La pelea entre la UBA y el narcotraficante más poderoso del país por 28 mil hectáreas en Salta

El narco más poderoso del país está preso, es juzgado por varios crímenes y, desde el penal de Ezeiza, intenta recuperar las 28 mil hectáreas que le incautó la justicia bajo la novedosa figura de “recuperación de activos en casos de corrupción” y presunto “lavado de dinero”, por ejemplo, proveniente del narcotráfico, al presumirse que los bienes fueron adquiridos a través del lavado de dinero. Reinaldo Delfín Castedo, de él se trata, denuncia una supuesta desforestación ilegal. Las tierras que le urge recuperar limitan con la frontera boliviana. Por los pasos clandestinos que abrió el “clan familiar” a lo largo de 15 kilómetros boscosos y casi inaccesibles se cree que el “Patrón del Norte” traficaba cuatro toneladas de cocaína mensuales que era embarcada a Europa. En los tribunales federales creen que Castedo quiere recuperar esas propiedades para reactivar los “cruces fronterizos secos” ubicados en las fincas Aybal y Pajeal.

Esas tierras, consideradas como “oro” para los narcotraficantes, pero de escaso valor comercial, por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, son administradas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que en los últimos meses es objetos de descalificaciones insólitas: la acusan de desforestar el lugar y vender de manera clandestina la madera. En el expediente, en cambio, hay constancias irrefutables que la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció la tala ilegal de esos bosques. Sin embargo, lo que se hace trascender al público salteño, es a la inversa.

“No se puede permitir que esos campos los recupere el narcotráfico. La UBA nunca realizó tala ilegal. Y tampoco legal porque las autoridades de Salta no autorizaron las guías para hacerlo. Sí, en cambio, la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció en varias oportunidades el robo de maquinarias, la tala clandestina, la posible apertura de pasos fronterizos clandestinos para tráfico ilegal y hasta la instalación de campamentos de obreros para la deforestación ilegal”, afirma un alto funcionario judicial que recibe a Infobae con el expediente en la mano.

El letrado, que prefiere no ser mencionado, da vuelta las fojas del expediente y realiza una reflexión inquietante: “Por encima de Delfín Castedo hay intereses más poderosos de este lado y del otro de la frontera. Orán es la Sinaloa Argentina, está tomada por el narcotráfico. La gente vive con miedo. Allí está enquistada una verdadera mafia, un entramado corrupto entre lo público y lo privado”, dispara y opina: “Todos hablan del narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero la droga, a Rosario, llega de Salta”.

Uno de los casos más impactantes de la vinculación narco con la justicia y el poder en Orán fue la destitución, encarcelamiento y condena del juez federal de esa localidad, Raúl Reynoso, por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes.

Excepto en algunas causas, las que se cuentan con los dedos de una mano, la justicia federal hasta ahora no avanzó sobre las figura de los pesos pesados de la política provincial sobre los que sobrevuelan las sospechas de sus vínculos con el trafico ilegal de drogas.

El “clan” Castedo

El entramado de las causas judiciales que se tramitan en Buenos Aires y Salta, y que involucran al “Patrón del Norte”, son complejos. Las tramitaciones lentas están plagadas de sospechas de cobertura política, judicial y de las fuerzas de seguridad. Además del contrabando de cocaína, se investiga el asesinato de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos en Salvador Mazza (cuya pareja fue muerto en ese país en una redada narco) que el 18 de septiembre de 2006 denunció que los hermanos Reinaldo Delfín y Raúl Castedo, junto al entonces diputado -ahora fallecido- José Ernesto Aparicio, habían “cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia para utilizarlo para traficar drogas”.

Tres días después, el 21 de septiembre de 2006, la mujer fue asesinada de siete puñaladas. El violento homicidio fue considerado como un mensaje mafioso.

Su cuerpo apareció tendido sobre la precaria pasarela de madera del Sector 5 de Salvador Mazza o “Pocitos”, a muy pocos metros de Yacuiba, la ciudad espejo en Bolivia. Además de las heridas mortales, los criminales se tomaron el tiempo para realizar cortes en su boca, un hecho que en el mundo mafioso se interpreta como “silencio” o te puede pasar lo mismo.

