La historia de la usurpación de un yacimiento arqueológico en La Matanza que la Justicia ordenó desalojar

La justicia federal de San Martín ordenó el desalojo del predio usurpado en La Matanza denominado “Reserva Natural de Puente 13″, ubicado en la localidad de Ciudad Evita. La toma se centró en los terrenos donde se asienta el Yacimiento Arqueológico Tres Ombúes. La medida será llevada adelante por Gendarmería Nacional. Por decisión del juzgado, la fecha y hora del operativo no trascendió para evitar los preparativos de resistencia que opondrán las personas que viven en el lugar desde 2018. La toma tiene una larga historia de conflicto entre usurpadores, vecinos y hasta una violenta represión policial que terminó con el asesinato del militante Rodolfo “Ronald” Orellana, integrante de la Organización Libres del Pueblo, y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El crimen aún está impune. Las construcciones ilegales también han afectado los humedales de la Reserva, pese a las denuncias que habían realizado ambientalistas y vecinos de la zona.

Como una radiografía de la actualidad, el conflicto sobre esas tierras entrelaza negocios inmobiliarios privados con las necesidades de un sector de la población que carece de vivienda y levantó un barrio en el lugar. Los derechos patrimoniales arqueológicos y ambientales de la sociedad y la reivindicación de los pueblos originarios no fueron tenidos en cuenta. Tampoco los reclamos de la municipalidad que, entre mediación y mediación, solicitaba el desalojo y denunciaba la instalación de mafias que comercializaban los terrenos a través de internet. Un mecánica similar a la que ocurrió, por ejemplo, en la mega toma de Los Hornos en la ciudad de La Plata.

Las usurpaciones son un problema que se repite a lo largo y ancho del país, pero que se agudizó desde el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Más de un tercio de la población argentina carece de una vivienda digna.

La Reserva Natural de Puente 13, delimitada por la colectora de autopista Richieri, ruta provincial 4 y el Río Matanza, cuenta con una extensión de 54 hectáreas que son propiedad del Estado Nacional, no apto para vivienda.

Dentro de la Reserva se encuentra el Yacimiento Arqueológico Tres Ombúes, un área protegida y de gran valor histórico por ser un sitio sagrado que contiene un cementerio querandí que albergaría restos arqueológicos ancestrales.

El 17 de septiembre de 2015, tres años antes de la usurpación, el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza aprobó por unanimidad la declaración de la Reserva Natural Ciudad Evita como reserva en La Matanza, abarcando diversos ambientes entre los que se cuentan los extensos humedales de la planicie de inundación del Río Matanza.

El Proyecto de Ordenanza Municipal fue avalado y firmado por el Intendente Fernando Espinosa, y votado por el Honorable Concejo Deliberante por unanimidad. Ciudad Evita se constituyó, así, en la primera reserva municipal de esa intendencia, siendo la tercera dentro de la cuenca, junto con Laguna de Rocha y Santa Catalina, y fue propuesta como Reserva Provincial y Nacional, estatus que aún no ha alcanzado.

El predio es foco de múltiples conflictos desde su usurpación. La titularidad de las tierras es del Estado Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que, hace 50 años, había otorgado esos terrenos en custodia a un particular. Cuando este falleció, María Isabel Carballo, su hija, intentó obtener la titularidad de los terrenos por prescripción adquisitiva, es decir, por usucapión (que confiere la calidad de dueño a alguien por el mero hecho de tenerla, según plazos que fija el Código Civil y Comercial).

Estas acciones derivaron en dos procesos judiciales. Uno es el que la AABE tiene por desalojo contra Carballo en la Justicia Federal. El otro es un juicio de esta particular contra el Estado por esos terrenos. A Carballo no le ha ido muy bien en la Justicia. Le han sido rechazadas todas sus presentaciones; la última, el 17 de febrero de 2022 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes de esa resolución judicial, Carballo vendió una cesión de derecho que no tenía sobre la Reserva Natural, un acto caratulado en la justicia como “estafa”. En medio de esta situación irregular, grupos de vecinos que integran la comunidad boliviana y coreana usurparon parte del predio. Después del fallo de la Corte bonaerense, el Juzgado federal de San Martín dispuso el desalojo que llevará adelante Gendarmería Nacional porque la policía provincial no es bienvenida en el lugar.

Sucede que, en la madrugada del 22 de noviembre de 2018, la policía bonaerense realizó un violento operativo en el lugar para evitar la usurpación en el denominado yacimiento arqueológico Tres Ombúes. Además de varios heridos por los disparos con bala de goma, murió, por el uso de una bala de plomo, el joven Rodolfo “Ronald” Orellana. Si bien los vecinos y militantes acusaron a la policía bonaerense del asesinato, la justicia no avanzó sobre el esclarecimiento del hecho.

