La contratación del avión venezolano-iraní para trasladar un cargamento de autopartes desde México a Buenos Aires incluye una sospechosa cadena de empresas de varios países que se contratan entre sí. Esa trama acaba de sumar un nuevo protagonista: según información a la que accedió Infobae, la empresa venezolana Emtrasur fue contratada por Alcux Air Spain, una firma con sede en Barcelona que tiene pocos antecedentes comerciales. En total se habrían pagado USD 600 mil para hacer el vuelo entre el aeropuerto de Querétaro (México) y Ezeiza.
El vuelo estaba previsto para el 2 de junio. En diálogo con Infobae, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, confirmó que el viaje se retrasó dos días porque no contaba con la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil.
“Una vez que se presentó el certificado de aeronavegabilidad, el certificado de registro, los seguros nacionales e internacionales, el certificado de aeronavegabilidad del país bandera, es decir Venezuela, y los documentos de la tripulación se procedió a autorizar la operación”, detalló el funcionario mexicano.
El avión finalmente aterrizó en México el 4 de junio a las 6:49. Su salida a Buenos Aires se postergó unas horas más por “requerimientos operacionales”. “Tuvieron que acomodar la carga de cómo estaba prevista para transportarse dada la configuración del avión”, explicó Del Prete Tercero. Finalmente, partió el domingo 5 de junio desde el aeropuerto de Querétaro.
El contrato entre Alcux Air Spain y Emtrasur tiene apenas una carilla y solo determina una serie de penalidades por un posible retraso. En ese documento se menciona la capacidad de carga del avión, unas 80 toneladas, pero la carga pesó 47882 kilos, repartidos en 312 bultos, según documentación oficial a la que accedió este medio.
Hay otro dato que llama la atención: la empresa española tiene escasos antecedentes y un administrador, Juan Manuel Bataller Rosa, que aparece en una docena de empresas de diferentes rubros.
Hasta ahora se sabía que el importador involucrado fue SAS Automotriz. Esa firma comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. “La relación entre el forwarder (Fracht) y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna”, dijo a través de un comunicado.
Volkswagen también se desligó del avión desde el comienzo: “La relación entre el forwarder (agente de carrera) y la compañía aérea para que las piezas para la producción de las mencionadas partes lleguen a la Argentina es algo que Volkswagen Argentina desconoce y no tiene relación alguna con los hechos sucedidos”.
Faltaba la palabra de la empresa de logística. Llamativamente, decidió echarle la culpa a una empresa mexicana. “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre ese vuelo”, dice un comunicado del forwarder.
“Todos tercerizan y subcontratan …el transporte marítimo está colapsado y no hay aviones. Cuando hay apuro para traer una carga pasan estas cosas, los fortwarder salen a buscar cualquier avión”, explicó un experto aerocomercial.
El Boeing 747-300 aterrizó el lunes 6 en Buenos Aires. La carga fue revisada por las autoridades aduaneras argentinas con especial atención porque había alertas de agencias internacionales y se liberó al mercado.
Dos días después, la carga fue revisada nuevamente en un operativo conjunto entre PSA, PFA y Aduana en la Terminal de Cargas Argentina (TCA). “Para la realización de dichos controles se utilizaron detectores de trazas, canes especializados en la búsqueda de explosivos y narcóticos, como así también se sometieron de manera aleatoria para su control por equipos de rayos x, alguno de los pallets de la carga en cuestión; dichos controles arrojaron resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos prohibidos”, detalló la PSA en un informe ante el juez federal Federico Villena.
El viernes 10, cerca de las 19 horas, cuando ya había trascendido el escándalo por un pedido de informes del diputado Gerardo Milman, hubo otra revisión de la PSA dentro del avión, con la presencia de los tripulantes.
La maraña de empresas involucradas en el vuelo parece interminable. Según pudo saber Infobae, en la documentación que tienen las autoridades aduaneras locales aparece otra firma, Blue Wings SA, que hizo los trámites en Buenos Aires para Emtrasur. “Hay empresas que mueven carga a nivel mundial que no tienen personal propio, entonces tienen que tercerizar los trámites, ahī aparece Blue wWings”, explicó una fuente que accedió a esos documentos.
Con la colaboración de Rodrigo Gutiérrez y Anayeli Tapia (Infobae-México)
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