuera Cristina y que ella encabece. Queremos que esté representado el sector que impulsa nuestra agenda.

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