
Tras dos pruebas piloto en 2009 y 2011, en 2013 TECHO realizó un registro de asentamientos informales (RAI) de todo el país. De esa forma, la organización comenzó a generar información de calidad para pensar los mejores abordajes desde y para los barrios populares y contribuir a la política pública. Partiendo de este antecedente, en mayo de 2017 el gobierno nacional creó el registro nacional de barrios populares (RENABAP), que permitió georreferenciar y caracterizar la situación de las más de 4 millones de personas que habitaban al menos 4.416 asentamientos populares en ese entonces.
A partir de esta sintonía entre una organización social, políticas públicas y ―muy especialmente― participación de los vecinos en las decisiones, se están logrando mejoras en los barrios. Un ejemplo: la construcción del salón de usos múltiples (SUM) de Villa Bote, en Escobar, donde los habitantes tienen un espacio de recreación y decidieron qué actividades ―apoyo escolar, clases de arte, formación laboral― se iban a realizar ahí.

“El RENABAP es una herramienta fundamental en el reconocimiento de la realidad de los barrios populares y primer paso para seguir generando políticas públicas adecuadas, sostenibles y participativas que permitan impulsar procesos de integración social y urbana en los asentamientos del país”, sostiene Florencia Drucker, directora ejecutiva de TECHO Argentina.
Para entender cómo de un conteo de barrios populares se llega a los casos particulares que mejoran la vida de sus habitantes hay que reconstruir el recorrido de la política pública. Luego de la creación del registro, en 2018, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.° 27453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Esta legislación dio impulso a los procesos de mejora de la infraestructura comunitaria en los barrios populares y la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan acceder, por primera vez, a un título de propiedad de sus viviendas.
Como resultado de la ley, se creó el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene por objetivo financiar proyectos de integración sociourbana, ejecutivos generales y de obras tempranas en barrios RENABAP, a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), compuesto por el 15 % del aporte único a las grandes fortunas, el 9 % del impuesto país, fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y otros aportes del presupuesto nacional. Las obras a realizarse en los barrios populares deben adjudicarse, en un 25 % como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integrados, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios.
TECHO participa como unidad ejecutora en dos proyectos de obras tempranas (POT) que contemplan trabajos específicos de infraestructura o equipamiento urbano, acceso a servicios, mejoramiento de la accesibilidad y conectividad, entre otros. Uno de ellos se realizó en el barrio Santa Rosa de Río Cuarto (Córdoba), donde junto a la comunidad se construyó un playón deportivo y un parque; el otro es el SUM de Villa Bote.

En Villa Bote se realizó el POT en mayo de 2021. El SUM se pensó para que los vecinos y vecinas pudieran contar con un espacio de encuentro y recreación para la comunidad. Además, ahí se trabajó en un proyecto ejecutivo general (PEG), que apunta a la integración sociourbana. En ese marco, se estableció avanzar en la apertura de una calle. Esta obra impactó directamente en la accesibilidad de 190 familias del barrio y representó un primer paso hacia la integración social y urbana de la comunidad de Villa Bote.
La clave: participación ciudadana
A mediados de mayo de este año, se publicaron los resultados de una actualización de RENABAP que realizó la Secretaría de Integración Socio Urbana. Los últimos datos de este registro contemplan la incorporación de barrios populares conformados desde 2016 hasta diciembre de 2018, así como el crecimiento en superficie de asentamientos previamente registrados. Se contaron 5.687 barrios populares en todo el país, lo que representa una superficie de 590 km2, casi tres veces la Ciudad de Buenos Aires. Se estima que en los asentamientos de la Argentina habitan al menos 1.168.731 familias, unos 5 millones de personas.

“Los datos que nos brindan las actualizaciones son la base para el diseño de políticas públicas que abarquen la problemática de la emergencia habitacional y el acceso al suelo. Es fundamental trabajar en estrategias que permitan evitar el crecimiento de esta problemática”, expresa Drucker.
De acuerdo con TECHO, en el 66 % de los barrios populares la mayoría de los habitantes no accede formalmente a la energía eléctrica, en el 90 % no cuentan con el servicio de red de agua corriente, en el 97 % no tienen red de cloacas y en el 99 % los vecinos no acceden a la red de gas natural.
Otro relevamiento de TECHO señala que 7 de cada 10 vecinos de barrios populares participaron en actividades comunitarias para mejorar sus barrios. Considerar a las comunidades en la toma de decisiones no solamente logra aumentar los niveles de participación ciudadana, sino que permite maximizar el impacto de las obras en los barrios. Un ejemplo que da cuenta de esta participación es el de Villa Bote.
Raúl Peloso tiene 54 años y es uno de los vecinos del barrio. Vive ahí con su esposa Gladys Romero desde hace 18 años. Ambos participan de la comisión de vecinos que se reúne todos los sábados en el barrio. “Con Gladys vamos los lunes y viernes a dar clase de apoyo y a servir la merienda al salón de usos múltiples. Otros días, en ese espacio se dan clases de música y de dibujo artístico. Para algunas de estas propuestas se está articulando con el área de cultura de la municipalidad. Próximamente queremos conseguir un subsidio para contratar un profesor para capacitación laboral. Estamos pensando en brindar cursos de peluquería y panadería”, relata Peloso.
La directora del Centro de Investigación Social de TECHO Lucía Gross cuenta que el SUM se planificó junto a los vecinos y vecinas: “Se pensó en conjunto dónde se iba a hacer, de qué forma y qué actividades se iban a llevar adelante”.

Para el proyecto ejecutivo general (PEG), TECHO acompañó a la comunidad en el diagnóstico de sus problemas y en determinar prioridades. “Para abrir la calle se necesitó del consenso de los vecinos porque implicaba pasar por sus terrenos. Ahora, se está avanzando en otros puntos que están dentro del PEG, como el desarrollo de conexiones intradomiciliarias a la red de saneamiento y la construcción de una plaza”, dice Gross. Las obras que se llevan a cabo son el resultado de años de lucha de las comunidades que junto a organizaciones sociales como TECHO lograron participar de las políticas públicas y trabajan día a día para avanzar hacia la urbanización.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.
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