En la Ciudad de Buenos Aires, se recibieron 55.474 llamadas a la línea 911 durante 2021 por hechos de violencia de género. Pero muchas quedan en el camino. Apenas la cuarta parte, unas 13.393, se formalizaron en denuncias en comisarías o fiscalías.
“Un gran universo de llamadas de vecinos, familiares y hasta la propia víctima no se transformaron en denuncias. El Estado no pudo llegar a contener o ayudar a las víctimas como debería”, sostuvo hoy el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, durante una conferencia de prensa en la que se presentó el “Mapa de Violencia de Género 2021″, junto al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, la secretaria para la Igualdad de Género, Marisa Bricher, y las directoras del área Mariana Di Palma y Carolina Barone.
La mitad de las denuncias se adecuan a un perfil relativamente definido de víctima: son mujeres, que acusan a su pareja o ex parejas (48,5%) de violencia psicólogica (52%) o física (37%), y tienen entre 21 a 40 años. En menor medida hay violencia sexual (8,5%) o patrimonial (2,5%). En su mayoría viven en las comunas 1, 4, 7 y 8, los barrios de menores ingresos y con mayores desigualdades de la ciudad.
Para atender esta demanda, y en coincidencia con el séptimo aniversario del #NiUnaMenos, el gobierno porteño lanzó este viernes el “sistema de caso único de víctimas de violencia familiar y de género”, un registro oficial que tiene como objetivo poner a disposición de las autoridades judiciales y fiscales el acceso a una base de datos integrada, con información crítica sobre los agresores y las víctimas de cada delito en la Ciudad. Será el primero en el país en funcionar de manera operativa.
El sistema de caso único surge de un convenio con el Ministerio Público Fiscal porteño, que permite compilar las denuncias que ingresan por los diferentes canales que administra el área de Justicia, como las comisarías o los llamados al 911, junto a las medidas de protección implementadas.
“Contar con datos, mediciones y estrategias concretas es muy importante para enfrentar la violencia familiar y de género. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso creamos un mapa de violencias y un sistema único de casos de violencia pionero en el país, que nos va a permitir contar con información sistematizada para actuar más rápido ante cualquier situación de violencia y colaborar con la Justicia”, sostuvo Felipe Miguel.
De el nuevo registro, los fiscales podrán contar en una misma plataforma los antecedentes de los agresores, sus domicilios, o la existencia de medidas cautelares previas, sin tener que enviar un oficio judicial. También accederán a datos de las víctimas, con el objetivo de profundizar la investigación. De esta manera, la unificación habilitaría a tener identificados los distintos perfiles, realizar seguimientos y mejorar la prevención.
Según el ministro de Justicia, antes las alertas estaban fragmentadas en denuncias entre distintas dependencias, fiscalías y juzgados, ocasionando una respuesta “no eficiente a la víctima”.
“Este mapa nos da alertas tempranas para dar una respuesta necesaria del Estado ante víctimas, aún aquellas que no realizan denuncia”, afirmó.
Durante el año pasado, las más de 13 mil denuncias redundaron en la implementación de 1.450 consignas policiales físicas, y la entrega de 5.843 botones/app anti pánico y unas 208 tobilleras duales. D’Alessandro esbozó una mirada crítica sobre la efectividad de estas medidas cuando se ejecutan de manera aislada, ya que no permite “resolver la cuestión de fondo”. “Una consigna lo que hace es cuidar una puerta, no cuida cuando se va al trabajo o se hacen las compras. Implementamos una app en los teléfonos para ir mejorando los botones antipánico, en estas cuestiones fuimos trabajando”, ilustró.
A su turno, Carolina Barone remarcó que las comunas 1, 4, 7 y 8 son las que reciben más alertas y se instrumentan la mayor cantidad de medidas de protección. “El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat está implementando desde hace 8 meses un plan de abordaje interdisciplinario directamente en el territorio para tomar denuncias y brindar asistencia inmediata”, informó la directora General de la Mujer.
La zona de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios encabezan con el 14,37% de las entregas de botones antipánico, mientras que en los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución se concentran las consignas policiales (19%) y el reparto de tobilleras duales (17%). Lo cierto es que las diferencias de porcentajes no son tan significativas entre las cuatro regiones más afectadas, que incluyen también a los barrios de Flores, Parque Chacabuco, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.
Entre quiene reciben botones antipánico, las franja etaria más representativa de mujeres denunciantes es la que va desde los 31 a 40 años (27,9%), seguida por la franja de 21 a 30 años (24,3 %) y 41 a 50 años (23,4%).
Durante la presentación, las funcionarias del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat mencionaron también las más de 66 mil llamadas a la línea 144, de atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, y las 3.200 consultas atendidas sobre esta problemática a través del “Boti”, el chatbot porteño.
En ese marco, Marisa Bricher recordó que, junto con la la violencia física o psicológica, se suma que la “falta de autonomía económica provoca que muchas mujeres no puedan cortar relaciones violentas”. “La dependencia económica con respecto a la pareja implica que soporten situaciones de humillación, de violencia física, económica, patrimonial, psicológica, entre otras”, agregó.
“Sabemos que este mapa no soluciona todo lo que necesitamos hoy para erradicar la violencia de genero, pero sí vamos por el camino correcto para tener acceso a la información y las víctimas no se revictimizen cuando acuden al Estado”, concluyó la secretaria para la Igualdad de Género.
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