Movimientos sociales aliados al Gobierno intensificaron sus reclamos y crece la preocupación de Alberto Fernández

El fenómeno social que esto días se observó en las calles porteñas y en las principales ciudades del país es mucho más potente de lo que se quiere significar. Las avenidas desbordadas de manifestantes y tránsito desmadrado conllevan una lectura política mucho más profunda que el malestar de transeúntes y conductores de vehículos: por primera vez desde el 10 de diciembre de 2019, día en que Alberto Fernández tomó los atributos de mando, la ciudad de Buenos Aires fue copada no solo por piqueteros que solicitan trabajo, planes sociales y comida, sino que también lo hicieron con reclamos igual de potentes movimientos sociales que integran el Frente de Todos e integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Esteban “Gringo” Castro, su secretario general, encabezó el ruidoso y colorido reclamo de varias demandas que coincidieron el mismo día que los piqueteros marcharon a la ANSES. Fue la primera concentración después de la Marcha Federal que terminó en Plaza de Mayo con unas 150 mil personas que reclamaban trabajo, comida y la apertura de los planes sociales.

Castro no es un dirigente social más. De bajo perfil, pero con gran ascendente, proviene del Movimiento Evita liderado por los funcionarios nacionales Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro”.

La figura de Castro tomó alcance nacional después de las elecciones PASO de octubre pasado. La lista del Frente de Todos había sido vapuleada por la oposición. Organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie -encabezado por Daniel Menéndez, otro funcionario- salieron a buscar votos en el conurbano bonaerense llevando la propuesta del gobierno de Alberto Fernández en los barrios más vulnerables.

En ese marco, Castro, que suele mantenerse al margen de las manifestaciones políticas, invitó al Jefe de Estado a tomar contacto directo con los vecinos de Luján “para escuchar de primera mano los reclamos de la gente”. Fernández aceptó. De buen talante y bolígrafo en mano, se sentó en el patio de “La Casita de Luján” de Castro. En esa vivienda humilde funciona una de las sedes del “Movimiento Misioneros de Francisco”, una organización que integra Castro y que fue fundada por Emilio Pérsico con la venia del Papa Francisco.

Alberto Fernández no solo anotaba en una libreta los reclamos de trabajo, inseguridad y el flagelo de las drogas y los punteros narcos. Posó sonriente con el dueño de casa y la bandera amarilla, uno de los colores vaticanos ilustrada con una cruz negra, y el nombre de la organización cristiana integrada por laicos.

Es el mismo “Gringo” Castro que el jueves, megáfono en mano, reclamó frente al Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de la Pesca Artesanal y terminales pesqueras para pequeños productores.

La protesta fue la más pintoresca de todas. El perímetro del palacio legislativo se vio rodeado de canoas, lanchas y la venta de pescados de río y mar. Algo inédito. Lo llamaron el “canoazo y pescadazo”. Intentaban llamar la atención a los legisladores sobre el proyecto de ley en favor de la pesca artesanal para mejorar las condiciones de trabajo y visibilizar a un sector de la economía popular productor de alimentos que “históricamente fue explotado y criminalizado”.

Pero no fue todo. Castro, con voz potente, le dijo a los presentes en un claro mensaje a la Casa Rosada: “Venimos reclamando un ministerio, ministerio de la economía popular, para que tenga todo este saber adentro del ministerio, para que no haya distintos ministerios a los que tengamos que ir a tocar las puertas y sea un desgaste. Un ministerio que abarque toda la problemática de la economía popular”, arengó y recordó: “Hay un segundo punto, que es el salario básico universal, que también está dentro del proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo”.

Esos tres proyectos también son impulsados por Pérsico y Menéndez, pero no lo hacen protestando en las calles, como fue durante el gobierno de Mauricio Macri, sino en privado o en marchas, como la del 1 de Mayo, que se organizó en apoyo al golpeado gobierno de Fernández y en momentos en que desde el kirchnerismo se pide la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Esa movilización también fue impulsada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois, el abogado y dirigente social cercano a Cristina Kirchner.

Ese mismo jueves, Grabois participó en San Miguel de Tucumán, junto al ministro del Interior, Wado De Pedro, del ciclo de Asambleas para el Desarrollo Integral de una Argentina Humana y Federal, un encuentro con sindicatos, movimientos sociales, universidades y distintas organizaciones de la sociedad civil para intercambiar opiniones y propuestas sobre los problemas urgentes y estructurales del pueblo argentino.

Los dos dirigentes trabajan en propuestas de “planificación quinquenal para el desarrollo integral y federal de Argentina, con una perspectiva humanista que combine las necesidades de logística multimodal, infraestructura productiva y potencial exportador con la agenda de Tierra, Techo, Trabajo y cuidado del ambiente”.

De Pedro es uno de los ministros kirchneristas dentro del gabinete de Fernández y el candidato impulsado por Grabois para disputarle a Alberto Fernández la candidatura presidencial en una hipotética PASO dentro del Frente de Todos.

