Gobernadores y La Cámpora quieren sacarles a los piqueteros la administración de los planes sociales

Hartos de las presiones (que interpretan como “extorsiones”), gobernadores del Frente de Todos con apoyo de dirigentes clave de La Cámpora quieren que el gobierno de Alberto Fernández apure una reforma en la gestión de los planes sociales para que sean las provincias y los municipios quienes administren los subsidios y la asistencia que distribuye la Nación y no las organizaciones piqueteras, a las que el secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, definió como “sindicatos” de pobres y desocupados.

Fue en la entrevista que Infobae publicó el domingo 5 de junio que el funcionario y líder del Movimiento Evita -a cargo de un presupuesto público de 270 mil millones de pesos- explicó el significado de la idea de “economía popular” y definió a las organizaciones populares como “sindicatos de esa gente”, en referencia a las personas de bajos recursos que dependen de los subsidios para sobrevivir. En una semana que estuvo signada por las internas por el avión venezolano-iraní y el manejo de la economía, una nueva fricción entre sectores del Frente de Todos apareció en el escenario, ahora por la política social.

La ofensiva contra esas organizaciones se conoce un día después de la marcha piquetera que enloqueció el tránsito porteño y mantuvo bloqueada por unas 10 horas la Avenida 9 de Julio, y luego de que estallara el escándalo por el cobro del 2% de los planes a los beneficiarios del Polo Obrero. El 2022 se encamina a ser un año récord histórico de protestas y piquetes, superior incluso a los que se dieron entre el 2001 y el 2002, el año de la crisis más terrible que vivió la Argentina en el siglo XXI.

“Es tiempo de construir consensos estructurales respecto de políticas para el desarrollo productivo, con el objetivo de generar nuevos empleos de calidad. En este sentido estamos estudiando también alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno”. Este párrafo, en apariencia inofensivo, apareció en la declaración que hace una semana firmaron 16 mandatarios alineados con el Frente de Todos y que fue el anuncio de una batalla política de alto voltaje. Pérsico, además, es uno de los socios políticos principales de Alberto Fernández.

Un alto dirigente de La Cámpora consultado por Infobae confirmó que impulsan la presentación de un proyecto de ley para reformar la política social, pero se ocupó de aclarar que la ofensiva “no es contra Pérsico”. De todos modos, admitió la incomodidad porque el dirigente sea quien lidera una organización que recibe ayuda del Estado y, a la vez, está “del otro lado del mostrador” distribuyendo esa misma asistencia.

Más ácidos fueron funcionarios de provincias y municipios que se quejan por la acción política que, desde el Movimiento Evita y con fondos que administran desde el gobierno nacional, realizan en el territorio: “Dan planes y al mismo tiempo plantan candidatos”, se quejaron en off the record.

Menos beligerantes, desde tres gobiernos provinciales confirmaron que apoyan una reforma de la política social que distribuye el gobierno nacional, pero evitaron hablaron de Pérsico o de las organizaciones piqueteras que este jueves marcharon por toda la Avenida 9 de Julio, desde la Autopista Illia, en Retiro, hasta la Autopista 9 de Julio Sur, en Constitución.

“La idea es que los planes se conviertan en trabajo y no haya intermediarios en el proceso, que los manejen provincias y municipios, pero también que en un tiempo perentorio pasen a ser un empleo”, transmitió uno de los 16 gobernadores que firmaron la declaración “Por más federalismo y unidad nacional”, que también incluía el respaldo a la polémica reforma de la Corte Suprema de Justicia.

La discusión que plantearon los gobernadores tiene un objetivo político pero también presupuestario. Es que, según datos del Ministerio de Desarrollo Social a los que accedió Infobae, el programa Potenciar Trabajo -el principal que distribuye la gestión de Alberto Fernández- pasó de 65 mil millones de pesos en 2020, a 209 mil millones el año pasado. Y en los primeros cinco meses del 2022 (el “devengado consumido”) llegó a los 137 mil millones de pesos.

Lo cierto es que las caras que se vieron ayer en el microcentro porteño marchando por planes sociales y comida son el reverso de otra imagen que también existe en Argentina: la del turismo récord. Según previsiones del sector, entre 2,5 y 3 millones de personas está previsto que viajen por el interior del país a disfrutar los cuatro días de fin de semana XXL que empezó hoy y termina el lunes próximo por los feriados en homenaje a Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano. Con una ocupación de entre el 75% y el 100%, de acuerdo con información del Ministerio de Turismo que encabeza Matías Lammens, destinos como Mar del Plata, Cataratas del Iguazú, Bariloche, Las Leñas, La Quebrada de Humahuaca, Potrero de los Funes, Ushuaia o El Calafate, están con reservas a tope.

