Sobreseyeron a la interventora de la AFI en la causa por la filtración de datos de agentes de inteligencia

La jueza federal María Servini dictó el sobreseimiento de Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien había sido imputada en una investigación judicial iniciada en 2020, a raíz de la filtración de decenas de datos sensibles del sistema de espionaje estatal, entre ellos las identidades de espías y ex espías. En agosto de 2021 le había dictado una falta de mérito a la espera del resultado de varias declaraciones testimoniales de ex jefes de la agencia de Inteligencia.

En septiembre de 2020 ex integrantes de la AFI habían denunciado a Caamaño debido a la filtración de decenas de identidades de personas que trabajan o trabajaron como agentes a partir de que se hiciera público un documento judicial que se sumó a la causa por espionaje ilegal que tramitaba en el juzgado federal de Lomas de Zamora. En ese caso por espionaje fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes encabezaron la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los nombres de agentes y ex agentes de la AFI habían quedado expuestos luego de la difusión de un documento que se había agregado a la causa que por entonces se investigaba en Lomas de Zamora. Ese documento estuvo al alcance de las 80 partes que tienen acceso al expediente judicial sobre espionaje ilegal. El documento en cuestión era un escaneo de las páginas del libro de protocolos de resoluciones de la AFI donde se volcaron todas las decisiones administrativas tomadas entre diciembre de 2015 y enero de 2019.

La difusión de aquel libro hizo que quedaran al descubierto identidades de personas que habían trabajado como espías en otros países y de algunos que lo habían hecho aquí pero se lo habían ocultado a sus familiares. En varios medios se publicaron las actas sin testar e inclusive en un sitio web -Realpolitk- se publicó el documento completo. Eso provocó que la nómina de agentes y ex agentes fuera accesible para cualquiera.

La circulación de aquel documento dejó al descubierto las identidades de agentes y ex agentes que pertenecen a diferentes administraciones. A partir de la información volcada en el documento fueron revelados los nombres de los agentes que ingresaron a la AFI durante el gobierno macrista y también los de aquellos que abandonaron la central de espías y habían ingresado durante el kirchnerismo. También se revelaron los nombres de aquellos que formalizaron trámites de jubilación y habían ingresado a la ex SIDE en gestiones previas. Y además las identidades de quienes estuvieron destacados como delegados de la AFI en el exterior.

Aquella denuncia que derivó en la causa en la que Servini dictó hoy el sobreseimiento de Caamaño se había realizado luego de que Infobae revelara que habían quedado expuestas las identidades de agentes y ex agentes de la AFI a partir de la difusión del documento. Los ex agentes que denunciaron el caso originalmente habían señalado a Caamaño como la responsable de la filtración. Son 23 las personas que se presentaron en el expediente como damnificadas

Como respuesta a la primera denuncia, la interventora de la AFI había hecho otra denuncia por el mismo hecho en el que no cargó culpas sobre nadie. Caamaño había pedido que se investigara la situación que se produjo una vez que el documento llegó a la fiscalía de Lomas de Zamora y fue puesto a disposición de las partes el expediente en el sistema informático judicial. Caamaño había dicho en su denuncia que cuando envió el material sensible a la fiscalía de Lomas de Zamora lo hizo acompañado de un oficio por el cual pedía que se tuviera en cuenta la calidad de secreto de su contenido. Los fiscales del caso de Lomas de Zamora donde se investigaba – luego el caso pasó a Comodoro Py- a la dirección de la AFI durante el macrismo por espionaje ilegal son Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. El juez del caso era por entonces Juan Pablo Augé. Los tres estaban investigados y fueron sobreseidos en la misma resolución que desvinculó a Caamaño. Servini también sobreseyó a Santiago Autel, quien publicó la lista completa en el sitio Realpolik.

