La compleja trama de empresas involucradas en la contratación del avión venezolano

Al menos media docena de empresas están involucradas en la llegada del avión de Emtrasur a Buenos Aires, pero ninguna se adjudica su contratación. La aeronave se transformó en una mancha venenosa. Llamativamente, los abogados que representan a la tripulación compuesta por 5 iraníes y 14 venezolanos entregó a la Justicia un contrato con una empresa española que registra pocos antecedentes comerciales. Parece una pantalla para esconder a los verdaderos responsables.

La Justicia todavía no profundizó esa línea de investigación y hasta ahora se concentró en los antecedentes del avión y de sus tripulantes. En el mercado aeronáutico advierten que las tercerizaciones son habituales, especialmente con empresas venezolanas o iraníes.

Ante la autoridades aduaneras locales, según documentos a los que accedió Infobae, intervino Blue Wings SA, una empresa local encargada de realizar los trámites para Emtrasur. “La mayoría de las aerolíneas contratan ese tipo de empresas que se encargan de las coordinaciones con Aduana y con Intercargo. La única empresa que tiene personal propio es Aerolineas Argentinas”, explicó un experto aeronáutico.

Blue Wings es el último eslabón de la cadena.

Aunque pasaron dos semanas desde la llegada del avión, todavía no se sabe quién contrató a la filial de Conviasa. Los abogados que representan a la tripulación presentaron un contrato con Alcux Air Spain, una firma española que tiene sede en L’Hospitalet de Llobregat, un municipio ubicado en las afueras de Barcelona.

Ese contrato, revelado por este medio, tiene apenas una carilla y estipulaba un costo de USD 600 mil para el traslado entre México y Buenos Aires. “El cliente (Alcux Air Spain) se obliga a pagar el precio tal y como resulta del presente contrato con 7 días anticipados a la prestación del servicio”, dice ese documento.

El contrato, que lleva la firma de César Pérez como presidente de Emtrasur, determina una serie de penalidades por un posible retraso. De hecho, el vuelo se retrasó al menos dos días: estaba previsto que el avión llegue a México el 2 de junio a buscar la carga pero finalmente aterrizó el 4 de junio.

Su salida a Buenos Aires también se postergó para el 5 porque el avión no contaba con la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil. “Tuvieron que acomodar la carga de cómo estaba prevista para transportarse dada la configuración del avión”, explicó a este medio el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero.

El avión hizo una breve escala en Caracas antes de despegar rumbo a Buenos Aires.

Según las autoridades mexicanas, del aeropuerto de Querétaro salió con 12 venezolanos y 5 iraníes. “A las 00:03 horas (tiempo local) del pasado 4 de junio, procedente del Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, arribo al Aeropuerto de Querétaro, el avión B 747 300, con matrícula YV 3531, a cargo de la empresa EMTRASUR con 17 tripulantes a bordo”, dice un reporte de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Pero a Ezeiza llegaron un total de 14 venezolanos. ¿Dónde subieron los otros dos? Todo indica que lo hicieron en Caracas. ¿Esa escala fue solo para completar la tripulación o tuvo otro fin?

El FBI alertó a la Justicia argentina sobre los antecedentes del avión y de la empresa Maham Air. “En octubre de 2011, OFAC sanciona a Mahan Air por proveer soporte financiero, material, o tecnológico a la Guardia Revolucionaria y a la Fuerza Quds. La aerolínea (Mahan Air) también ha transportado armas y personal para Hezbollah”, dijo esa agencia.

Teniendo en cuenta esos antecedentes, los investigadores no descuidan los detalles de la carga. Según la documentación que tiene la Aduana, la carga pesó 47.882 kilos, repartida en 312 bultos, aunque el avión tendría una capacidad total de 80 toneladas.

El importador de ese envío fue SAS Automotriz. Esa firma comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. “La relación entre el forwarder (Fracht) y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna”, dijo a través de un comunicado.

Volkswagen también se desligó del avión desde el comienzo. Y la empresa de logística decidió echarle la culpa a Aerocharter México. “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre ese vuelo”, dijo a través de un comunicado. Sin embargo, Fracht hasta ahora no se presentó en el juzgado de Federico Villena.

La abogada Maria Eugenia Talerico, que representa a Ricardo López Murphy, Gerardo Milman y Franco Rinaldi, le pidió al juez que profundice esa línea de investigación. “Solicitamos por ello que de modo urgente se pida colaboración al FBI para obtener del modo mas urgente posible los datos que respaldan su contratación. ¿Qué productos y que cantidades se pidieron? ¿Cómo se concretó la operación? ¿Quién realizo el pago? Si hicieron debida diligencia de Conviasa y su filial Emtrasur. Si contrastaron a la empresa con los listados de sanciones de OFAC. Si fueron informados sobre tripulación, plan de vuelo y demás antecedentes del servicio que prestaron para Faurecia S.A. y/o SAS Automotriz S.A”, dice la presentación.

Aerocharter México tampoco explicó cómo se vinculó con Emtrasur. Infobae intentó comunicarse varias veces con esa empresa, pero se negaron a contestar preguntas. ¿Qué vinculación hay entre Aerocharter México y Alcux Spain Air? Es uno de los interrogantes.

El contrato con Alcux Spain Air genera sospechas porque se trata de una firma con escasos antecedentes comerciales. Su administrador, Juan Manuel Bataller Rosa, aparece en varias empresas de diferentes rubros: Air Charter Projects SL, Laboratorios Euro Dental SL, Centre Dental Segria SL, y Ressan Comercio Internacional SL, entre otras.

El documento fue entregado a la Justicia por dos abogados argentinos que representan a los tripulantes. También aportaron el contrato de compraventa de la aeronave con la empresa Lance Tech General Trading, y un formulario de la ANAC en el que consta la inspección de la documentación de la aeronave “sin que arroje novedad alguna”.

El Boeing 747-300 aterrizó el lunes 6 en Buenos Aires. La carga fue revisada por las autoridades aduaneras argentinas con especial atención porque había alertas de agencias internacionales.

Dos días después, fue revisada nuevamente en un operativo conjunto entre PSA, PFA y Aduana en la Terminal de Cargas Argentina (TCA). “Para la realización de dichos controles se utilizaron detectores de trazas, canes especializados en la búsqueda de explosivos y narcóticos, como así también se sometieron de manera aleatoria para su control por equipos de rayos x, alguno de los pallets de la carga en cuestión; dichos controles arrojaron resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos prohibidos”, detalló la PSA en un informe ante el juez federal Federico Villena.

El viernes 10, cerca de las 19, cuando ya había trascendido el escándalo por un pedido de informes del diputado Gerardo Milman, hubo otra revisión de la PSA dentro del avión, con la presencia de los tripulantes.

Con la colaboración de Rodrigo Gutiérrez y Anayeli Tapia (Infobae-México)

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