El Polo Obrero le quita el 2% del Potenciar Trabajo a los beneficiarios y recauda más de $270 millones por año

El Polo Obrero (PO) reconoció de manera oficial que retiene el 2% de los 19.000 pesos que cada uno de sus 60.000 beneficiarios reciben del Programa Potenciar Trabajo. Esto sería unos 22.800.000 pesos mensuales si el aporte involucra a todos los que reciben el plan. La cifra anualizada asciende a 273.600.000 pesos. A través de un comunicado que le hizo llegar a Infobae Eduardo Belliboni, el principal dirigente de ese movimiento popular, asegura que esa quita en los haberes que reciben las personas más vulnerables a través del ministerio de Desarrollo Social “no es compulsivo” sino que es “un aporte voluntario de los ingresos votado en las asambleas”. La Mesa Directiva del Polo Obrero afirma que en esas mismas asambleas “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.

Esa recaudación era hasta el mes de mayo, pero, según el calendario oficial, en julio, el monto pasa a ser de 22.770 pesos, correspondiente a la liquidación de junio con aumento del 17%. En septiembre, el haber final será de $23.925, con suba del 10% correspondiente a agosto. Es decir que, si se toma la última cifra, a partir de agosto el descuento que el Polo Obrero le realizará a cada beneficiario será de 478,5 pesos. Multiplicado por la cantidad de beneficiarios, la recaudación será de 28.710.000. En este caso, la cifra anual ascenderá a 344.520.000 pesos.

El Polo Obrero forma parte del denominado Frente de Lucha Piquetero, conformado, entre otros, por las organizaciones MTR 12 de abril, CUBA MTR, MTR votamos luchar, MAR, William Cooke, 17 de noviembre, MTL rebelde y MBT. Según pudo saber Infobae, esos otros movimientos concentran otros 60.000 planes Potenciar Trabajo. ¿A esos beneficiarios también se le descuenta un dos por ciento de sus haberes o más? Este medio preguntó a varios dirigentes de esos movimientos pero no hubo respuesta.

El Potenciar Trabajo es el principal programa de la cartera a cargo de Juan Zabaleta, después de la Tarjeta Alimentar. Este año tiene un presupuesto asignado de 243.126.690.730 pesos que se destinan a 1.271.215 titulares activos. Quien administra y coordina ese programa es Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, que integra el Frente de Todos. Ese dinero, explicó el funcionario a este medio, se deposita en la cuenta del Banco Nación que tiene cada uno de los beneficiarios.

Es por esa razón que cada persona tiene que “aportar” al Polo Obrero después que el monto se acredite en su cuenta.

El primer dirigente en blanquear que las movilizaciones y marchas, como la federal, que movilizó a unas 150.000 personas que protestaron frente a la Casa Rosada el 12 de mayo, son financiadas con ese dinero, fue el legislador porteño por el Partido Obrero Gabriel Solano.

“En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380″, dijo Solano en declaraciones periodísticas. Los dichos generaron malestar dentro del brazo piquetero del Partido Obrero. Horas más tarde, y ante las críticas que estaban recibiendo los dirigentes de esa organización social, la Mesa Directiva del Polo Obrero difundió un comunicado titulado: “Respondemos una campaña sucia contra el Polo Obrero, funcional al ajuste del gobierno”. En realidad, el escrito, referenciado en Belliboni, no hace más que ratificar los dichos del legislador porteño.

“Lo que en realidad ocurre es que las organizaciones de los desocupados organizan y defienden un financiamiento autónomo para las necesidades de la lucha y de los barrios. El movimiento piquetero sostiene, sin apoyo del estado, miles de comedores populares en todo el país. Para eso es necesario, como cualquiera sabe, tener un lugar donde hacer la olla popular y por lo tanto pagar alquileres, comprar una garrafa, pagar los fletes para trasladar los alimentos que el Estado no entrega en la puerta de cada comedor o en un depósito Central”, justifica el comunicado. Según Belliboni, esos gastos “lo debería financiar el Estado, pero lo terminan financiando las familias que concurren a los comedores” y agrega que “el movimiento piquetero sostiene medidas de lucha y campañas nacionales de lucha por trabajo genuino y todos los reclamos de los barrios”.

Siguiendo esa línea argumental, el comunicado asegura que fueron “las asambleas del Polo Obrero las que votan un aporte voluntario del 2% de los ingresos” y destaca: “En las asambleas del Polo se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros. El Polo Obrero financia su actuación del mismo modo que un club, que una sociedad de fomento, un sindicato o cualquier otra organización popular. Con la diferencia que, por ejemplo, los sindicatos producen descuento obligatorio por planillas, cosa que ninguna organización social puede ni debe hacer. No es cierto que sea compulsivo porque el Polo Obrero no da bajas”.

Las asambleas están integradas, se presume, por delegados de barrios, usurpaciones, comedores y merenderos y de algunas fábricas y sindicatos. La pregunta, hasta ahora sin respuesta, es si ese grupo de dirigentes que votan en las mencionadas asambleas populares representan a los sesenta mil beneficiarios del Potenciar Trabajo que, según Solano y Belliboni, aportan el 2% de sus magros haberes.