Los sobreseimientos se dictaron luego de que declararan varios jefes y subjefes de lo que fue la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que luego se transformó en la AFI. Fueron interrogados Juan Bautista Yofre , Darío Richarte, Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher, Oscar José Isidro Parrilli y Juan Martín Mena. Antes de los citados había declarado Miguel Ángel Toma, quien encabezó la SIDE en el efímero gobierno de Eduardo Duhalde y había dicho que la filtración era “grave”.

En la resolución, a la que accedió Infobae, la jueza se refirió a las declaraciones de los ex jefes de inteligencia de varios gobiernos que declararon luego de Toma y señaló: “De esos testimonios puede apreciarse que no todos pudieron afirmar o descartar, según fuera el caso, si la revelación de datos aquí investigada efectivamente podía afectar la seguridad, medios de defensa y/o relaciones exteriores de la Nación. Tan fue así que, en sus respuestas, la mayoría, habló con los recaudos del caso y respondió desde sus experiencias personales en los respectivos cargos”.

La jueza agregó: “Así, mucho se ahondó respecto de la filtración de los nombres del personal de la Agencia Federal de Inteligencia. Todos los damnificados que se presentaron refirieron cómo les repercutió tanto en el ámbito familiar, como en el laboral, aquella situación. No obstante, queda claro que la revelación por sí sola de sus nombres – se desconoce si efectivamente eran los nombres reales o en algún caso se trataba del alias otorgado por el organismo de inteligencia - no afecta la seguridad, medios de defensa, ni las relaciones exteriores de la Nación. Tal circunstancia no es óbice para afirmar que, eventualmente, sí podría lesionar la seguridad personal de cada uno de ellos, lo que en caso de estimarlo pertinente los damnificados deberían realizar sus reclamos en el fuero correspondiente”.

Para respaldar su afirmación, Servini citó lo que dijeron los ex jefes de inteligencia: “A modo de ejemplo, Juan Martín Mena recalcó que por sí solo el conocimiento de un nombre no afectaría los intereses estratégicos de la Nación, aunque remarcó que no era “lo aconsejable”; que lo que se trataba de proteger eran las operaciones secretas de inteligencia que hacía el Estado argentino pero la publicación de un nombre no tendría la magnitud suficiente como para afectar la seguridad nacional ni los intereses del país. De igual manera se expresaron Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, a pesar que el primero reconoció que siempre había que tratar de resguardar y preservar las identidades, pero no veía una afectación a la seguridad nacional si no se develaban las actividades que estaba desarrollando esa persona. Darío Richarte mencionó que ese hecho podría poner en peligro la integridad física de las personas, pero remarcó que no tenían el mismo trabajo dentro del organismo, por eso dependía de cada caso en particular. Por su parte, Juan Bautista Yofre y Miguel Ángel Toma, expresaron que la revelación podría afectar la seguridad de los agentes”.

“Entonces- concluyó Servini- la revelación de los nombres de las personas que se desempeñan/ban en la Agencia Federal de Inteligencia, por sí sola no afecta la seguridad nacional, siempre y cuando no pueda realizarse una vinculación con la actividad que cada uno de ellos desarrollaba”.

Y habló de los agentes cuyos nombres aparecieron en el listado y denunciaron la filtración: “Sin perjuicio de lo explicado, no puedo dejar de lado el posible perjuicio a nivel personal o sentimiento de abandono que pudieron haber percibido quienes dedicaron toda una vida a un organismo tan sensible, que llegado el momento no protegió sus datos personales de la manera que ellos esperaban. Esa cuestión sí pude observar a lo largo de las declaraciones testimoniales de quienes se presentaron como damnificados y la angustia personal que esta situación le causó a cada uno de ellos, pero reitero, eso, en este caso, no es penalmente reprochable”.

Salvo que el fiscal Eduardo Taiano apele la decisión de Servini, la investigación quedará cerrada. Caamaño se enteró de la decisión días después de volver de Berlín, Alemania donde -según fuentes de la AFI- tuvo reuniones con las autoridades del servicio de Inteligencia Bundesnachrichtendienst conocido como BND.

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