Ocho dirigentes del Sindicato de Camioneros de Esteban Echeverría, entre ellos su titular, Fabián Arévalo, fueron llamados a indagatoria por el fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Fiscal 4, por el bloqueo realizado contra la pyme Química Oeste, acusados del delito de turbación de la posesión, que, según el Código Penal, prevé una pena de seis meses a tres años de prisión.
De acuerdo con la resolución del fiscal, los imputados en la causa impidieron la entrada y salida de camiones con mercadería de la empresa de Esteban Echeverría durante dos días, el 10 y el 11 de mayo de 2021, mediante “conductas violentas y amenazantes y con un plan previamente trazado”.
Los dirigentes de Camioneros que fueron citados a indagatoria a partir del 28 de junio y hasta el 7 de julio son Arévalo, Fernando Emmanuel Arzola, Guerrero Aldo Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Angel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal y Humberto Ramón Castaño. En el caso de Arévalo, iría a una condena de ejecución efectiva porque tiene antecedentes.
La causa, que lleva adelante el juez de Garantías de Esteban Echeverría, Javier Mafucci Moore, comenzó con una denuncia por los delitos de extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes que efectuaron el bloqueo, que se inició por el reclamo del sindicato de Hugo Moyano para que tres de los 60 empleados que tiene la empresa dejen de estar afiliados al Sindicato de Comercio y pasen a estar encuadrados en el convenio de Camioneros.
El avance de la Justicia en el bloqueo contra Química Oeste se registró luego de la detención de dos dirigentes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás por el bloqueo y la extorsión a Distribuidora Rey, de San Pedro, que acaban de ser trasladados a una cárcel común.
La demanda sindical en Química Oeste, según la empresa, apuntaba a tener el número suficiente de representantes para poder elegir un delegado propio. Por eso comenzaron el bloqueo del depósito y luego sumaron un paro por “faltas en las medidas de seguridad y de higiene”, como la ausencia de vestuarios y de baños, algo que fue considerado “un reclamo laboral inventado” por la abogada Florencia Arietto, que representa al dueño de la empresa, Ignacio Dos Reis.
Cuando se produjo la protesta extorsiva, el empresario le dijo a Infobae que le estaban “haciendo una extorsión” y recordó que en 2013 el Sindicato de Camioneros amenazó con bloqueos para exigirles el pase de ocho empleados, pese a que la actividad principal de esa pyme es el comercio, y admitió que la decisión fue “cederles” esos trabajadores. Incluso denunció que cuando quiso emplear personal temporal el gremio de los Moyano le “marcó” una agencia específica.
Al respecto, Arietto afirmó: “Dentro de la querella presentada pusimos a los cinco empleados que se prestaron al juego de la patota sindical, al decir que estaban de paro y bloquear el ingreso al depósito, porque son parte de la extorsión”. Y agregó: “En estos casos, aparte de denunciar, lo que hay que hacer es echar a los trabajadores que sabotean a la empresa porque se convierten en cómplices de la patota, y de esta forma el empleado y el sindicato van a empezar a evitar esta idea de bloquear por bloquear porque después no los emplea nadie más”.
El conflicto en Química Oeste causó preocupación en la Municipalidad de Esteban Echeverría, cuyo intendente, Fernando Gray, un peronista no kirchnerista, estuvo con el presidente de la empresa y se puso a disposición para ayudarlo a que normalice la actividad del depósito. Según sus allegados, tiene una buena opinión de esa pyme familiar y considera que Moyano “quiere elegir un delegado para manejar la empresa”. Este jefe comunal ya sufrió una protesta de los Moyano en 2007 que paralizó durante más de un mes la recolección de basura en el municipio.
En la pyme de Dos Reis, que fue fundada hace 64 años y que provee de insumos químicos a la industria, estimaron que el bloqueo sindical le ocasionó una pérdida de “varios millones de pesos por día” y al sector petrolero, un promedio de dos millones de dólares por la falta de insumos.
Los empleados de Química Oeste, preocupados por el posible cierre de la empresa ante la persistencia del bloqueo, solicitaron por carta una audiencia con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y con la ministra de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec.
“Queremos hacer valer nuestros derechos: preservar nuestra fuente de trabajo, ser oídos y decir basta a los atropellos de las patotas sindicales. Somos trabajadores y queremos ejercer nuestro derecho con total libertad y sin miedo”, señalaron. “Estamos a merced de sindicalistas inescrupulosos”, agregaron.
Esta tarde, luego del llamado a indagatoria, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que conduce Verónica Razzini, celebró la decisión del fiscal: “Nuestro primer caso en el MEAB durante 2021. La empresa Química Oeste es un emblema de nuestra pelea y hoy comenzó el llamado a indagatoria de los responsables de su bloqueo. Será Justicia. Bloquear es delito”, publicó en Twitter.
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