“En una PASO entre Alberto y Cristina voto por Cristina, pero mi candidato a 2023 es Wado De Pedro”, le dijo Grabois a Infobae.

Desde el escenario del “pescadazo y canoazo” también estuvieron presentes otras voces de movimientos que conforman la UTEP y el FdT: Norma Morales, de la Corriente Clasista y Combativa, Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, Lito Borello del Movimiento Los Pibes.

Contra la inflación y la crisis

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), una organización popular tan numerosa como el Movimiento Evita, y que forma parte de la UTEP, también salió a la calle el martes a expresar su descontento con las políticas del Frente de Todos. La CCC es conducida por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, un integrante de la bancada del FdT en la Cámara naja.

La movilización de la CCC que confluyó con la Jornada Nacional de lucha en coincidencia con el paro de los estatales y la CTA-A se realizó en varias provincia para exigir “que la inflación y la crisis no la siga pagando el pueblo, y que la paguen aquellos que se beneficiaron con el gobierno de Macri”.

En este caso, como el de los piqueteros o de la UTEP, los funcionarios y la oposición pusieron la atención en el “caos vehicular”, pero no al hecho de que era impulsada por un aliado del Frente de Todos. La CCC también impulsa la ley de la tres T, el salario básico universal y el ministerio de la Economía Popular.

Suplemento salarial para todos

La Unidad Piquetera, integrada en su mayoría por organizaciones y partidos de izquierda, entre ellos el Polo Obrero, coparon las calles y avenidas el jueves. Fue la primera concentración después de la “Marcha Federal” que reunió a unas 150.000 personas en Plaza de Mayo. Esta vez marcharon hacia la ANSES para reclamar que “millones de personas” que no accedieron al bono de 18.000 pesos sean inscriptos y aceptados como beneficiarios.

A través de la masiva concentración también se denunció: “El gobierno ajustado de Fernández, por el acuerdo con el FMI, recorta los alimentos a los comedores populares en un cincuenta por ciento. El gobierno no puede ignorar esta realidad, sin embargo, no hemos escuchado ninguna propuesta o convocatoria de reunión después de la masiva Marcha Popular que movilizó a más de 300 mil personas en todo el país”, recordó Belliboni quien impulsa una “paro nacional” y por eso solicitarán una reunión con la CGT y las CTA

“Fue una marcha política porque se produjo al mismo tiempo de que pagamos un bono para más de 13 millones de personas y ampliamos la asistencia alimentaria”, sostuvo ayer el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, en relación con el pedido de la Unidad Piquetera, en declaraciones a Nacional Rock y abundó: “Sabemos lo que está pasando en el territorio, porque lo recorremos permanentemente, y vemos que hay problemas por eso tomamos medidas concretas como aumentar 50 por ciento la Prestación Alimentar o duplicar los fondos para el Sistema Alimentario Escolar en la provincia de Buenos Aires, para mejorar la calidad y variedad de lo que ofrecen los comedores escolares”.

Contra el aumento de precios

El mismo jueves, frente al ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, Barrios de Pie, la organización liderada por Sílvia Saravia -que también integra la Unidad Piquetera- expresaron su descontento por los aumentos de precios de los productos de la canasta básica de alimentos. “Hasta subieron los alimentos del Programa Precios Cuidados”, destacaron.

“Más de la mitad de los alimentos de la canasta básica son monopolizados por un puñado de empresas que durante los últimos años se han beneficiado aumentando sus ganancias, a costa de nuestra pobreza”, le dijo a este medio Saravia, que megáfono en mano lidero la protesta.

“La Secretaría de Comercio brilla totalmente por su ausencia. Sigue anunciando medidas como ‘Precios Cuidado’” que son insuficientes y que tampoco se efectivizan. La inflación no baja de los seis puntos y nuestra situación como trabajadores y trabajadoras precarizados/as se sigue agravando” y destacó lo que se observa en las góndolas: “Los alimentos continúan con el alza de precios descomunal, mientras que escasean productos básicos a la espera usurera de exportar para aumentar sus ganancias todavía más”, le dijo la dirigente social a este medio.

Como se ve, la semana estuvo cruzada por una catarata de movilizaciones, todas numerosas, pero ya no solo protagonizadas por los demonizados piqueteros, sino por los espacios sociales propio y eso comienza a preocupar al gobierno de Alberto Fernández que sigue enredado en una disputa interna con el kirchnerismo, encabezado por la Vicepresidenta y su hijo, el diputado nacional y ex jefe de la bancada del FdT en la Cámara baja, Máximo Kirchner.

Un Jefe de Estado que acordó pagar tres millones de pesos para que él y la primera dama, Fabiola Yañez, no sean condenados en el expediente judicial que investigaba la “Fiesta de Olivos”, durante el aislamiento, social y preventivo y que violó el mismo decreto Fernández firmó. Sobre eso también protestaron los dirigentes sociales propios y ajenos. Una acuerdo judicial que parece más condenado que la propia fiesta de cumpleaños de Yañez que se intentó negar hasta que las evidencias se impusieron.