La Matanza quiere demandar a CABA por una antigua “deportación de pobres” que habría generado una deuda de $100 mil millones

“Las distintas dictaduras arrasaban villas miserias en Capital Federal, subían a la gente en camiones y las traían a tierras fiscales de la Nación que estaban en La Matanza. Así crearon más de 10 barrios carenciados sobre aproximadamente 400 hectáreas cuya titularidad pasó a la Ciudad de Buenos Aires”. Ese es el corazón de la denuncia que Fernando Espinoza, el alcalde local, presentará en dos semanas ante la Justicia para demandar por unos 100.000 millones de pesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de “tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano”.

La disputa no es solo económica, sino también política. Espinoza es uno de los “Barones” del conurbano, ex presidente del PJ bonaerense y actual titular de la poderosa Federación Argentina de Municipios (FAM). En tanto, CABA está gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, el sucesor en el cargo de Mauricio Macri, y uno de los potenciales precandidatos a presidente en las elecciones 2023 por la oposición.

Espinoza es uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires que, junto al gobernador Axel Kicillof y otra veintena de mandatarios provinciales del PJ, reclaman por los fondos que le dieron a la administración porteña a partir de del traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, durante la presidencia de Macri: aseguran que el monto debía ser de $11.000 millones por esa operación, pero el Gobierno de CABA valuó esa maniobra en más de $18.000 millones, según la demanda que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la apertura de Sesiones Ordinarias en el Consejo Deliberante matancero, Espinoza había anunciado que accionaría contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de las que aplaudió la iniciativa fue Verónica Magario, su antecesora y actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

En esa oportunidad, el jefe comunal destacó, como lo hace en cada oportunidad que se le presenta, que entre una jurisdicción y otra “hay 2.000% de diferencia de presupuesto. Es como comparar a una persona que gana $50.000 por mes con una que gana $1.000.000”.

“Arrasaron villas de Capital Federal”

La Matanza, considerada como “la quinta provincia” por la cantidad de habitantes (más de dos millones), limita con CABA y los barrios populares linderos son una extensión geográfica de una jurisdicción unidas por un puentes o continuidad de calles y avenidas. Esa cercanía, y los terrenos fiscales del gobierno nacional en La Matanza fue argumento suficiente para el argumento de Espinoza, quien habla de que con la deportación de pobres desde el distrito porteño, “crearon más de 10 barrios carenciados sobre aproximadamente 400 hectáreas cuya titularidad pasó a la Ciudad de Buenos Aires”, según el escrito judicial que se presentará en los estrados judiciales y al que accedió Infobae.

“Nunca hicieron siquiera una sala de primeros auxilios en las cercanías de esos asentamientos que el Estado porteño armaba”, se sostiene. Los funcionarios de La Matanza afirman que “de esto pueden dar fe los denominados ‘curas villeros’ de CABA, que fueron testigos a lo largo de los años’.

Allegados a monseñor Gustavo Carrara, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires, dan fe de esta situación, aunque sobre el terremoto legal que se avecina prefieren no opinar: “Lo que sucedió fue casi una deportación, un acto discriminatorio sigue sucediendo hoy en día”, dicen los curas villeros que a diario recorren los barrios carenciados de La Matanza.

Según la cúpula política del populoso distrito bonaerense consultado por este medio, “hace más de un año hubo una reunión entre el gobierno nacional, representado por Gustavo Beliz (Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación), autoridades eclesiásticas, el gobierno de CABA y La Matanza por este tema, pero no se llegó a ningún acuerdo”.

En esos encuentros, los representantes de CABA, habrían argumentado que el conflicto debe dirimirse con “el gobierno nacional”, es decir con Alberto Fernández, porque en aquel momento Buenos Aires no era una ciudad autónoma.

La Matanza, en cambio, esgrime la cuestión de la continuidad jurídica: son terrenos que la dictadura le cedió a Buenos Aires y por lo tanto es el distrito local el que debe pagar.

Sobre el tema, esta mañana Rodríguez Larreta aseguró: “Es una locura, no tengo los detalles, pero nos podían haber llamado para hablar. No sé de qué se trata, sabía que había algunos terrenos en Villa Celina y que había complejos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, pero hace 50 años. La verdad, hacer resurgir esto ahora… Lo veremos”, dijo y reconoció: “Hubo complejos y terrenos del Instituto de Vivienda de la Ciudad, cuando la CABA no tenía autonomía. Luego cambió el estatus de la Ciudad”.

