Ricardo Lorenzetti debatió sobre delitos económicos y afirmó: “El Poder Judicial está para servir a la población y no para servirse de ella”

Este miércoles se llevó a cabo la conferencia virtual “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial: los nuevos desafíos”, encabezada por el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti y transmitida en vivo por Infobae. En esta oportunidad los magistrados hablaron sobre las implicancias de los delitos económicos y su persecución penal, contexto en el que el ministro del Máximo Tribunal destacó: “Todos somos parte de un Poder Judicial que entiende que nosotros estamos para servir a la población y no para servirnos de ella”.

Después de una pequeña introducción al ciclo de conferencias, tomó la palabra Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, quien habló sobre la delincuencia económica organizada y la afectación de las prestaciones estatales básicas. Este tipo de delitos, según el juez, le impiden al Estado financiarse y poder elaborar sus políticas sociales eliminando el principio de solidaridad que es la base de la organización social. Ante este escenario resaltó la importancia de avanzar en el proyecto del nuevo Código Penal, más allá de que hay mucha legislación relacionada en el ámbito local, como las leyes de abastecimiento, de defensa de la competencia, Código Aduanero, etcétera.

También expuso sobre la extinción de dominio. Si bien es una cuestión controvertida, el juez consideró: “Es un instituto jurídico que va contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento de política criminal que busca complementar medidas institucionales, medidas que ya incluso se adoptan en otros países, como una fuente autónoma, independizada de lo que esté sucediendo en forma paralela en el marco del proceso penal. Está dirigido a eliminar ese poder y esa capacidad de la delincuencia económica en lo patrimonial”. Con esto se apunta a lograr la igualdad ante la ley de todos los habitantes.

“En la era de la globalización los Estados se deben procurar los instrumentos necesarios para combatir la delincuencia económica organizada, sea mediante la sanción de los funcionarios y otras personas físicas con pena efectiva de prisión, pero también mediante un sistema de sanciones a las corporaciones que cometieron los delitos con penas pecuniarias, como así también la implementación de las vías independientes para devolver de forma definitiva las cosas, bienes o valores equivalentes del dinero que le apropiaron al propio Estado para que puedan volver a la sociedad mediante el cumplimiento de alguna de las funciones básicas estatales: educación, salud, seguridad y justicia”, apuntó Borinsky.

En relación a lo dicho por Borinsky, Lorenzetti subrayó que “es claro que el Poder Judicial tiene por función la persecución de estos delitos pero necesita de una legislación adecuada e instrumentos de investigación adecuados”. “Es importante que la población lo entienda, como también los demás poderes del Estado así como también el Consejo de la Magistratura, en el sentido de que se necesita una legislación adecuada, recursos, áreas de investigación, pericias. Una serie de elementos claves para poder investigar una delincuencia económica que es cada vez más sofisticada. Nos encontramos con un delito muy sofisticado, muy organizado, y un Estado muy desorganizado”, agregó.

Luego tomó la palabra el Dr. Alejandro Catania, juez Nacional en lo Penal Económico. El magistrado centró su alocución en cuestiones de política criminal relacionadas con el sistema penal tributario. Estableció algunas características de los delitos económicos, como el bajo nivel de estigmatización por parte de toda la sociedad y la dificultad probatoria, ya que los delitos y las maniobras son cada vez más complejos. También habló sobre la importancia de combatir este tipo de delitos, ya que afectan la hacienda pública. “La ley nos va diciendo ‘en todos estos casos usted debe extinguir la acción penal, usted debe sobreseer’, entonces en este mundo del derecho penal tributario, que forma parte del derecho penal económico, que ya tiene un bajo nivel de eficiencia en sí, además existen estas cuestiones”, aseguró el juez. “Es una parte de la explicación que para planificar un sistema de persecución y dotarlo de mayor eficiencia sería aconsejable que no existan tantas excepciones jurídicas”, concluyó.

A continuación habló el fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Turano, quien disertó sobre la relación entre el contrabando y la afectación a la soberanía nacional. El fiscal explicó que el hecho de “decidir qué mercaderías pueden entrar y salir de un territorio, bajo qué condiciones, está íntimamente relacionada con la soberanía del Estado que ejerce jurisdicción en ese territorio”. A modo de ejemplo de cómo el delito de contrabando socava la soberanía nacional, Turano mencionó el contrabando de drogas con vuelos clandestinos, que afecta el control del espacio aéreo; el contrabando en la Hidrovía, tanto a gran escala como en el contrabando hormiga; la pesca ilegal en el mar argentino por parte de barcos extranjeros en zonas de de dominio exclusivo del Estado argentino, entre otros casos en donde “se afecta el principio de soberanía, que contiene el control y el resguardo de los recursos del Estado”. En este marco, Turano puso el eje en la necesidad de generar políticas de Estado tendientes a la prevención del contrabando, su persecución y castigo.

Finalmente, y a modo de conclusión, Lorenzetti mencionó que “el Poder Judicial tiene políticas de Estado desde hace más de una década. Las venimos sosteniendo porque pensamos que el Poder Judicial tiene que dar criterios estables para la población, como seguridad jurídica y protección para las personas”. Luego destacó este tipo de charlas ya que es una forma de que los jueces y los agentes de justicia muestren las caras “porque todos somos parte de un Poder Judicial que entiende que nosotros estamos para servir a la población y no para servirnos de ella”. “Es importante que continuemos con esta tarea de políticas de Estado, y sobre todo insistiendo que necesitamos coordinar estas políticas con los demás poderes para lograr una mayor efectividad”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO