En un contexto de definiciones judiciales para la vicepresidenta de la Nación, el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por la fallida reforma judicial y lo acusó de “perder el tiempo” por desestimar el informe que elaboró la comisión de 11 juristas con propuestas de modificaciones del funcionamiento de la Justicia.
“Queda un año y medio de gobierno y no se puede seguir perdiendo el tiempo. La denominada ‘comisión Beraldi’ dio una serie de iniciativas y fue integrada de una manera absolutamente plural. Se pueden tomar o discutir esas ideas, lo que no se puede es meter en un cajón ese informe que tanto nos costó y no verlo nunca más”, fustigó el letrado, horas después de conocerse el fallo de la Corte Suprema que desestima los planteos de CFK para anular la causa de Vialidad, en la que se investiga corrupción en la obra pública.
En un reportaje al canal C5N, Beraldi planteó que la reforma de la Corte Suprema es una “cuestión prioritaria e institucional”, y que si bien implica dificultades para conseguir votos en el Congreso, marcó como hoja de ruta posible la implementación del Código Procesal Penal, que es algo que está sancionado y que “se puede llevar a cabo sin modificaciones legislativas”.
El abogado cuestionó la demora del Presidente y la falta de voluntad política de avanzar en iniciativas o “en una política clara en el ministerio de Justicia” con “objetivos concretos” implica un “enorme grave del Gobierno al que tenemos que llamar la atención”.
“No se trata, como dice la vicepresidenta, de que las críticas no se puedan hacer en público. Hay que marcar los errores y entre todos tratar de corregirlos”, agregó.
Carlos Beraldi se mostró visiblemente ofuscado por el hecho de que el Poder Ejecutivo no haya tenido en cuenta las propuestas formuladas por el comité de expertos que él mismo encabezó. Esa comisión estaba integrada por otros 10 juristas como Inés Weinberg, titular del Superior Tribunal de Justicia porteño y excandidata a la Procuración General; Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista; el excamarista y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, Hilda Kogan, ministra de la Corte bonaerense, Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza; el especialista en Derecho Penal Enrique Bacigalupo; el constitucionalista Gustavo Ferreyra, la experta en Derecho de Familia Marisa Herrera y Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las Cortes de Tucumán y Tierra del Fuego.
El grupo se había constituido en el año 2020, con el objetivo de avanzar en una reforma que implicaría cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y otros fueros de la Justicia. Desde que el informe, de más de 1000 páginas, fue entregado a fines de ese año, el oficialismo no logró avanzar con ninguna de las propuestas allí expresadas.
Beraldi, quien representa los intereses judiciales de la vicepresidenta, cuestionó también con la última resolución de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó de manera masiva los recursos presentados en la causa Vialidad. El abogado sostuvo que los fundamentos de los magistrados tienen “errores técnicos” y aseguró que la prueba presentada hasta el momento en el juicio “demuele la acusación” contra su representada.
Los jueces del máximo tribunal no consideraron los fundamentos de Cristina Kirchner en su defensa, vinculados al volumen de la prueba y tampoco a otros sobreseimientos anteriores. Beraldi dijo que es incorrecto que la Corte haya desestimado los planteos respecto de la evaluación jurídica del caso, al considerar que aún no hubo setencias definitiva, y que tampoco estaba bien fundamentada la “gravedad institucional” del litigio.
“Como lo piden los dueños del poder real, la corte terminó resolviendo de la manera en la que los diarios ya venían anunciando con una sentencia que rechazaba todos los recursos”, afirmó. Pese a ello, destacó que todos los indicios y pruebas fortalecen la posición de la vicepresidenta: “Lo paradójico es que a pesar que nos limitaron la prueba en un 80%, no peritaron todas las obras y, encima pusieron a un perito a dedo, que es un enemigo de la familia Kirchner, el resultado del juicio ha sido hasta aquí categórico”.
En el juicio de Vialidad, Cristina Kirchner se enfrenta a la chance de que le pidan una condena de entre 5 y 16 años de prisión por los delitos de jefa de una asociación ilícita y fraude al Estado. Está acusada por negociados con 51 obras cedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. El litigio está en etapa de definiciones y se espera una resolución antes de fin de año.
Beraldi vinculó el revés judicial de la ex presidenta a los planteos con la necesidad de introducir reformas en la Justicia. Según el abogado, una de ellas era que “no pasaran este tipo de arbitrariedades, que la Corte no tuviera la arbitrariedad absoluta de cajonear un expediente y tenerlo tres años, y cuando se lo pide el poder político real, sacar el fallo funcional a esos intereses”, reflexionó. “Desde la época de la mayoría automática la Corte nunca tuvo un nivel de deterioro como éste”, concluyó.
Junto con Cristina Kirchner y Báez, en la causa de Vialidad están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad.
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