El avión venezolano-iraní que aterrizó en el aeropuerto Ezeiza el lunes 6 de junio transportaba 47.822 kilos de autopartes para la empresa SAS Automotriz. Gran parte de ese cargamento salió hacia una planta de Volkswagen entre el martes 7 y el miércoles 8, tal como se había informado. Sin embargo, unos 7860 kilos siguen retenidos en un hangar a la espera de una decisión judicial. A eso se suman otros 8 mil kilos que llegaron el 11 de junio en un avión de la empresa Skylease, contratada por el mismo importador.
La Justicia hasta ahora se concentró en los antecedentes del avión y de los 19 tripulantes, pero ya ordenó varias medidas de prueba sobre la carga del avión y sobre las contrataciones previas.
Aunque pasaron más de dos semanas desde la llegada de la aeronave, todavía no se sabe quién contrató a Emtrasur para trasladar la carga desde México. Los abogados que representan a la tripulación presentaron ante el juez Federico Villena un contrato con Alcux Air Spain, una firma española que tiene sede en L’Hospitalet de Llobregat, un municipio ubicado en las afueras de Barcelona.
Ese contrato, revelado por Infobae, tiene apenas una carilla y estipulaba un costo de USD 600 mil para el traslado entre México y Buenos Aires.
Lo que no hay dudas es que el importador fue SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a la empresa de logística Fracht, que decidió echarle la culpa a Aerocharter México.
Según la documentación aportada por la Aduana, el cargamento, registrado mediante guía aérea madre 308-00119862, consistía en 312 bultos y un total de 47.882 kilos. La carga fue revisada apenas llegó a Buenos Aires en un operativo conjunto entre la PSA, PFA y Aduana. “Para la realización de dichos controles se utilizaron detectores de trazas, canes especializados en la búsqueda de explosivos y narcóticos, como así también se sometieron de manera aleatoria para su control por equipos de rayos x, alguno de los pallets de la carga en cuestión”, explicó la PSA ante la Justicia.
Gran parte de ese cargamento, unos 40 mil kilos, salió del aeropuerto en tres etapas entre el martes 7 y el miércoles 8. El primer día día salieron 90 bultos que pesaban 16.320 kilos y luego otros 9 bultos con un peso de 593 kilos. Al día siguiente se despacharon otros 134 bultos con un peso de 23.103 kilos. Eran apoyacabezas para autos, según consta en los informes.
El remanente, unos 7860 kilos, quedó retenido en un hangar de TCA, la terminal de cargas del aeropuerto, por un cuestión burocrática. “Esa carga estaba asociada a otro envío, de 8 mi kilos, que llegó el sábado 11 de junio en un avión de Skylease Cargo”, explicó una fuente aduanera. El viernes 10 estalló el escándalo en los medios y nadie se animó a mover nada.
Desde entonces, los 16 mil kilos de autopartes son custodiados por la PSA en un hangar de TCA.
La Justicia ya encargó varias medidas de prueba sobre la carga. Por una parte, el juez mandó exhortos a México y a Venezuela. Ocurre que el avión, un Boeing 747-300M, matrícula YV3531, salió del aeropuerto de Querétaro el 5 de junio pero hizo una escala en Caracas, donde pudo haber un movimiento inesperado tanto de mercadería como de tripulantes. El exhorto enviado al gobierno de Nicolás Maduro pide que “indiquen si obra en sus registros constancia alguna de carga y/o descarga de mercadería en la aeronave mencionada dentro de su territorio”.
Villena también le pidió a la PFA que investigue qué empresa realizó la carga de la aeronave, quién la ordenó, cuál era el objeto del viaje, quién iba a recibir la carga, quién fue el despachante de aduana y la trazabilidad de la mercadería transportada. Es una de las pruebas pendientes.
La carga del avión se volvió más sensible luego del informe del FBI que adviertió sobre los antecedentes de la firma Qeshm Fars Air, vinculada al piloto Gholamreza Ghasemi. “Fars Air Qeshm opera vuelos de carga bajo cobertura civil para la Fuerza Quds y el IRGC, y los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria, entre otras cosas. Esta actividad es parte de los esfuerzos de Irán para establecer presencia militar en todo el mundo”, asegura ese informe.
En su último requerimiento, la fiscal Cecilia Incardona pidió ayer que se realice un peritaje contable y de importación y exportación, y se designe un despachante de aduana, “para determinar si se condice la mercadería declarada con el costo del viaje, costo de la tripulación, estipulación genérica de los honorarios o sueldos de los participantes en la operación comercial de aeronavegación de transporte de carga”.
Detrás de la carga hay un complejo entramado de empresas. Ante la autoridades aduaneras locales, según documentos a los que accedió Infobae, intervino Blue Wings SA, una firma local encargada de realizar los trámites para Emtrasur. “La mayoría de las aerolíneas contratan ese tipo de empresas que se encargan de las coordinaciones con Aduana y con Intercargo. La única empresa que tiene personal propio es Aerolineas Argentinas”, explicó un experto aeronáutico.
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