Ignacio Mattos, militante de la agrupación La Simón Bolívar, la línea juvenil de Organizaciones Libres del Pueblo, integrante de la CTEP, le dijo a los medios que se trató de un fusilamiento: “Actuaron sin orden judicial. Primero reprimieron con balas de goma y después con balas de plomo. En un momento una policía le pegó dos tiros al compañero, por la boca y por la espalda, y se llevó su vida”.

A través de sus redes sociales, y apuntando a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri, Juan Grabois, entonces titular de la CTEP, dijo: “La gente está desesperada en todo el país, sin trabajo, sin techo, no pueden alquilar y comer a la vez. El gobierno solo aumenta la crueldad”.

Un mes después, y con más de 300 familias instaladas en precarias viviendas, se convocó a una mesa de diálogo integrada por la municipalidad de La Matanza, el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia, una población de alta presencia en la localidad y la APDH. Después de varias reuniones, convocaron a las autoridades de la AABE. Las familias ocupantes alegaban haber comprado los terrenos de buena fe. Las autoridades nacionales prometieron soluciones, como la reubicación de las familias que iban a ser censadas, bajo el acuerdo de no seguir loteando ni revendiendo el predio.

En medio de esas negociaciones -que naufragaron-, entró en escena Rolando Pardo, también de nacionalidad boliviana y supuesto puntero político de Villa Lugano, un barrio ubicado en CABA que limita con La Matanza. Aseguró que él había adquirido el sector del predio más grande, donde vivían unas 300 familias a María Isabel Carballo.

Noemí Marconi Torrico, la vicecónsul de Bolivia, aseguró que más de 50 familias bolivianas “fueron estafadas por Pardo”. El caso también llegó a la justicia, que corroboró las irregularidades, falló en su contra y emitió una primer orden de allanamiento que nunca se efectivizó. A pesar de las medidas judiciales y la prohibición avanzar con las tomas en el terreno, los usurpadores han rellenado hasta la zona de humedales y construido viviendas de material.

Para completar el panorama, los vecinos de Ciudad Evita también le reclamaron a la justicia federal que se tomen medidas contra la Fundación IYF Argentina, que ocupó varias hectáreas en el bosque de la Reserva natural y construyó un templo Coreano y un edificio de tres pisos, entre otras obras.

La Fundación IYF – International Youth Fellowship, fundada en el año 2001 en Corea del Sur y en el año 2005 en Argentina y que en su página web se presenta como “una asociación que forma a los jóvenes como líderes del futuro en un ambiente globalizado y actualmente está presente en más de 98 países”.

Durante 2019 construyeron varias edificaciones, además de cortar y quemar árboles y vegetación en general, y recibir camiones diariamente para elevar el suelo, justamente en una zona de humedal.

En diferentes oportunidades, las autoridades municipales clausuraron las construcciones, pero las mismas siguieron adelante. La Fundación dice haber pagado los terrenos a su supuesta dueña.

Hace dos años, en mayo de 2020, alrededor de 100 familias ocuparon nuevos terrenos ubicados entre ruta 21, la calle El Pindó y Vialidad Nacional, es la parcela “1234 d”. Estos terrenos pertenecen al Instituto de Vivienda de la Ciudad, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La administración de Espinoza le reclama a su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el pago de impuestos y daños ambientales causado por los usurpados, pero, según la alcaldía bonaerense, hasta ahora no recibieron respuesta.

Durante 2021, y lo que va de 2022, según los funcionarios matanceros consultados por Infobae, los intentos de intrusión continuaron. También aseguraron que “nunca, ninguno de los supuestos compradores de las tierras se presentó en la intendencia para solicitar los permisos correspondientes a la hora de iniciar una construcción”.

En abril pasado, la toma de La Matanza volvió a estar en el foco de la escena pública. Fue después que la empresa Edenor cortara el servicio eléctrico, ya que la conexión, además de ilegal, era insegura. Los vecinos de Puente 13 cortaron la Autopista Ricchieri y hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Esta es la historia, poco contada, de uno de los asentamientos más importantes de La Matanza, denominada como la quinta provincia por su cantidad de habitantes, más de dos millones. Ahora habrá que esperar qué día la justicia federal ordena el desalojo del predio que los vecinos y organizaciones no gubernamentales esperan se pueda recuperar como Reserva Natural, yacimiento arqueológico y cementerio indígena querandí.

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