Las fallas de control del Estado en el caso del avión iraní-venezolano

El lunes 6 de junio luego de ingresar en el espacio aéreo argentino, el Boeing 747 operado por la empresa venezolana Emtrasur y que aún figura en los registros como perteneciente a Mahan Air cuyo destino era Buenos Aires pidió desviarse a Córdoba.

A las 12:12 la aeronave aterrizó en el aeropuerto Ambrosio Tallavera donde permaneció dos horas para luego despegar hacia Ezeiza. Al día siguiente, la tripulación integrada por 4 iraníes y 15 venezolanos presentó un plan de vuelo con la finalidad de despegar a las 16 de ese martes 7 de junio, salida que fue postergada primero para las 17 y luego para las 18:30. Sin embargo, el avión no pudo despegar porque las compañías petroleras que operan en Ezeiza se negaron a cargarle combustible.

La empresa propietaria de la aeronave está en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC - Office of Foreign Assets Control) dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Operar con una empresa incluida en esta lista o prestarle algún tipo de ayuda implica exponerse a una sanción.

Ese registro es una fuente abierta y puede ser consultada por cualquier persona a través de internet. La OFAC administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros seleccionados, terroristas, narcotraficantes internacionales, quienes participan en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía norteamericana.

Como parte de su tarea, la OFAC publica una lista de personas y empresas que son propiedad o están controladas por, o que actúan para o en nombre de los países objetivo. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. En conjunto, esas personas y empresas se denominan “Nacionales especialmente designados” o “SDN”. Sus activos están bloqueados y, por lo general, se prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos.

Una de las herramientas con las que cuenta la Oficina de Control de Activos Extranjeros son las llamadas sanciones financieras designadas, un estándar internacional legitimado por las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene a través de dos comités especialmente en materia de terrorismo estipulada la obligación para todos los Estados de aplicar sanciones financieras selectivas a la personas o empresas que figuran en esos listados. Todos los países trabajan con ese tipo de sanciones financieras. En esas listas figuran los terroristas o sus aliados que los comités del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen designados. Estados Unidos tiene, a través de la OFAC, un sistema de listas asociadas a una sanción financiera que es impedir cualquier relación comercial, financiera o económica con la persona designada y además si está dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos se ordena el congelamiento de los activos de esas personas o compañías.

Esas listas son una fuente abierta que cualquiera puede consultar por internet. Por ejemplo, los bancos -que son sujetos obligados- cuando una persona o compañía quiere hacer algún tipo de operación que puede ser sospechosa o abrir una cuenta, consulta esos listados y si aparece allí congela de manera inmediata los fondos si los tuviera y evita realizar cualquier tipo de operación con quien aparezca en ese listado. Está obligado a obturar cualquier posibilidad de que esos activos continúen circulando. Eso fue lo que ocurrió con las compañías petroleras que operan en Ezeiza que se negaron a cargarle combustible al avión de Emtrasur.

Esta alarma que se disparó en las empresas privadas no se activó en los organismos del Estado. El “compliance” privado funcionó mejor que el del Estado, eso es grave; el control estatal falló. Si las autoridades estatales hubieran consultado los listados de la OFAC donde figura Mahan Air, la propietaria del avión, debería haber inmovilizado inmediatamente la aeronave. Sin embargo, no fue hasta que Uruguay le negó el acceso a su espacio aéreo y que el Boeing se vio obligado a regresar a Ezeiza que el gobierno argentino activó los controles sobre los tripulantes y el avión. Durante dos días se desconoce qué hicieron, con quién hablaron y si realizaron algún tipo de operación que implique el movimiento de algún activo.

Infobae consultó sobre este tema a Juan Félix Marteau, experto en prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires.

“El chequeo de listas de sanciones financieras designadas de la OFAC se ha convertido en una práctica habitual en el sistema financiero y empresarial argentino. Todos los que trabajan en este campo tienen a mano las listas de sanciones para controlar clientes y proveedores críticos. Por eso es una buena noticia que las encargadas de proveer combustible a un avión venezolano-iraní hayan tomado la debida providencia para evitar una repercusión negativa para la compañía”, afirmó el experto. Y agregó “otra buena noticia, es que los funcionarios responsables hayan ordenado la inmovilización del avión asociado a la empresa iraní Mahan Air”.

No se puede soslayar la gravedad de estos episodios teniendo en cuenta la creciente actividad que tiene en la región Hezbollah. En la segunda mitad del año pasado el CESH organizó un ciclo de conferencias sobre el Combate de la Financiación del Terrorismo en la región del que participaron expertos de todo el mundo. En esa oportunidad, Infobae a través de una serie de entrevistas con los especialistas mostró lo que está ocurriendo en Latinoamérica con los grupos terroristas. Una de las entrevistadas, Josefina Aghemo ex fiscal de Paraguay y especialista en delitos económicos advirtió que la zona de la Triple Frontera es considerada un núcleo clave para el lavado de dinero, muchas veces destinado a la financiación de redes de crimen organizado y de terroristas. También reveló que la organización criminal brasileña Primer Comando Capital opera en la zona y está vinculada a Hezbollah tanto en operaciones como tráfico de drogas y atracos a bancos.

“Ahí quiero hacer una mención específica a esta última modalidad, los atracos a bancos, que la llevan a cabo a través de la explosión de cajeros automáticos que es una especialidad del grupo desde mediados del año 90. Justamente al tener la presencia de esta organización en la frontera con Paraguay se demostró que existe una vinculación y participación de la misma con la producción y cultivo de marihuana, la falsificación de marcas, tráfico de armas y municiones, y en particular explosivos con el Brasil siendo el contrabando de estos explosivos un factor que es clave en las detonaciones de los cajeros automáticos”, dijo Aghemo.

Otro de los expertos consultados, Javier Martinez Sanchiz, asesor legal de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al referirse a la actividad de grupos vinculados al terrorismo en Latinoamérica remarcó que “inquieta esa facilidad con la que pueden moverse”. Asimismo contó que los grupos terroristas reclutan fanáticos en la región a través de las redes sociales. “Hay páginas web donde estos grupos se hacen propaganda. Incluso se hacen en español con un objetivo: todos los países de Latinoamérica”, señaló Martínez Sanchiz.

En medio de esta situación que afecta a la región donde hay actividades concretas de grupos terroristas y operaciones financieras para financiarlo, un avión de una compañía sancionada por la OFAC estuvo las primeras 48 horas de su estadía en territorio argentino sin que se encendiera ninguna alarma de los organismos estatales. “Todo este episodio deja al desnudo los problemas estructurales que tiene el Estado argentino para implementar sanciones financieras selectivas en un momento en que el terrorismo de Hezbollah necesita cada vez más nutrirse del contrabando y el comercio ilícito en nuestra región”, remarcó el experto Juan Félix Marteau y concluyó: “Este es el aspecto crítico que la política debe subsanar con urgencia y precisión”.

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