“La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) desea transmitir la siguiente información sobre la asociación de Gholamreza Ghasemi con los grupos terroristas designados, la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y Hezbollah. Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del Consejo de Administración de Fars Air Qeshm. Además de su posición, Ghasemi también es piloto”, asegura un informe enviado desde Estados Unidos al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena.
El dossier del FBI añade: “Fars Air Qeshm fue señalada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a la Fuerza Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que han sido señaladas como entidades terroristas”.
La información del FBI permite al juez federal Villena sospechar que Ghasemi pertenecería a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que tiene profundos antecedentes en la ejecución de actos terroristas alrededor del mundo.
El piloto de la empresa venezolana Emtrasur, bajo el control absoluto de Nicolás Maduro, llegó a Buenos Aires en un Boeing modelo 747-300M, con matrícula YV3531. Ese avión partió desde Caracas, hizo escala en Querétaro (México), donde levantó la carga de autopartes, y aterrizó finalmente en Ezeiza el lunes 6 de junio.
El FBI también remitió al juzgado federal de Lomas de Zamora otro informe de tres fojas -case file: BE -6135976- que describe las distintas operaciones ejecutadas por la Fuerza Quds -que integra la Guardia Revolucionaria de Irán- y cómo reaccionó los Estados Unidos frente a esa amenaza terrorista a nivel global.
“La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, asegura el informe, ahora en poder de la justicia.
La Guardia Revolucionaria Iraní y la organización terrorista Hezbollah están acusados de volar la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994. Allí murieron 86 personas y fueron heridas más de 300.
El dossier del FBI agrega además los aportes económicos que hace el régimen de Teherán para apoyar las operaciones de Hezbollah contra Israel. “Las Fuerza Quds ha entregado entre 100 y 200 millones de dólares al año a Hezbollah y asistió a Hezbollah en su rearme violando la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, sostiene el informe del FBI agregado al expediente.
El informe del FBI remitido hace dos días al juzgado de Villena reitera que la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos -a través de la OFAC- impuso sanciones a la Guardia Revolucionaria por promover el terrorismo global y apoyar a diferentes organizaciones como Hezbollah.
Y completa la información con un párrafo final que termina de desnudar el complot urdido por Irán con la colaboración de la compañía venezolana Conviasa. “En octubre de 2011, OFAC sanciona a Mahan Air por proveer soporte financiero, material, o tecnológico a la Guardia Revolucionaria y a la Fuerza Quds. La aerolínea (Mahan Air) también ha transportado armas y personal para Hezbollah”.
El terrorista Ghasemi llegó a Buenos Aires como piloto de un Boeing modelo 747-300M con matrícula YV3531, que pertenece a la empresa Transportes Cargo del Sur (Emtrasur), una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
Según la factura emitida por la empresa Tabacalera del Este SA (TABESA), vinculada al ex presidente de Paraguay Horacio Cartes, se trasladaron 6010 paquetes de “Ibiza extra suave doble filtro short” y 1076 paquetes de “Ibiza extra suave King Size”. El cliente declarado en ese mismo documento es la empresa Tabacos USA Inc, pero la firma receptora fue Tabacal Free Zone Nv, con sede en Aruba.
Ese vuelo aterrizó en el aeropuerto Guaraní, en la ciudad de Minga Guazú, a solo 13 kilómetros de Ciudad del Este (Paraguay). La tripulación estaba integrada por 7 iraníes y 11 venezolanos. Todos se alojaron en el hotel Dazzler de Ciudad del Este. De los 7 iraníes, apenas dos coinciden con los tripulantes del vuelo a Ezeiza: Gholamreza Ghasemi y Abdolbaset Mohammadi.
Según el informe del FBI, Ghasemi es CEO y miembro del consejo de administración de Fars Air Qeshm, la aerolínea de carga iraní sancionada por Estados Unidos.
“Fars Air Qeshm opera vuelos de carga bajo cobertura civil para la Fuerza Quds y el IRGC, y los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria, entre otras cosas. Esta actividad es parte de los esfuerzos de Irán para establecer presencia militar en todo el mundo”, asegura el informe.
A su vez, el dossier describe los vínculos directos de esa aerolínea con Hezbollah: “Fars Air Qeshm opera vuelos entre Irán y Siria de forma regular. Como parte de los esfuerzos realizados por Irán y la Fuerza Quds para equipar a Hezbollah con armas, componentes militares avanzados y las armas están siendo contrabandeadas desde Irán a Hezbollah en el Líbano utilizando vuelos civiles de Teherán a Damasco. Se sabe que un avión que pertenece a Fars Air Qeshm ha transferido equipos de Irán a Hezbollah en Líbano utilizando la ruta entre Teherán y Beirut”.