Según pudo establecer Infobae, la primera reunión se realizó en la Casa Rosada, y entre los curas villeros presentes estaba el Padre Nicolás “Tano” Angelotti, quien en el último tiempo recorrió obras de urbanización en algunos barrios postergados del municipio con el diputado nacional Máximo Kirchner; y el Padre José María “Pepe” Di Paola. Al menos tres fuentes confirman la presencia de delegados de CABA en la reunión.

La posición de la Ciudad de Buenos Aires

En diálogo con este medio, desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad, confirmaron que fueron representantes de esa dependencia quienes se sentaron a dialogar con los emisarios de la Casa Rosada, la iglesia y La Matanza, pero se sorprendieron ante la decisión de Espinoza por intentar judicializar el tema porque “se estaba acordando la transferencia de esos terrenos a PBA”.

Desde el IVC, le dijeron a este medio que “CABA tiene tierras en La Matanza, en Ciudad Evita y Villa Celina, donde se relocalizó a familias de barrios populares de CABA en la época de la dictadura”, y reconocen que “el intendente Espinoza está pidiendo un resarcimiento por esa relocalización”. Por ese conflicto, se llevaron adelante varias acciones. En primer lugar, siempre según la versión porteña: “La provincia de Buenos Aires, a través de Gustavo Beliz y monseñor Carrara, le pidieron a la Ciudad el traspaso de una parte de las tierras de Ciudad Evita para realizar proyectos urbanización financiados por el Banco Mundial” Por ese motivo, aseguran desde el IVC, “se firmó un convenio en agosto de 2021 entre el intendente Espinoza, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad”. El acuerdo “establece que CABA traspasa sin cargo esta fracción de tierras en Ciudad Evita y el municipio condona la deuda por las tasas municipales de las parcelas en cuestión”.

El convenio, según pudo saber Infobae, aún no fue ratificado ni por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni por el Concejo Deliberante de La Matanza.

Por las restantes tierras en Ciudad Evita y por las de Villa Celina, afirman los funcionarios del IVC: “Se está llevando a cabo una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación , a través del Registro Nacional de Barrios Populares, para también avanzar en los traspasos para realizar otros proyectos de urbanización”. Sobre este punto, “CABA nuevamente estaría dispuesto a traspasar las tierras sin cargo en tanto se condonen las tasas municipales”.

Desde el equipo jurídico de La Matanza, sostienen que la versión del Instituto de Vivienda de la Ciudad es correcto y agregan: “Se supone que esa era una alternativa de solución, pero con ellos nunca se pudo avanzar en el diálogo”. Ellos cortaron el diálogo desde hace meses. No hubo acuerdo y el Municipio reclama la deuda que CABA se niega a resolver”.

Según los abogados de la comuna bonaerense, “CABA quiere traspasar tierras que nunca fueron propias por que el gobierno de la dictadura militar cedió esas parcelas a lo que hoy es el IVC no la la intendencia de entonces” y remarcan que “La Matanza no va a aceptar ningún acuerdo si antes no se abona lo adeudado. Un municipio pobre como este no puede ni debe estar subsidiando a uno rico como CABA. Ellos tienen un presupuesto de más de 900 mil millones de pesos y nosotros de treinta mil millones. Ciudad es evasor y pretendemos cobrarle como a cualquier deudor, más siendo un distrito rico”.

Los funcionarios allegados a Espinoza señalan que “el traspaso de pobres de CABA a La Matanza no fue solo en la época de la dictadura, hicieron lo mismo durante la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal”. Y precisan que en esos cuatro años de gobierno, “asentaron a miles de personas en barrios populares creados de un día para el otro y que son el 1001 y Puente 13.″ Para finalizar, afirman que en la mesas de trabajo que mencionan los funcionarios del IVC, “el Municipio no fue convocado nunca”.

Las autopistas de Cacciatore

Como sostiene y reconoce el alcalde porteño, el conflicto, que la gestión de Espinoza amenaza con abordar judicialmente, se remonta a casi 50 años atrás. El país era gobernado por la sangrienta dictadura que tomó el poder el 24 de marzo de 1976, después de derrocar al debilitado gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón.