El homicidio fue un golpe para la estructura criminal de los hermanos Castedo. Reinaldo Delfín se fugó y fue detenido diez años después en el conurbano bonaerense. También destrozó la carrera política del diputado provincial Aparicio, un hombre influyente que aspiraba a suceder a su jefe político, el entonces gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero.

Sobre el ex mandatario no pesa ninguna imputación en las causas que se le siguen a los Castedo. María Gabriela Aparicio, la hermana del entonces diputado provincial, y otros tres hombres fueron condenados a prisión perpetua por la autoría del crimen de Ledesma.

Para la mamá de la pequeña productora, Elida Romero, la masacre de su hija seguirá impune hasta que los autores intelectuales, es decir los hermanos Castedo, no sean condenados como los cerebros detrás del asesinato mafioso.

Con buen criterio y lógica, el fiscal general salteño Carlos Amad pidió que al juicio oral contra los hermanos Castedo y a los otros integrantes de la banda por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos producto del narcotráfico se le sume el asesinato de Ledesma por considerar que se trató de “un crimen del narcotráfico” y que los acusados serían los autores intelectuales.

Se trató de un planteo de competencia formalizado por Amad, de la Unidad Fiscal Salta, en el juicio en el que también se juzgan a la ex mujer de Delfín Castedo, Mabel Araujo; los comerciantes Alberto, Luis y Mario Yudi; y el martillero público Eduardo Torino.

“Está probado que todos estos hechos son producto de una mafia del narcotráfico que, en sus inicios, era dirigida por el diputado provincial Ernesto Aparicio -fallecido-, socio de los principales acusados de este juicio”, argumentó el fiscal federal.

“Liliana Ledesma representaba un peligro exponencial para los acusados, pues era la única que denunciaba su verdadera actividad dentro de la finca, la que no era otra que el tráfico de drogas”, indicó Amad.

El fiscal tampoco dejó de lado el hecho de que las organizaciones dedicadas al narcotráfico “tenían protección del poder político, de la policía y del entonces juez federal Raúl Reynoso”, el mismo que cumple una condena por favorecer a narcotraficantes.

El Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Federico Díaz y Marta Snopek, se negó a la solicitud de la fiscalía federal y la presunta autoría intelectual del homicidio de Ledesma deberá ser ventilado en la justicia criminal ordinaria.

Las tierras de la discordia

“La finca” en la que se presume los Castedo traficarían las miles de toneladas de cocaína nombrada por el fiscal Carlos Amad es la misma que el juez federal Federico Villena de Lomas de Zamora -provincia de Buenos Aires- ordenó su “recuperación como activos sociales” y que la UBA explotara de manera comercial las 28.000 hectáreas, la mayoría de las cuales son fronterizas a Bolivia y limitan con tierras similares que en el país vecino son propiedad de familiares de los Castedo, según la pesquisa judicial. En esa traza, el límite entre un país y el otro era una tranquera.

El relato anterior era necesario para comprender la insistencia de Delfín Castedo para recuperar las tierra “que valen oro” para los narcotraficantes, según entiende uno de los pesquisas.

La causa que investigó Villena, y que fue elevada a juicio oral, es el expediente FLP081152/2017. Si bien se investiga también los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, es otra a la que al “Patrón del Norte” o al “Patrón de todas las Bandas” se le sigue en Salta.

La presunta protección política que tendría la banda de Castedo se habría desmoronado en julio de 2016, fecha en la que fue capturado después de permanecer 10 años prófugo y liderar, desde la clandestinidad, una de las organizaciones narco más importantes de la Argentina.

Al “Patrón del Norte” lo detuvo Gendarmería Nacional en el ingreso a Parque Leloir, en Ituzaingó, a pocos metros del cruce del Acceso Oeste y Martín Fierro, tras una investigación del fiscal federal Eduardo Villalba, en la que intervino la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal Diego Iglesias y el juez Villena.