Emtrasur adquirió el Boeing 747 de parte de Mahan Airlines. Amir Hossein Zolanvari, portavoz de Mahan Airlines, confirmó esa operación. “Ya no es de Mahan Airlines”, dijo a la agencia oficial iraní IRNA.
“El Emtrasur 747 se puede identificar por el número de serie de su fabricante (MSN) 23413, que es un número de identificación único asociado con la aeronave. Este MSN coincide con el número de un avión que anteriormente era propiedad de Mahan Air, que tenía el número de cola EP-MND”, aseguró el FBI en su informe.
El traspaso de la aeronave, bajo la modalidad de un leasing, complicaría las cosas. “Si Mahan Air está arrendando la aeronave a Emtrasur, la aeronave aún se consideraría propiedad bloqueada de Mahan Air. Además, las personas que proveen bienes o servicios a la aeronave podrían estar expuestas a sanciones sobre la base de que estarían proporcionando bienes o servicios a Mahan Air”, explicó la agencia norteamericana.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos -por medio de la OFAC- acusa a la Mahan Air de colaborar con la organización terrorista Hezbollah. Por ese motivo impuso sanciones a Conviasa, propietaria de Emtrasur.
La información de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) es pública. Y en su página oficial se puede leer que desde 2011 sancionó a Mahan Air. Nicolás Maduro, que autorizó la compra del Boeing matricula YV3531, no podía desconocer la interdicción de la OFAC.
Sin embargo, Maduro ordenó que la nave de Emtrasur aterrice en Ezeiza con una tripulación conducida por el terrorista Ghasemi, otros cuatro iraníes y 14 tripulantes de Venezuela. Por la información aportada desde el FBI, al juez Villena ya no le quedan dudas que está frente a una causa vinculada al terrorismo internacional.
El avión aterrizó el lunes pasado en el aeropuerto de Córdoba por la neblina que había sobre Buenos Aires, pero dos horas más tarde, a las 14.35, llegó a Ezeiza, donde lo estaban esperando. La carga fue revisada varias veces porque ya había alertas de agencias internacionales.
El miércoles 8, ante la negativa de Shell de venderles combustible, la tripulación intentó volar a Uruguay, posiblemente con un pre contrato con una petrolera de ese país. “El avión estaba con menos combustible de lo esperado por el aterrizaje que tuvieron que hacer el lunes en Córdoba por la neblina”, apuntó una fuente que conoce los detalles de la operación.
Recién el miércoles a la tarde, a su regreso de Uruguay, la tripulación habría intentado negociar con YPF y AXION, a través de Marcelo Di Sanzio, la persona contratada por Emtrasur para los servicios de handling. A esa altura, las petroleras ya habían intercambiado consultas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El miércoles 8 hubo otra revisión de la carga. Y dos días después la PSA dispuso una requisa “exhaustiva” adentro del avión, con más de 60 efectivos y perros especializados.
El juez Villena intervino recién el sábado a la mañana a partir de un habeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner, que luego se corrió de la investigación. El lunes, la fiscal Cecilia Incardona impulsó una investigación donde se acumularon al menos tres denuncias.
“A veces la novela periodística pasa los límites de lo razonable”, comentó esta semana la portavoz Gabriela Cerruti cuando se le preguntó sobre el avión venezolano-iraní. El presidente Alberto Fernández agregó ayer que el tema había sido agrandado por la oposición. “Quisieron mostrar algo que no es, alguna cosa o movimiento oscuro del Gobierno, pero actuamos rápidamente. La oposición trató de aprovecharlo para vincularlo con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA“, dijo declaraciones a Radio 10.
En tanto, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández terminó hablando de un “homónimo”. “Respecto de las personas hay una particular indicación respecto de Gholamreza Ghasemi, que es uno de los tripulantes y que tiene un nombre, un homónimo con participación en los Quds, en las fuerzas revolucionarias iraníes, nada más que la condición de homónimo, no otra cosa”, aseguró en alguna de sus intervenciones mediáticas.
“Se va a terminar comprobando lo que dije y por lo que me bardearon a diestra y siniestra. La cantidad de tripulantes tenía que ver con que también había adiestramiento que necesita la tripulación venezolana para poder pilotar ese avión”, informó el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.
El presidente, su vocera, el ministro de Seguridad, y el director de la AFI seguramente hoy comentarán la información que prueba las vinculaciones terroristas del avión venezolano y su piloto iraní.
El juez se concentrará en Ghasemi y sus objetivos terroristas en la Argentina, y a continuación avanzará sobre el resto de la tripulación integrada por otros cuatro iraníes y 14 venezolanos que trabajan para una compañía pública que actúa bajo las órdenes de Maduro.
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