El Tribunal Oral Federal 7 comenzó a juzgar al senador nacional Oscar Parrilli en la causa del libro “La década ganada” por haber autorizado el pago de 800 mil pesos como adelanto para el texto que nunca se imprimió y en la primera audiencia rechazó un pedido para anular la acusación.
El abogado de Parrilli, el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, pidió la nulidad del juicio porque planteó que la acusación no cumple con los requisitos que establece la ley. La imputación es por el delito de defraudación por administración fraudulenta que establece en el Código Penal establece que para que se configure ese delito debe tener como objetivo “para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño”.
Ibarra sostuvo en la audiencia que el procesamiento que dictó el fallecido juez Claudio Bonadio, la Cámara Federal y la elevación a juicio que hizo el fiscal Carlos Rívolo no se estableció quién se benefició ni cuál fue el daño que se ocasionó. Por eso entendió que la causa era nula y Parrilli debía ser sobreseído porque no tiene forma de defenderse.
Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el planteo. Castelli señaló que la acusación plantea “una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda, ello sin perjuicio de lo que resuelte del debate”. Sus colegas afirmaron que la defensa de Parrilli “se disconforma con la significación jurídica asignada al hecho por parte del agente fiscal en el requerimiento de elevación a juicio, extremo que ciertamente no se vincula con la afectación del derecho de defensa en los términos expresados, cuyo resguardo se encuentra garantizado merced al juicio que se ha iniciado en el día de la fecha, donde tanto los imputados como su defensor podrán ejercer con total amplitud las alternativas de defensa que consideren adecuadas”.
En la primera audiencia, que se hizo por videoconferencia, se leyeron las acusaciones. El hecho en el que se juzga a Parrilli se remonta a cuando era secretario General de la Presidencia durante el segundo gobierno de Cristina kirchner. En ese cargo tenía bajo su órbita a la “Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010″, encargada de los festejos del Bicentenario.
El hoy senador autorizó el uso de 800 mil pesos como adelanto para la impresión del libro “La Década Ganada” que formaba parte del “Plan Integral de festejos que busca construir un sentir de pertenencia, integración y creciente participación de la sociedad toda”. Se iban a imprimir 100 mil ejemplares para entregarse entre mayo y junio de 2013 a un precio de 80 pesos cada libro.
El trabajo de impresión se adjudicó de manera directa a la Casa de la Moneda, a cargo entonces de Katya Daura -que también es juzgada- que gastó 2.652.000 de pesos en el papel y más de un millón de pesos el el alquiler de un depósito. El dinero se utilizó pero el libro nunca se imprimió y la Secretaría General de la Presidencia no hizo el reclamo.
En 2015, el nuevo titular de la Casa de la Moneda, Marcelo Pose, hizo la denuncia penal que derivó en una causa. El fallecido juez Claudio Bonadio procesó y envió a juicio oral a Parrilli.
Junto con Parrilli y Daura están acusados Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y a Matías Njirjak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.
En el proceso se juzga otro caso en el que también está acusada Daura, defendida por el abogado Matías Molinero. Es por el presunto uso de siete millones de pesos de la Casa de la Moneda para comprar un sistema de seguimiento satelital de sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de su casa en la localidad bonaerense de Pilar. Junto con la ex funcionaria también están acusados Héctor Desmarás, gerente de seguridad de la Casa de Moneda, y Mario Enrici, gerente general del organismo.
El abogado Molinero también pidió la nulidad. Explicó que no hay delito porque desde 2020 la Policía Federal creó la sección por la cuál le presta seguridad al titular de la Casa de la Moneda y su familia. Tanto en su domicilio, como de manera permanente o temporal y en los traslados. La defensa sostuvo que la Fiscalía señaló que la custodia debía ser brindada por la Policía Federal y eso ocurría con Daura porque la Casa de la Moneda pagaba adicionales.
El juicio continuará el lunes que viene a las 9:30 con las indagatorias en la causa de la seguridad de Daura.
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