El Fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -que se especializa en casos de corrupción- formuló cinco denuncias penales para que se determine quiénes fueron los responsables de otorgar 1200 vacunas a personas que no estaban dentro de las prioridades establecidas por la emergencia sanitaria de 2020.
Rodríguez interviene junto al fiscal Eduardo Taiano en la causa conocida como del Vacunatorio VIP en la que está imputado, entre otros, el ex ministro de Salud Ginés González García. Allí se investigan las responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios públicos que organizaron un sistema de vacunación contra el COVID-19 en dependencias del ministerio de Salud y con dosis que habían sido asignadas al Hospital Posadas, que depende del estado nacional. El funcionamiento de aquel vacunatorio -cuando las vacunas eran escasas- fue revelado en febrero de 2021 por el periodista Horacio Verbistky quien contó que había recibido una primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V allí.
En la lista de los vacunados estaban desde el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su esposa hasta el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos. También el ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. Buena parte de los vacunados VIP fueron registrados como personal de salud en los listados del Posadas. Es que por entonces las vacunas disponibles debían otorgarse a aquellos que estaban en la primera línea de combate contra el coronavirus. Cuando se conoció el hecho se presentaron varias denuncias que confluyeron en un solo expediente que quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Y además Fernández le pidió la renuncia a González García, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti.
La PIA analizó toda la documentación aportada al expediente del Vacunatorio VIP por el estado nacional y no solo se limitó a investigar lo sucedido en el ministerio de Salud y en el Posadas. Cruzó los datos de las dosis enviadas y recibidas por cada centro de salud dependiente del estado nacional. Cotejó los nombres de los vacunados asentados en el Registro Federal de Vacunación (NOMIVAC) y los profesionales que había inscriptos en el Registro Federal de Personal de Salud (REFEPS).
La fiscalía especializada en corrupción revisó dosis por dosis todas las vacunas aplicadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en siete establecimientos de salud dependientes del gobierno nacional. A esos lugares se destinaron dosis para vacunar al personal de la salud que había sido definido como estratégico por el plan de vacunación lanzado por aquellos días. Es decir que por entonces solo podían vacunarse quienes revistaran en como personal vinculado al sistema de salud.
La fiscalía de Rodríguez detectó que en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” se aplicaron 12 dosis a personas que no debieron haberlas recibido. Y en tanto sucedió algo similar en el Hospital de Pediatría “Dr. Juan Pedro Garrahan” con la aplicación de 146 dosis. Por lo sucedido en esos dos lugares se hizo una denuncia en la justicia federal de la Capital.
En el Centro Hospitalario de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría, situado en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, se aplicaron -según la PIA- 726 dosis que no correspondían. En tanto, en el Centro Hospitalario Cuenca Alta “Néstor Kirchner” ubicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, fueron 583 las dosis que se registraron a nombre de personas que revestían el carácter de personal de salud. Esas denuncias fueron radicadas ante la justicia federal de Lomas de Zamora.
Asimismo, se detectaron 77 dosis aplicadas a personas que no tendrían que haberlas recibido en el Centro Hospitalario “Dr. René Favaloro”, situado en Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires. La PIA denunció este hecho ante la justicia federal de Morón.
La PIA halló que en el Complejo Hospitalario “Dr. Baldomero Sommer”, ubicado General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, se aplicaron 19 dosis a personas no registradas dentro de las prioritarias por entonces. Esa denuncia fue presentada ante la justicia federal de Mercedes.
Por su parte, fueron 479 las dosis detectadas por la PIA que se aplicaron por fuera de las prioridades existentes en aquel tiempo en el Centro Hospitalario El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner”, situado en Florencio Varela. Eso fue denunciado ante la justicia federal de Quilmes.
En las denuncias formuladas por la PIA se aclara que el alcance de la investigación es provisorio debido a que debe depurarse los listados originales que fueron soporte de la pesquisa debido a que: “a) La amplitud del concepto de “personal de salud” contenido en el “Plan estratégico” (el cual, recuérdese, abarca “toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas”). En este sentido, no puede descartarse que, en su respuesta, el efector denunciado haya omitido la inclusión de personas que en el período de los hechos hayan llevado adelante tareas presenciales en el establecimiento bajo otros regímenes, tales como empleados de servicios tercerizados (limpieza, seguridad, etc.). b) Por otro lado, el REFEPS (Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud) es un registro voluntario que debe ser tomado como indicativo pero no como una nómina completa y definitiva de todos los profesionales de la salud del país”.
En ninguna de las presentaciones se revelan los nombres de los que recibieron las dosis sin estar registrados como personal de salud ni se identifican a los responsables. Aunque la mirada judicial se posará en quienes dirigieron los establecimientos cuando comenzó la vacunación contra el coronavirus allá por diciembre de 2020.
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