Se trata de un universo que en teoría coincide con los trabajadores formales que empezaron a recibir los primeros aumentos de las paritarias que cerraron sin conflictos. Un resumen del Ministerio de Trabajo -al que accedió Infobae- detalla que los acuerdos de 38 actividades incluyeron subas promedio anualizadas del 60%, todos con cláusula de revisión que, con una inflación viajando por encima del 70% anual, obligará a una nueva discusión.

La economía de un gobierno desarticulado

La de los planes sociales es la menos conocida y nueva discusión hacia el interior de la coalición oficialista, que tuvo esta semana tres andariveles donde circularon las zancadillas. “No sé qué planillas miran Guzmán, Pesce y el Presidente”, afirmó esta semana uno de los dirigentes que habla con la presidenta Cristina Kirchner y que se mostró preocupado por la disparada del dólar, la caída de las reservas y el derrumbe de los bonos de deuda en pesos.

Se refería al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, que siguen siendo blanco móvil para los sectores más duros del cristinismo. Anoche, en una entrevista televisiva, el titular de la autoridad monetaria sorprendió con varias definiciones sobre la coyuntura. Admitió que el campo no liquidó más de 2.000 millones de dólares. Destacó que “por la pericia del BCRA no hubo una crisis cambiaria”. Y adjudicó la incapacidad para acumular reservas a que en el mercado exista una “percepción de escasez” de dólares.

Con esto, la definición de Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas más escuchados por el círculo rojo, adquiere un nuevo sentido: “Yo puedo simular un escenario en el que el dólar se va al demonio cuando me lo piden, pero es un poco como los protocolos anti incendio: vos tenés un bombero responsable del piso, un protocolo, una salida de emergencia y una forma de bajar por la escalera. Pero si hay fuego de verdad, la gente se toma el ascensor, se pisan las cabezas los unos a los otros”.

El especialista en finanzas que reveló la semana pasada a esta columna la descoordinación en el equipo económico que derrumbó la cotización de los bonos en pesos, agregó: “Si en vez de vender 10 mil millones de pesos de bonos en pesos de una vez lo hacían de a poco no hubieran sonado las alarmas, pero no hacerlo generó un daño enorme. No fue la interna, fue ineptitud”.

También en el sector privado hay dudas sobre el impacto que tendrán las medidas anunciadas para resolver la falta de gasoil. Como con las reservas, el diagnóstico sobre la “percepción de escasez” empujó al Gobierno a anunciar un aumento al 12% del corte de biocombustible y un aumento del 12% del precio en surtidor. “Hay un problema de demanda, no tanto de oferta. Antes que aumentar el corte de biocombustible y el precio en surtidor, tal vez se podía haber controlado más el contrabando en la zona de frontera. Son medidas que tendrían que haberse tomado hace dos semanas y que van a demorar varios días en surtir efecto”, explicaron en una de las petroleras.

Las empresas de transporte son las encargadas de mantener actualizado el mapa de falta de suministro del combustible en todo el país. Mientras, el camionero Hugo Moyano mantiene un silencio estratégico.

El avión venezolano-iraní

La descoordinación que en materia económica mostró el gobierno de Alberto Fernández estos últimos días se repitió ante el grave episodio del avión venezolano-iraní que aterrizó en territorio argentino, pese a las alertas internacionales que se encendieron tanto por la propiedad del avión como por la presencia de Gholamreza Ghasemi Abbas, piloto que está siendo investigado para determinar si formó parte de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Recién este jueves y tras varias idas y vueltas, en la Casa Rosada hubo alivio por las declaraciones de las embajada de Estados Unidos y de Israel, que mostraron preocupación pero reconocieron la actuación de las autoridades argentinas. “Si se hubiera explicado todo desde el primer minuto, en algo tan sensible como un avión con iraníes y venezolanos aterrizando en Ezeiza, hubiera sido más fácil, pero se dejó crecer el tema sin una estrategia para explicar todo lo que se hizo”, se lamentó, mordaz, un funcionario del Gobierno.

Luego de una semana, la portavoz Gabriela Cerruti habló ayer en conferencia de prensa sobre el tema y se quejó de la “novela” que, a su juicio, armaron los medios.

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