La junta militar de entonces, integrada por los genocidas Jorge Rafael Videla (Ejército), Orlando Agosti (Fuerza Aérea) y Emilio Massera (Armada), designó como intendente porteño al brigadier general retirado Osvaldo Andrés Cacciatore.

Él ordenó el diseño de ocho autopistas, pero concretó dos, la 25 de Mayo y la Perito Moreno. También los desalojos masivos de los vecinos que vivían sobre la traza de las autopista y el traslado compulsivo de esas familias al municipio lindante.

Según se había prometido, en las parcelas cedidas por el gobierno de facto a la Ciudad de Buenos Aires en La Matanza se instalarían los llamados “Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT)”, hasta construir las viviendas definitivas. Eso nunca ocurrió.

En el escrito que se presentará en la justicia, y que es probable que llegue hasta la Corte Suprema, se menciona un hecho particular: la entonces denominada “villa miseria San Petesburgo” ubicada en la Ciudad de San Justo que “está cumpliendo casi cinco décadas desde su instalación como ‘patio trasero’ de la ciudad que siempre miró a Europa. A nadie se le ocurriría, al recorrerlo, que es un pedazo de CABA, pero lo es de origen y por propósito. Allí fueron trasladados quienes vivían en la ciudad de forma precaria. Y les dieron más precariedad todavía, utilizando para ello terrenos de su propiedad que manejaba a través de la Comisión de la Vivienda”.

El texto afirma: “Esa propiedad, que fue usufructuada para llevar con promesas incumplidas de un futuro mejor a vecinas y vecinos pobres, generaba lógicas obligaciones, como, por ejemplo, pagar los impuestos municipales. Pero nunca se hizo”.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que depende del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Juan Zabaleta, en San Petesburgo viven en la actualidad 420 familias, más de dos mil personas.

Curas villeros como el Padre “Tano”, amenazado de muerte por los punteros narcos que intenta combatir, recuerda que, en esas barriadas humildes, formadas hace casi medio siglo, “nunca hicieron siquiera una sala de primeros auxilios en las cercanías de esos asentamientos” que se habían armado desde la intendencia de Cacciatore.

“La larga historia de privilegios de CABA incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva ‘deportación’ de pobres”, insisten desde la intendencia a cargo de Espinoza.

Este medio consultó también a las más altas autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero por ahora, más allá de lo que dijo Rodríguez Larreta, prefieren no opinar hasta que se materialice la denuncia ante la justicia.

En el borrador de ese escrito se estima: ”Por un lado, las acreencias exigibles que La Matanza tiene con la Ciudad por tasas municipales no pagadas superan los 20 mil millones de pesos”. Y a renglón seguido agrega: “Pero, por el otro, cálculos conservadores de expertos ambientalistas y urbanistas, en concurso con sociólogos, psicólogos sociales y analistas del comportamiento del individuo regido por sus circunstancias, establecen en al menos 100 mil millones de pesos el daño que el comportamiento del Estado porteño provocó, y sigue provocando, en territorio matancero”.

Los especialistas que elaboraron el largo texto desarrollan: “Por ser transitorios, esos lugares se convirtieron en factores de contaminación en el amplio sentido del término”. Y destacan que: “En nombre de esa supuesta transitoriedad, se violaron normas socio ambientales comprobadas en todo el mundo, provocando hacinamiento y su inevitable generación de conductas masivas anómicas, la aparición de ‘normas’ alejadas de los comportamientos empáticos entre quienes son de un lugar, más allá de las diferencias, y se creara en esos lugares un clima similar al de los campamentos de refugiados, todo en nombre de correr ‘hacia adentro’ a esos vecinos que ‘arruinaban’ la imagen europea con la que se auto percibía desde siempre CABA”.

Así esta planteado el conflicto. Ahora hay que esperar que se formalice la denuncia y su devenir. Desde el gobierno porteño no se descartaba retomar los contactos con las autoridades matanceras para intentar solucionar el problema antes de que se judicialice y evitar así otro frente de conflicto en medio de una campaña preelectoral que se adelantó, en parte, por la fuerte interna en el Frente de Todos.

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