Según las disposiciones vigentes, solo el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la secretaría de Pérsico, es quien está mandatado para dar altas y bajas del Potenciar Trabajo. Así se estableció para que ningún inescrupulosos extorsione o presione a los beneficiarios para que aporten dinero o asistan a marchas y movilizaciones. Sin embargo, esto no quita que existan personas que se puedan sentir intimidadas o que desconozcan el mecanismo de altas y bajas.

Belliboni interpreta que la difusión de la quita en los haberes de los beneficiarios del Potenciar Trabajo llega en el “marco del plan de lucha de la unidad piquetera que enfrenta el ajuste del gobierno y el FMI” y que quienes lo difunden pertenecen a “diferentes sectores del poder económico y político” que “han salido a hacer una campaña repleta de mentiras, tergiversaciones y manipulaciones que tiene el objetivo de desprestigiar la lucha piquetera por trabajo, contra el hambre y la pobreza”. Y agrega: “La base de este ataque es sostener que existen cobros compulsivos en el Polo Obrero para alimentar ‘cajas’ políticas”.

La Mesa Directiva del Polo Obrero sostiene: “Atacar este sostenimiento del PO es pretender el cierre de miles de comedores populares y propiciar prácticamente la disolución de las organizaciones que los sostienen. Es un objetivo que sería totalmente funcional al ajuste del Gobierno, pactado con la oposición y el FMI”. Se refiere, justamente, a los más de 22 millones de pesos mensuales que hasta ahora vendría recaudando a través del “aporte solidario” de los militantes que reciben del Estado Nacional un sueldo como compensación por la prestación de cuatro horas de trabajo que realizan a través de las Unidades de Gestión.

Las Unidades de Gestión se trasformaron en un punto de tensión entre los dirigentes piqueteros y el ministro Zabaleta. Fue después que el funcionario, a través de una resolución, habilitó el “pase” de, por ejemplo, una cooperativa a otra. En una amplia mayoría de casos, las cooperativas de trabajo dependen de los movimientos sociales.

Para esto, el beneficiario debe justificar la razón por la cual solicita el “cambio de Unidad de Gestión”. Según un informe del ministerio de Desarrollo Social, desde su puesta en marcha, el 29 de diciembre de 2021 al 1 de junio se realizaron 176.678 solicitudes.

Los motivos a seleccionar pueden ser tres: Búsqueda de nuevas propuestas de actividades (109.645 casos); mudanza (14.039 casos) y el tercer ítem es abierto. Allí se registraron 44.504 personas. Un 15% de ellas manifestaron “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar exigencia de cobro de una cuota o aportes, amenazas de bajas y obligación de ir a marchas o movilizaciones”.

En total, unos 7.000 inscriptos al Potenciar Trabajo manifestaron ese tipo de situaciones y cerca de 900 manifestaron recibir algún tipo de amenazas. Más de 3.000 expresaron la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización, algo similar a lo que ocurre entre los grupos piqueteros; 1.400 señalaron presión para asistir a marchas o movilizaciones y alrededor de 1.700 titulares del programa Potenciar Trabajo describen maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de la Unidad de Gestión.

Consultados por este medio, desde el ministerio de Desarrollo Social dieron su postura: “Esas situaciones manifestadas en la respuesta abierta que podrían representar algún tipo de irregularidad, fueron derivadas al equipo que trata las denuncias para avanzar en las investigaciones y en caso de encontrase pruebas derivar la denuncia a la justicia”.

La Unidad Piquetera y el Polo Obrero le reclaman al gobierno del Frente de Todos una mayor cantidad de alimentos para los comedores y merenderos y que se “regularice la entrega”. Los funcionarios de Zabaleta afirman que ese punto de conflicto esta superado y que puede haber novedades sobre el tema. Los dirigentes piqueteros, en cambio, sostienen que la demora supera los tres meses.

El lunes pasado la Unidad Piquetera, que integra el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, votaron un plan de lucha contra el gobierno de Alberto Fernández que comenzará el jueves con una concentración y posible acampe frente el ministerio de Desarrollo Social. Entre los reclamos destaca la apertura del Potenciar Trabajo. La Casa Rosada no va a ceder en el tema, es una decisión que se tomó hace diez meses, cuando Zabaleta reemplazó en el cargo al actual diputado nacional Daniel Arroyo.

El 19 de octubre de 2021 el Gobierno oficializó la medida que busca convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en “incentivos para la contratación” bajo la forma de “empleo asalariado registrado en el sector privado”. Fue a través del decreto 711/2021. La medida precedió a las palabras de Fernández: “nadie quiere más planes sociales” sino que la misión es “convertirlos en trabajo genuino”. Una iniciativa loable pero que se demora y en eso hacen ancla los dirigentes sociales enfrentados a Balcarce 50.

Zabaleta estaba dispuesto a recibir el jueves por séptima a los dirigentes de la Unidad Piquetera pero, según pudo saber Infobae, la reunión no se va a formalizar si, como anunciaron los piqueteros frente al edificio del ministerio hay piqueteros dispuestos a realizar un acampe.