El sindicalista de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Elías Martín Cabrera y otro activista gremial, Diego Abel Celestino Rossi, fueron detenidos este jueves por los bloqueos realizados en 2021 a la empresa Expreso del Oeste, en La Matanza, y durante los allanamientos dispuestos por la Justicia encontraron un arsenal en la casa del primer dirigente, en la localidad de San Miguel.
Ambos se sumaron a otros cinco representantes sindicales que están detenidos desde el 11 de mayo por este episodio, en los que están acusados de delitos como extorsión, asociación ilícita, lesiones leves, violación de morada ajena, impedimento de transporte por tierra, amenazas coactivas, extorsión, robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.
Como anticipó Infobae, fueron dos los bloqueos realizados por miembros de la UTA y en el primero de ellos fue agredido Esteban Falcigno, apoderado y uno de los dueños de la compañía, a quien en los videos de las cámaras de seguridad puede verse cómo una patota lo empuja, lo tira al piso y lo ataca. Luego incluso lo obligaron bajo amenazas a borrar de su celular la filmación del bloqueo que se había iniciado en la puerta de la empresa, ubicada en Villa Madero, partido de La Matanza, por reclamos poco claros (sólo dijeron que querían ser recibidos) y con un grado de violencia inusitada.
Las detenciones fueron decididas por el juez de Garantías de La Matanza Agustín Gossn, a partir de un pedido de la fiscal Analía Córdoba, quien investigó los episodios en Expreso del Oeste durante meses junto con la secretaria Andrea Seminara y con la colaboración del director del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, comisario Flavio Marino.
El juez Gossn les denegó la excarcelación a los cinco detenidos hace 20 días y la fiscal Córdoba analiza elevar la causa a juicio a fines de mes. Si bien entre los detenidos hay delegados sindicales, el caso de Elías Martín Cabrera aumenta la importancia de la investigación judicial porque pone el foco directamente en el Consejo Directivo de la UTA a nivel nacional, ya que figura como Vocal Titular 1°. El sindicato es liderado por Roberto Fernández, quien integra la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Unión General de Trabajadores del Transporte (UGATT) y lidera la UTA desde 2006, momento en que asumió en reemplazo de Juan Manuel Palacios, pero ya lo secundaba como secretario adjunto desde 1989.
Además de pedir las detenciones de Cabrera y Rossi, la fiscalía también le pidió al magistrado el allanamiento de sus domicilios y el secuestro de sus celulares, computadoras o tablets y un automóvil que estuvo ante la empresa durante los bloqueos.
Según la investigación de la fiscal Córdoba, a partir de la filmaciones de las cámaras de seguridad, Rossi fue uno de los activistas que empujó al empresario para agredirlo, mientras que Cabrera formó parte del grupo que bloqueó Expreso del Oeste y daba directivas desde un auto registrado a nombre de la UTA y que fue identificado en la puerta de su casa.
El 13 de mayo pasado, Cabrera habló con el periodismo durante una concentración de afiliados de la UTA que se movilizaron ante los tribunales de San Justo para pedir la liberación de los detenidos: “Están presos por defender sus derechos y los de sus compañeros”, dijo. Y agregó: “Vinimos a acompañar a los abogados para pedir la excarcelación de los detenidos porque es una causa armada; esta gente viene por todo, por el sindicalismo, por el movimiento obrero y por el derecho a huelga”.
Nuevos testimonios que se sumaron a la causa determinar que Sergio Raúl Gauna, uno de los detenidos el 11 de mayo, es Vocal Suplente 1° de la UTA y se desempeñó como delegado en Expreso del Oeste entre 2014 y 2018. Otros detenidos son el delegado Carlos Sánchez y los activistas Salvador Felipe Strazzeri, Rubén Alejandro Andrada y Antonio Adrián Bazán.
La causa se inició tras la denuncia de Falcigno, cuya abogada es Florencia Arietto, una experta en bloqueos sindicales: también representa a los dueños de Distribuidora Rey, de San Pedro, cuyo bloqueo terminó con la detención de dos dirigentes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, y al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), dirigido por Verónica Razzini.
En el requerimiento de la fiscal Córdoba se detalla que el 25 de febrero de 2021, entre las 12 y las 17.20, unas 30 personas que se movilizaban en autos particulares y en colectivos, “presumiblemente varios de ellos empleados o agremiados a la UTA”, bloquearon los dos accesos de Expreso del Oeste para impedir la libre circulación de los vehículos y exigieron que se permitiera la entrada al delegado Carlos Sánchez. Ante la negativa de Falcigno, un grupo entró a la oficina de manera violenta, empujó al empresario, lo tiró al piso y le ocasionó un traumatismo cervical y encefalocraneano secundario.
En el lugar también estaba un escribano contratado para acreditar el bloqueo, que fue intimidado por los manifestantes hasta el punto de que entraron a su auto para impedirle irse del lugar. En las filmaciones se ve este episodio e incluso cómo uno de los agresores se lleva unos anteojos de sol que estaban adentro del vehículo, se los pone y se retira del lugar.
Después de haber sido agredido, Falcigno, como puede verse en el video, fue amenazado para que borrara de su teléfono celular las imágenes que había registrado del bloqueo. “Borrá las fotos o te sacamos afuera y te matamos”, le dijeron.
Los agresores se fueron luego de sacarse una foto grupal con una bandera de la UTA y el empresario no hizo la denuncia policial por temor a las represalias. Pero no imaginó que meses después iba a sufrir un nuevo bloqueo: el 27 de agosto pasado, entre las 13.50 y las 19, un grupo de activistas de la UTA -muchos de los cuales eran los mismos de la anterior protesta- se instalaron ante la puerta de Expreso del Oeste para impedir el acceso y la salida de los vehículos, aunque en este caso varios concretaron la protesta a bordo de sus autos particulares. Según la fiscal Córdoba, se movilizaron “para cometer delitos contra las personas, la libertad, la propiedad y la seguridad de los medios del transporte y el orden público”.
El dueño de la empresa afirmó que el primer bloqueo le ocasionó un fuerte perjuicio económico: tuvo que devolver el importe de los pasajes, equivalente a un millón de pesos aproximadamente, y aportó a la Justicia la constatación correspondiente.
En el pedido de la fiscal se incluye el testimonio de directivos de tres empresas de transporte automotor cuyos ómnibus fueron utilizados en los bloqueos: “No hace más que demostrar cómo disponen de bienes que reciben subsidios del Estado, al menos en los hechos investigados en los presentes actuados, con fines ilícitos”, destacó Córdoba.
“Sé que esto no terminó -confesó Falcigno a Infobae tras las primeras detenciones-. Lo estoy arriesgando todo porque esta gente es muy poderosa. Pero prefiero perder todo antes que seguir bajo las órdenes de esta gente”.
Expreso del Oeste es una empresa familiar que trabaja desde hace más de 30 años y, según su sitio web, “conecta las provincias de Buenos aires, Santiago del Estero y Tucumán, pasando por ciudades como Rosario y Rafaela”.
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