Después de una profunda investigación, el titular del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora procesó a Castedo -junto a su hermano detenido en el penal de Ezeiza- y embargó las fincas que el presunto capo narco Delfín Castedo posee en Salvador Mazza, y que habrían sido la clave para el ingreso de la cocaína al país y su posterior distribución.

En su resolución, Villena consideró a Reinaldo Delfín Castelo es “coautor penalmente responsable de los delitos de contrabando de sustancias estupefacientes, agravado por haberse cometido por tres o más personas” y ordenó trabar embargo sobre sus bienes por la suma de 100.000.000 de pesos.

En el escrito, el magistrado también ordenó el embargo preventivo de las fincas “El Aybal” y “El Pajeal”, sobre las que pidió una guardia permanente y que la administración pase a la Universidad de Buenos Aires. Antes, la justicia consideró probado que la droga ingresaba a Argentina desde Bolivia a través de las fincas que manejaba Castedo en Salta.

Una resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ya había establecido que la estancia “El Pajeal” estaría a nombre de Octaviano Barroso, José Carlos Aparicio, María Andrea Aparicio y Ernesto Aparicio (el ex diputado provincial fallecido y vinculado a Castedo) y que su administración durante años fue llevada a cabo por Delfín Castedo.

El propio Castedo en sus declaraciones, en las que se declara inocente, sostuvo que la finca en cuestión pertenecía “al finado Aparicio” (sic), con el cual realizó un acuerdo verbal e indicó que “El Pajeal” tiene más de 10.000 hectáreas de las que Aparicio le cedió 2.500 de montes a cambio de 1.000 hectáreas limpias de “El Aybal”, que era de su propiedad.

Castedo también dijo que el acuerdo no llegó a concretarse porque le vendió la finca El Aybal a Eduardo Torino, su presunto testaferro, según la acusación de los fiscales de Salta.

La titularidad registral de la estancia “El Aybal”, con una superficie de 19.954 hectáreas y 2.883,90 metros cuadrados, perteneció a Mario Yudi, pasando luego al patrimonio de Delfín Castedo en 2005 y finalmente, el 12 de octubre de 2006 (semanas después del homicidio de Ledesma) el inmueble se registró a favor de Eduardo Torino, como gestor de negocios de la firma Anzere S.A, registrada en Uruguay y que luego apareció en la investigación conocida como Panamá Papers.

Castedo negó todo vínculo con el narcotráfico y dijo que “hay pruebas plantadas” y que él se dedicaba a la ganadería. Los fiscales, en cambio, insistieron en que “usufructuó las fincas” para supuesto tráfico de cocaína y por eso Villena las embargó.

Debido a que en el expediente consta que la finca “El Pajeal” tenía unas mil cabezas de ganado, el juez dispuso una medida cautelar de carácter excepcional como es la intervención judicial de ambas propiedades, es así es como llega la UBA a administrar esos campos y, por consiguiente, entienden en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, “evitar que se siga utilizando esa frontera seca como pasos clandestinos para el ingreso de droga”.

Para la pesquisa judicial, el modus operandi de Castedo a través del tiempo fue siempre similar, adquirir las tierras a través de testaferros y abrir caminos internos por los que habrían ingresado al país autos, camiones y mulas con mochilas cargadas de cocaína.

Luego, los cargamentos saldrían camuflados en transporte de madera hacia Chaco, Mar del Plata y Buenos Aires, rumbo a Europa, principalmente a Italia.

Los reclamos del “clan” narco

El objetivo de la administración de la Universidad de Buenos Aires sobre las tierras decomisadas es la preservación de los activos de las fincas, conservar la integridad operativa con una explotación sustentable, obtener una ganancias a través de esa actividad y que esa retribución “se aplicara a becas para chicos principalmente del Norte del País para que pudieran estudiar en la UBA”. Pero, lejos de esto, la universidad “perdió millones de pesos”, según se le aseguro a este medio desde el juzgado.

Las razones son varias. Las fincas cuentan con 15 kilómetros de frontera seca con Bolivia, sin ningún tipo de control, por la que se pasa a pie o con camiones al país vecino conectando a los pocos kilómetros con una carretera.

La Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires se abocó en principio a la actividad ganadera con las dificultades que presenta este tipo de cría mayormente salvaje donde el pastoreo se da en el monte, cosechando el producto de las aproximadamente 300 hectáreas aptas para siembra.

El clima de lluvias intensas, los caminos que permanecen intransitables durante semanas y a veces meses, fueron claras limitantes para intensificar estos trabajos.

Ante estos imperios, la administradora de la UBA, intentó desarrollar la explotación maderera en el marco de lo previsto en la normativa de preservación de bosques nativos.

Para eso, según consta en el expediente del juez Villena, la UBA tramitó las guías correspondientes ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero no se los autorizó.

Lejos de eso, en las fincas narco comenzaron a registrarse robos de ganado, instalación de campamentos clandestinos de tala clandestina de madera, todo hechos denunciados ante gendarmería y en sede judicial.

Sólo a modo de ejemplo, Infobae accedió a algunos de esos legajos. El día 29 de enero de 2020 se solicitó la intervención del Escuadrón 61 de Gendarmería, quién consignó en un acta la detección “de un campamento a medio armar con 4 ciudadanos identificados”, pero sin ninguna resolución judicial.

Ante el juzgado de Villena, la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires, representada por Adolfo Reichemberg, presentó un escrito de 56 carillas en el que detallan cada uno de los hechos.

Allí figura que el 20 de Junio de 2020 se cursó una nota al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal, organismo que depende del ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la gobernación de Salta, en la cual se señala: “En estos momentos, la propiedad se ve amenazada por el flagelo del robo de madera. Las actividades ilegales de corta realizadas afectaron la pista del gasoducto por el tránsito y la acumulación de productos forestales”. Además, pidió “colaboración para combatir estas conductas ilegales y furtivas”.

Las autoridades provinciales instruyeron un sumario, pero se imputó por la tala ilegal de árboles a la UBA, es decir a los propios denunciantes.

La Sociedad Administradora había tomado fotos y vídeos de camiones saliendo de las fincas con los troncos que circulaban con guías de explotación otorgadas a comunidades aborígenes, pero, sostiene la UBA en su exposición ante el juzgado de Villena: “Nada se hizo al respecto”, más que acusar a los denunciantes. Algunas de esas fotos ilustran esta nota.

“En este entramado de omisiones y sospechosa inacción gubernamental” -sostiene el texto- “el colmo ha sido ver como las fotos que fueron presentadas como pruebas en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable " fueron difundidas a la opinión pública “para culpar del hecho a la Universidad de Buenos Aires”.

El descargo formalizado ante el juzgado federal de Villena la Sociedad Administradora de la UBA afirma que la deformación de los hechos presentados ante la opinión pública a través de medios locales: “Esta vinculado con intereses espurios” y entiende que: “Se pretende instalar con la única finalidad de que la Sociedad Administradora se retire, dejando así una vasta zona fronteriza en un vacío amparado en la inacción ante las frondosas denuncias realizadas y, confundiendo en esta perversión mediática a la víctima con el victimario”.

La UBA también pidió no solo que se investigue cada una de sus denuncias, sino que Gendarmería Nacional, a través del ministerio de Seguridad de la Nación, “provea los vehículos y medios tecnológicos que permitan el desplazamiento en las fincas fronterizas para controlar la tala ilegal” y el presunto tráfico “de todo tipo” que se podría estar desarrollando.

El juez Villena, por su parte, propuso que, para lograr un efectivo patrullaje y control del área de frontera, que se tale y desmonte entre cincuenta y cien metros de monte, pero nunca se hizo. El magistrado hasta llegó a proponer que las tierras pasen a ser administradas y preservadas por Parques Nacionales. La iniciativa tampoco prosperó.

En cambio, y de manera paralela a los agravios que sufría la UBA, los representantes legales de Delfín Castedo le solicitaban al magistrado la restitución de las fincas y sus tierras fronterizas al hombre juzgado por tráfico de drogas y lavado de dinero porque “provoca un daños patrimoniales y personales irreparables”

Como contrapartida, en los tribunales de Lomas de Zamora repiten: “No se puede permitir que esos campos lo recupere el narcotráfico”. El final de la historia está abierto.