Los 14 venezolanos que viajaron en el avión de Emtrasur trabajan para la aerolínea estatal Conviasa, pero hay uno que llamó más la atención de los investigadores. Se trata de Cornelio Trujillo Candor, señalado como uno de los pilotos que participó en el intento de golpe de estado de Hugo Chávez, el 27 de noviembre de 1992, que tuvo como resultado más de 170 muertos.
El levantamiento de 1992 tenía como objetivo la liberación de Chávez, que estaba en prisión tras su rendición en el golpe fallido del 4 de febrero, y la captura del presidente Carlos Andrés Pérez.
En su trayectoria militar, Trujillo Candor llegó al rango de Teniente Coronel de la Aviación. En cuanto a su desarrollo profesional en el sector aeronáutico, sumó más de 16 mil horas de vuelo, y fue precisamente durante el gobierno de Hugo Chávez cuando alcanzó su mayor cargo: el 8 de noviembre de 2006 fue designado Gerente General de Seguridad Aeronáutica del INAC.
Trujillo Candor estuvo mencionado en el caso de la valija de Antonini Wilson porque ejercía funciones en el aeropuerto de Maiquetía, última escala del avión antes de aterrizar en Aeroparque. Dos meses después de ese escándalo, fue condecorado con la “Medalla al Mérito Aeronáutico”.
Según los datos que tiene en su poder la Justicia argentina, nació el 16 de enero de 1956 y egresó como piloto de la Academia Militar Promoción “Mayor (F) Buenaventura Vivas Guerrero” en 1979.
En la lista de 14 venezolanos hay otro militar: Vicente Antonio Raga Tenias. “En 2006 era teniente coronel de la Aviación y fue designado como aéreo de la Reserva Nacional. Hasta 2021 vivía en Malaga (España)”, dice un informe que circula entre los funcionarios argentinos.
La tripulación del avión de Emtrasur permanece en el hotel Hotel Plaza Central Canning de Ezeiza. Ayer a la madrugada el juez Federico Villena hizo un operativo en el lugar, donde secuestró documentación y un total de 18 teléfonos secuestrados y 7 tablets. En esos aparatos podría haber información desconocida sobre los tripulantes, aunque ya pasó una semana desde el aterrizaje en Ezeiza. Por ese motivo, el magistrado decidió encargar esa pericia al área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, tal como reveló ayer Infobae.
El juez decidió apartar a las fuerzas de seguridad nacionales que dependen del ministro Aníbal Fernández porque la PSA y la PFA estuvieron involucradas en el operativo para revisar el avión, la semana pasada, y ahora están bajo investigación.
El procedimiento es unas de las medidas de prueba solicitadas por la fiscal Cecilia Incardona, quien firmó un requerimiento de instrucción en la causa que se inició por la denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El expediente judicial ya acumuló tres causas con el mismo objeto procesal: la denuncia que realizaron los diputados López Murphy y Gerardo Milman, en conjunto con el consultor aeronáutico Franco Rinaldi, otro expediente que impulsó el juez Villena al extraer testimonios, y finalmente la denuncia de la DAIA.
Bajo secreto de sumario, el juez ordenó ayer otras medidas de prueba. La DAIA pidió que se libre un oficio a la compañía que recibió las autopartes, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que había sancionada a la aerolínea venezolana CONVIASA, y que se libre un exhorto a Interpol para que se expida al respecto de los pasajeros que venían en el vuelo.
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